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El juez anula los 33.000 euros en multas de València a la empresa de patinetes, que no podrá funcionar sin permiso

Un policía local requisa uno de los patinetes de Lime

Carlos Navarro Castelló

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La sentencia avanzada por eldiario.es que ha dado la razón a la multinacional de alquiler compartido de patinetes Lime en el litigio que mantuvo con el Ayuntamiento de València a partir de agosto de 2018, cuando desplegó 400 patinetes por las calles de la ciudad, ha dejado sin efecto los 44 expdientes sancionadores que abrió el Consistorio a razón de 750 euros cada uno.

La compañía queda así liberada de pagar 33.000 euros al menos a la espera de que el Consistorio, tal y como ha anunciado, presente su correspondiente recurso.

En el fallo, el juez estima el recurso de Lime puesto que la ordenanza de Ocupación de Dominio Público, en cuyo articulado se sustentan las denuncias, no regula de forma explícita el uso de la vía pública por parte de los patinetes.

En concreto, las sanciones están sustentadas en el artículo 294.4 a) que considera infracción muy grave “cualquier ocupación del dominio público o espacios privados de uso público objeto de la presente ordenanza, sin disponer del correspondiente título habilitante, cuando no haya sido solicitado o cuando haya sido expresamente denegado”.

Sin embargo, según establece el juez en la sentencia “como en cualquier sistema sancionador, administrativo o penal, la norma que define una infracción no puede ser interpretada de manera extensiva en perjuicio del posible infractor”.

Por lo tanto, “la infracción del artículo 294.4.a) tan solo puede ser cometida cuando se realiza sin título habilitando alguna de las actividades para la cuales la ordenanza prevé y regula un título habilitante; en este caso, como ya se ha indicado, la actividad no estaba regulada, no había normativa para poder obtener un título habilitante para esta actividad y, en consecuencia, no se podía cometer la infracció en cuestión”.

Consultada la compañía Lime sobre la sentencia y sus planes de futuro en València, han declinado hacer cualquier tipo de declaración.

Con todo, la multinacional no podrá volver a sacar sus patinetes de alquiler compartido a las calles de València sin un permiso municipal, ya que la ordenanza de Movilidad recientemente aprobada sí que hace mención expresa a este tipo de servicio.

En concreto, el artículo 50.1 establece que “el aprovechamiento especial del dominio público municipal que supone el arrendamiento de bicicletas y VMP (vehículos de movilidad personal) sin persona conductora y sin base fija estará sometido a la previa obtención de la correspondiente autorización demanial, bien concedida directamente bien previa licitación pública, en la que se especificará las condiciones de uso del espacio público y del estacionamiento de estos vehículos, así como a la regulación en la ordenanza fiscal correspondiente”.

Origen del conflicto

Lime inició su andadura en València a finales de agosto, cuando desplegó sin autorización unos 400 patinetes por la ciudad.

Tras un debate en el seno del Consistorio, se dio un plazo de 24 a la empresa para retirarlos por desarrollorar una actividad económica en la vía pública sin autorización, ya que los patinetes quedaban aparcados en diferentes puntos hasta que un usuario los utilizaba.

Tras hacer caso omiso al Ayuntamiento, la Policía Local decomisó 50 el pasado 5 de septiembre. La empresa decidió entonces suspender el servicio e hizo público un comunicado en el que pedía diálogo al Ayuntamiento y ofrecía colaboración para desarrollar su actividad conforme a las ordenanzas.

Sin embargo, tras dos días sin servicio, el 8 de septiembre volvió a sacarlos a las calles, lo que obligó a los agentes a retirar otros 33. En ese momento, dejaron de prestar servicio a la espera de una regulación legal clara.

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