En Euskadi, donde casi nunca pasa nada, y cuando pasa parece que no ha pasado, un caso de corrupción lleva casi un año marcando los titulares de los medios (bueno, de algunos): la justicia investiga supuestas filtraciones de exámenes en las oposiciones públicas a las especialidades médicas de la Sanidad vasca (Osakidetza) celebradas el pasado año. Hay sospechas fundadas de que opositores contaban con los exámenes de antemano: los resultados de las pruebas en varios casos son estadísticamente improbables y en tres especialidades ha habido denuncias internas alertando de que miembros de los tribunales pasaban exámenes a opositores de su confianza, personas que trabajaban en sus servicios en los hospitales o con quienes tenían una relación estrecha.
La Fiscalía halló indicios de esas filtraciones en 11 categorías médicas y hace unas semanas la jueza de instrucción ha arrancado con las primeras declaraciones. De momento, hay cuatro especialidades bajo investigación y tres médicos imputados. Varios cargos públicos del Gobierno vasco han tenido que dimitir en los últimos meses.
Como con casi todo lo que ocurre en el Oasis Vasco, desde los poderes públicos y sus altavoces se ha intentado restar gravedad a lo ocurrido. Siempre es más cómodo despotricar sobre la corrupción que se produce al sur del Ebro que de las miserias propias. Los vascos no somos como los demás. Pero el caso es extraordinariamente grave tal y como prueban las revelaciones que eldiarionorte.es está ofreciendo en los últimos días.
Estas son algunas de las claves para entender que esta no es la historia de unas pocas manzanas podridas y que el Gobierno vasco ha actuado con complacencia y, en algunos casos, con mala fe.
La polémica ha saltado con los exámenes del año pasado, pero la filtración de exámenes de las especialidades médicas no es una práctica nueva en Osakidetza. El Sindicato Médico ha desvelado que en 2011 denunció filtraciones pero “el tema de la corrupción no estaba tan de moda como lo está ahora. A nadie le interesó en aquel entonces”. En un artículo en Gara, el médico y exgerente de Cruces, Iñigo Jaca, explicaba que el origen “se encuentra en los tiempos del franquismo, a los que se han sometido sin oponerse, durante todos estos años, los agentes políticos, sindicales y los Colegios de Médicos”. “No creo que haya habido una oposición limpia desde que estoy aquí”, explicaba otro médico con 20 años de experiencia en un reportaje de Berria titulado 'Osakidetza: todos sabían el secreto'. “Las cosas no cambian y veo que personas de mi edad y más jóvenes siguen teniendo malos hábitos”, se lamentaba el doctor José Luis Fonseca en una de las grabaciones publicadas por eldiarionorte.es en la que afirma que lo ocurrido en la especialidad de Angiología “fue un tongo”. Era un secreto a voces. Algo conocido en los pasillos de los hospitales vascos.
Si, como es sabido, hubo amaños en las oposiciones de especialidades médicas en oposiciones anteriores, ¿por qué la administración no ha actuado nunca? Es muy difícil creer que los responsables públicos no supieran nada sobre esto, en especial, aquellos políticos y cargos que provienen de la profesión médica y han desarrollado toda su carrera en Osakidetza. ¿Nunca oyeron nada? ¿Nunca sospecharon que algo extraño ocurría? Bastante improbable. Una confluencia de intereses cruzados de todo tipo y el imperio del silencio por el miedo a las represalias ha alimentado estas irregularidades. Eldiarionorte.es ha revelado que ya en 2002 Osakidetza recibió una denuncia sobre una oposición dopada en Digestivo y fue silenciada: apuntaba a uno de los médicos que está imputado en la causa que se lleva en la actualidad en los juzgados de Vitoria. “Para no tener el examen, lo has hecho muy bien”, ha declarado una testigo que le comentó en su día una compañera médica. Esa compañera es la actual consejera de Salud del Gobierno vasco, Nekane Murga. La consejera lo ha negado pero, por si acaso, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha declarado que aunque esa afirmación fuera cierta, “no vale para nada”.
“Esperemos que la Fiscalía y tal... Que se solucione en el ámbito interno”. La frase es de la persona a la que el Gobierno vasco encargó la investigaciones internas sobre el posible pucherazo en la OPE de Cardiología, con uno de los resultados más escandalosos: tantos exámenes perfectos como plazas se ofertaban. 22 exámenes con la máxima nota para 22 plazas. El resto de los opositores quedaron a distancia. La responsable de esta investigación -que confiaba en que el asunto no fuera a mayores- era Belén Greaves, exdirigente del PNV y exconsejera del Gobierno. En su día tuvo que dimitir de la dirección del Instituto Vasco de Consumo por posicionarse a favor de Eroski y Fagor durante el escándalo de las 'preferentes vascas'. Esta investigación interna como las del resto de especialidades analizadas por Osakidetza terminaron con una misma conclusión: no había pruebas del fraude que se había denunciado. Lo curioso es que está investigación no tenía que haberse producido. Osakidetza ya había dado por zanjado el asunto. Dos miembros del tribunal de Cardiología habían denunciado internamente el pucherazo -incluso antes de celebrarse el examen- pero sus advertencias no fueron escuchadas. Sin embargo, algo extraordinario provocó que se iniciara la investigación: el escándalo saltó a los medios.
El Gobierno vasco siempre ha defendido que ha colaborado de forma ejemplar con la justicia, sin embargo, evitó entregar toda la información que tenía en su poder sobre las filtraciones. En especial, las declaraciones completas de las investigaciones internas de Osakidetza: el Gobierno vasco las había mandado editadas y, como se ha podido comprobar con las revelaciones de eldiario.es en los últimos días, esas declaraciones tienen mucho más contenido que lo mandado por el Gobierno vasco a los juzgados. La fiscal jefe del País Vasco, Carmen Adán, reclamó a mediados de febrero “los expedientes completos (...) con las declaraciones realizadas y la totalidad de las actas de las reuniones que hubieran mantenido los tribunales”. A mediados de marzo, la jueza instructora insistió en reclamar esa documentación. Finalmente, mes y medio después Osakidetza envió toda la información solicitada, entre ellas, las grabaciones con las declaraciones íntegras de los médicos y actas de reuniones y tribunales médicos. Preguntado por esta cuestión, el portavoz del Gobierno afirmó que no se mandó toda la información porque “su volumen era ingente y se envió lo que se consideró que era esencial”. ¿Pero no es la justicia la que tiene que dirimir qué es lo esencial en una investigación judicial? En el Oasis Vasco, parece que no.
La reacción de la administración en este asunto ha sido la del Dr Jekyll y Mr Hyde. A la vez que los responsables políticos negaban la existencia de filtraciones, anunciaban medidas para evitar esas mismas filtraciones. En los primeros días de junio de 2018, Osakidetza rechazaba la existencia de manipulaciones pero paralizaba provisionalmente cuatro de las oposiciones manchadas. En septiembre de ese año, Osakidetza concluía -tras las investigaciones internas- que “lo único demostrado es que no hay pruebas”, pero ese mismo día anunciaba “nuevas garantías” en las categorías en las que la administración había decidido repetir los exámenes. Cuando le preguntaron a la directora general de Osakidetza, María Jesús Mújica, sobre esa evidente contradicción contestó que los cambios se debían a la necesidad de una “mejora continua”. El Gobierno vasco sostiene que si los tribunales no encuentran nada, no habrá nada, pero ha aprobado que, a partir de ahora, los tribunales de las oposiciones se decidan por sorteo y que se acudirá a especialistas externos de fuera de Euskadi para elaborar las pruebas teóricas. Todo para evitar filtraciones.
El Gobierno vasco y el Servicio Vasco de Salud han afirmado que no tienen ninguna responsabilidad en las filtraciones, a pesar de que son los convocantes y organizadores de estas oposiciones bajo sospecha. Acostumbrados a un ecosistema mediático complaciente y una opinión pública poco exigente, el Gobierno vasco ha intentado hacer creer que el proceso judicial ha avanzado gracias a sus esfuerzos, cuando la realidad es que fueron los sindicatos ESK y LAB los que lo denunciaron ante la Fiscalía entre críticas duras a los denunciantes y a los partidos que pedían explicaciones al Gobierno. “Esto no es Venezuela. Hay que probar las acusaciones”, espetó en octubre del año pasado el consejero de Sanidad, Jon Darpón a los portavoces de la oposición. Cinco meses después dimitió por el escándalo. El Gobierno también quiere que cale el argumento de que Osakidetza es víctima de todo lo que ha ocurrido. Ha tenido incluso la osadía de solicitar a la jueza de instrucción personarse como “perjudicada” en la causa pero, de momento, no ha colado. La instructora sugiere que el Servicio vasco de Salud podría ser “responsable civil” por las manipulaciones en las OPEs.
Aunque hay más testimonios de médicos que alertan de filtraciones, buena parte de la responsabilidad de que la verdad esté saliendo a la luz la tienen tres médicos anestesistas: Manoel, Marta y Roberto. Conocían los enchufes que se estaban gestando en su especialidad. Fueron a un notario y registraron los nombres de los agraciados en la OPE. Acertaron. Fue la espita que encendió el resto de ramificaciones del caso. Y no se lo perdonaron. En la investigación interna de Osakidetza, intentaron que Roberto delatara a sus compañeros. El Gobierno vasco llegó a llevarlos a la Fiscalía por una “tentativa de actuación fraudulenta”, pero la Fiscalía no actuó contra ellos. El día después de que Marta confirmara ante la jueza de instrucción sus denuncias sobre las filtraciones, Osakidetza le comunicó que daba por terminado su contrato. Después tuvo que rectificar: no habían aplicado sus propias normas de contratación. Como en otros muchos casos de corrupción en toda España, los denunciantes han estado desprotegidos y han sufrido represalias. Y dan por amortizadas sus carreras profesionales. ¿Y cuál es el mensaje del Gobierno que debería protegerlos? Esta misma semana el Parlamento vasco -con los votos de PNV y PSE- ha rechazado tramitar una ley de protección de los denunciantes de corrupción. El mensaje implícito es claro: los trapos sucios se lavan en casa, no denuncies. Bienvenidos al Oasis Vasco.
Sobre este blog
Iker Armentia es periodista. Desde 1998 contando historias en la Cadena Ser. Especializado en mirar bajo las alfombras, destapó el escándalo de las 'preferentes vascas' y ha investigado sobre el fracking. Ha colaborado con El País y realizado reportajes en Bolivia, Argentina y el Sahara, entre otros lugares del mundo. En la actualidad trabaja en los servicios informativos de la Cadena Ser en Euskadi. Es adicto a Twitter. En este blog publica una columna de opinión los sábados.
