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València y Barcelona contra los CIE: Ribó y Colau remiten una carta a Marlaska para exigir su cierre

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de València, Joan Ribó.

Si hay dos ciudades que han hecho suyas las reivindicaciones de diferentes colectivos sociales en cuanto al cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) esas son Barcelona y València.

Tanto es así, que los responsables municipales de ambas capitales, Ada Colau (Barcelona en Comú) y Joan Ribó (Compromís), han remitido una carta firmada de forma conjunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que exigen el cierre de estas "cárceles para personas que no han cometido ningún delito", tal y como las definen.

En la misiva explican que cuando el Gobierno ordenó liberar a los internos de los CIE el pasado 6 de mayo como consecuencia de la crisis de la COVID-19, al no poder practicarse expulsiones, entendieron que respondía a los "anhelos del Gobierno progresista de acabar con estas cárceles para personas que no han cometido ningún delito".

Colau y Ribó recuerdan que "en los últimos años se acumulann ya distintas denuncias por la opacidad de estos centros, así como por las vulneraciones de derechos humanos que se cometen en su interior".

Ambos añaden que "sin ir más lejos, el Defensor del Pueblo en su último informe emitido en 2019 señalaba deficiencias en los CIE del Estado y denunciaba el internamiento de menores de edad vulnerando los principios de interés superior del menor" por lo que "son muchas las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que piden el cierre de estos centros y su sustitución por otras medidas alternativas".

La alcaldesa de Barcelona y el alcalde de València afirman que sus respectivos ayuntamientos "no han sido ajenos a esta reivindicación social y en noviembre de 2015 aprobaron sendas Declaraciones Institucionales recogiendo posicionamientos muy mayoritarios por el cierre de los CIE".

Además, denuncian que "la existencia de un sistema judicial para la comisión de delitos convierte la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito en una práctica anacrónica y vulneradora de derechos humanos".

Colau y Ribó lamentan que en su momento ya trasladaron la exigencia del cierre de los CIE al Gobierno del PP y no solo se negó, sino que obstaculizó "de forma activa las labores de inspección y control de estos centros (...), llegando a prohibir la entrada de bomberos para comprobar el estado de las instalaciones".

Por todo ello, las primeras autoridades municipales de ambas ciudades solicitan a Marlaska que no se reabran los CIE, así como "su cierre definitivo".

"Ninguna persona es ilegak, ser migrante no es delito. En cambio, privar de libertad sin haber cometido ningún delito sí puede constituir una grave vulneración de los derechos humanos", advierten.

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Publicado el
23 de junio de 2020 - 14:48 h

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