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El Gobierno valenciano sitúa a la mano derecha de Oltra y a la alcaldesa de Gandia en el consejo del Puerto de Valencia a tres días de una votación clave

El pleno del Consell renueva a la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero como consejera y deja fuera al líder del lobbie empresarial Vicente Boluda y a Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo

El lunes el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia debe aprobar o no los pliegos de la nueva terminal de cruceros diseñada para la nueva ampliación norte en los terrenos de los antiguos astilleros de Boluda

Oltra se muestra confiada en que el ministro de Transporte José Luis Ábalos será "sensible" a la Declaración de Impacto Ambiental sobre la nueva ampliación

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), principal sindicato de estibadores, alega contra la el proyecto de MSC porque considera que pondrá en riesgo unos 500 empleos

La vicepresidenta Mónica Oltra, en la rueda de prensa del Consell.

La vicepresidenta Mónica Oltra, en la rueda de prensa del Consell.

El pleno del Consell ha nombrado nuevos consejeros de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a Iván Castañón, secretario autonómico de Coordinación Institucional de la Conselleria de Igualdad, y a la alcaldesa de Gandia, Diana Morant. El pleno también ha decidido que la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero continúe en el consejo de administración del puerto en un momento clave. Castañón y Morant relevan al naviero y líder del lobbie empresarial, Vicente Boluda, y a Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo.

Los nuevos consejeros ya nombrados tiene el próximo lunes una votación importante puesto que el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, pretende que se aprueben los pliegos de la nueva terminal de cruceros, incluida en el nuevo proyecto de la ampliación norte y que ocupará parte de los antiguos astilleros de Boluda. El puerto sigue con la tramitación administrativa pese a que todavía no se ha decidido si se debería hacer una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al nuevo proyecto liderado por Martínez y al que se opone el Ayuntamiento de Valencia.

Iván Castañón es uno de los hombres de máxima confianza de la vicepresidenta Oltra y del alcalde Joan Ribó. Su nombramiento ha sido a propuesta de Compromís. Por su parte, el PSPV también ha propuesto por perfiles políticos y no técnicos como había avanzado el conseller de Obras Públicas, Arcadi España. 

Sobre el comunicado de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) de defensa de la nueva ampliación del puerto, Oltra ha dicho a preguntas de los periodistas que los empresarios "ejercen su libertad de expresión", pero que la Generalitat debe defender el "interés general" y "conjugar la actividad económica con el medio ambiente". Oltra ha proseguido su intervención haciendo una defensa cerrada de que el nuevo proyecto tenga también una nueva DIA y no se utilice la de 2007 como quiere el puerto. 

Oltra se ha mostrado confiada en que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, será "sensible" a la Declaración de Impacto Ambiental sobre la nueva ampliación del puerto de Valencia.

Los estibadores alegan contra la ampliación

"En esencia, el proyecto presentado por Terminal International Limited (TiL) desarrolla un modelo que gestión automatizada con un alto coste de inversión material sin impacto positivo respecto a la generación de empleo en el ámbito propio de la comunidad y entorno portuario".

Así rezan las alegaciones presentadas la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), principal sindicato de estibadores, contra el proyecto de equipamiento y gestión de la ampliación norte del Puerto de València propuesto por TIL, filial de MSC.

En resumen, la entidad viene a alertar de que la alta automatización de la nueva terminal de contenedores, cuya gestión se prevé adjudicar con una concesión a 50 años a la mencionada compañía, podría suponer a la larga la pérdida de hasta 500 empleos, lo que supone un tercio de la plantilla del Centro Portuario de Empleo (CPE) que cuenta con 1.550 estibadores.

Este escrito de alegaciones choca directamente contra uno de los principales argumentos esgrimidos por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para llevar adelante la ampliación, como es la creación de empleo.

El documento acepta que se podrá crear empleo durante la ejecución de las obras, pero no así una vez estén acabadas y se ponga en marcha la nueva terminal.

Según el escrito, "el modelo presentado instituye como un valor la practica inexistencia de generación de empleo en el área operativa y, en consecuencia, incidirá negativamente en el entorno de las operadoras existentes con la previsión de la destrucción de empleo que se podrá estimar en unos 500 puestos de trabajo de estibadores portuarios".

Así, argumenta que "no se trata de apartarse o rechazar la implantación de las nuevas tecnologías en el sector. Se pretende que la necesaria adecuación de los servicios al cambio tecnológico se realice en favor de aquella tecnología que compatibiliza la automatización con la humanización".

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