Economía espera un segundo informe para decidir antes del 16 de julio si mantiene el plan del nuevo estadio del Valencia CF

El Gobierno valenciano deberá pronunciarse dentro de un mes sobre la petición formal que realizó el Valencia CF de prorrogar la Actuación Territorial Estratégica (ATE), el plan urbanístico diseñado para trasladar el Mestalla a cambio de una ventajosa recalificación urbanística de los terrenos de la avenida de Aragón.

El pasado 16 de abril, el club solicitó una prórroga sin aportar garantía alguna en cuanto a la financiación de la operación y fiando los nuevos plazos propuestos a que remita la pandemia y se recupere la economía, con el fin de que las parcelas de la avenida de Aragón se puedan vender a un precio suficiente (unos 120 millones) que permita acometer todo el proyecto.

En el documento que firma el presidente, Anil Murthy, la entidad se compromete a buscar la financiación necesaria para iniciar la construcción del polideportivo de Benicalap en 2022 y finalizarlo en diciembre de 2023, así como retomar las obras del nuevo estadio a mediados de 2024 para culminarlo a mediados de 2026.

Según fuentes consultadas por elDiario.es, una vez presentada esta petición formal de prórroga, cuya posibilidad contempla la ATE, la administración tiene un plazo legal de respuesta al club de hasta tres meses.

El Valencia CF dirigió la solicitud a la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent (Compromís), por lo que desde este departamento se solicitaron tres informes sobre los que basarse para dar una respuesta: uno al Ayuntamiento de València, el cual presentó la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, y que desaconsejaba la prórroga, salvo que el club ofreciera garantías económicas, y dos más de la Conselleria de Política Territorial que gestiona Arcadi España (PSPV); uno sobre las penalidades que cabría imponerle al Valencia CF por incumplir los plazos y otro sobre la propia petición de prórroga.

El informe sobre las posibles sanciones se hizo público este lunes y propone a Economía una multa de 2,3 millones por el incumplimiento de la primera fase de la ATE que debía estar ejecutada en 2018, principalmente por no posibilitar la construcción del hotel de Expo Grupo en el solar del antiguo edificio municipal. Además, concluye el informe que la Conselleria podría reclamar al Valencia CF una indemnización por daños y perjudicios.

De esta forma, faltará el último de los informes que Economía le requirió a Política Territorial el pasado mes de abril para tomar una decisión al respecto que, a buen seguro, pasará por aplicar la sanción de los 2,3 millones de euros y mantener la ATE vigente, tal y como avanzó elDiario.es, a la espera de que el club, bien dé muestras de que tiene verdadera voluntad de retomar los diferentes proyectos, o bien se sigan cumpliendo plazos, lo que daría al Gobierno valenciano más argumentos jurídicos para justificar la nulidad.

En este sentido, el Valencia CF se comprometió con el Ayuntamiento a remitirle el proyecto definitivo del polideportivo de Benicalap antes del próximo 1 de julio, una fecha que puede ser muy significativa para la resolución del conflico. Si el club cumple se entendería como un gesto de voluntad para cumplir la nueva hoja de ruta y para mantener la ATE. Si una vez más, no se producen movimientos, la administración tendrá más motivos para anularla.

La concejala de Deportes, Pilar Bernabé (PSPV), confirmó este lunes a este diario que de momento no se han producido nuevos contactos con el club por el mencionado proyecto.

Además, desde Territorio preparan una segunda propuesta de sanción por incumplimiento de la segunda fase de la ATE, es decir, de la finalización de las obras del nuevo estadio y del pabellón de Benicalap, una propuesta que no obstante se producirá a partir del 20 de agosto, cuando expira el plazo para darla por incumplida y que podría ascender a unos 10 millones de euros. En todo caso, será en una fecha muy posterior a la resolución de Economía.