Y 38 años después, la Hacienda vizcaína descubre la 'caja de resistencia' de ELA

El sindicato mayoritario en Euskadi, la central nacionalista ELA, con un 40,7% de representación, lleva años presumiendo de practicar un modelo de “contrapoder” sindical a lo que denomina “política neoliberales” de instituciones, patronales y adláteres varios. En ese saco, para su secretario general, Adolfo Muñoz, Txiki, cabe desde la consultora Price Waterhouse (PwC), el lehendakari, Iñigo Urkullu; el Gobierno del PP, pasando por la patronal vasca Confebask y el diputado general de Bizkaia, el peneuvista Unai Rementeria.

Unai Rementeria confesó una vez en una entrevista en el programa Boulevard de Radio Euskadi que él tenía carné de ELA. “Estoy afiliado al sindicato ELA porque creo en la defensa de los trabajadores y trabajadoras, lo que me inculcaron en casa por mi padre, que también estaba afiliado. Y estoy aquí para hacer lo que creo que es bueno, lo que creo que es buenísimo para Euskadi”. Pero Txiki Muñoz, tiene una visión muy diferente: entre otras cosas, le acusó de dirigir una institución que, en cuanto a políticas de fiscalidad, era prácticamente como el Tea Party o la popular Esperanza Aguirre.

Muñoz no ha venido al sindicalismo a hacer amigos, eso parece claro, y se mueve como pez en el agua en un concepto de negociación colectiva y acción sindical en el que UGT y CC OO no son vistos como compañeros de viaje para salir de la crisis y recuperar los derechos sociales perdidos en esta década prodigiosa de retroceso y empobrecimiento generalizados

ELA cerró a finales del pasado año y tras 270 días de huelga un conflicto en el sector de las trabajadoras de residencias, dependiente de la Diputación de Bizkaia, que ha dejado jirones en las ya maltrechas relaciones entre los responsables peneuvistas de la institución foral y la central. Para entonces, un inspector-actuario del servicio de Hacienda ya había remitido una carta a ELA, CC OO y UGT en la que se les requería que remitieran al fisco las identidades de los trabajadores que hubieran percibido retribuciones de la 'caja de resistencia' para sostener huelgas, las cantidades abonadas y “las retenciones practicadas, en su caso” por las centrales durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. La misiva era del pasado 8 de mayo, algunos sindicatos recibieron un segundo requerimiento en otra carta a modo de recordatorio con fecha de 26 de enero de este año.

La noticia de la investigación del fisco vizcaíno a las centrales, avanzada en exclusiva por este diario el pasado lunes, ha generado una tormenta considerable, con interpretaciones en algunos casos enfrentadas ante una iniciativa sin precedentes en el País Vasco. Hay un consenso prácticamente unánime: en materia de tributación y de impuestos, los sindicatos deben comportarse como el resto de personas y organizaciones, estando al tanto de sus obligaciones. Algún sindicato, como es el caso de CC OO, ha instado a que “se aclaren las obligaciones que cada organización tenga con las Haciendas”, algo que comparte también la central que dirige Raúl Arza, UGT-Euskadi. No en vano, según los últimos estudios, el fraude y la elusión fiscales suponen un quebranto para las tres haciendas vascas superior a los 3.200 millones de euros anuales. Y varias voces, sindicales y políticas como la de Podemos, han coincidido al señalar que “existen otras prioridades en la lucha contra el fraude fiscal que no la persecución, en última instancia, de personas trabajadoras, y afiliadas la sindicato, que han recibido ese auxilio solidario para hacer una huelga y luchar por sus derechos laborales”, en palabras de la formación morada, que ha pedido la comparecencia del diputado de Hacienda de Bizkaia.

Pero en toda esta polémica hay varios datos incontestables:

Primero. Aunque la investigación de la Hacienda vizcaína va dirigida a tres sindicatos -LAB, segunda central en representación y ligada a la izquierda abertzale soberanista, no está incluido porque su sede social no está radicada en Bizkaia-, todo el mundo sabe que el único sindicato que tiene, que ha utilizado y que ha dotado con fondos a la 'caja de resistencia' es ELA. Algo que también conoce la Hacienda de Bizkaia que, 38 años después de creado este instrumento por el sindicato nacionalista, ha decidido investigar si los de Txiki Muñoz están tributando bien por ese concepto o, por el contrario, ELA se ha convertido en una central defraudadora-. Muñoz, por supuesto, ha negado la mayor: ni son unos defraudadores, ni tienen nada que ocultar. Y ha desvelado que se reunieron la semana pasada con el fisco vizcaíno para aclararlo todo y entregar “todos los datos” exigidos en soporte informático.

Segundo. La Hacienda de Álava, al ser consultada en 2006 por una confederación sindical sobre la consideración fiscal que deberían tener los pagos a los trabajadores a cargo de la caja de resistencia en las huelgas obreras, dejó meridianamente claro el criterio tributario: “se considera que las mismas derivan de forma indirecta del trabajo laboral o de una relación laboral o estatutaria del perceptor, debiendo, por lo tanto, ser calificadas dichas rentas como rendimiento de trabajo personal” y, por tanto, sujetas a retención (mínimo de un 2%)

Tercero. La portavoz de la Diputación, Elena Unzueta, ha apuntado que este requerimiento de información a los sindicatos sobre las retenciones en los pagos realizados con la caja de resistencia se inscribe dentro de las medidas de la lucha contra el fraude fiscal realizadas por los inspectores fiscales. De esta forma ha querido despejar cualquier duda o acusación de “persecución sindical” en la iniciativa del fisco. Pero ni ella, ni el diputado de Hacienda, el peneuvista José María Iruarrizaga, las dos únicas personas que se han referido a la investigación en curso, ya que el diputado general no ha hablado sobre esta la polémica todavía, han explicado por qué ha tardado 38 años en poner el foco la Hacienda en la 'caja de resistencia' de ELA.

Cuarto. Según datos oficiales de ELA, entre 2008 y 2011 hizo una aportación a su caja de resistencia de 13,7 millones de euros (el 15,1% de sus gastos), mientras que en el periodo que va de 2012 a 2016, la cantidad aportada subió a los 19,1 millones (el 16,24%). Pero tampoco ELA ha cifrado el montante que puede estar en juego a nivel tributario por los pagos y las consiguientes retenciones en los cuatro años por los que se ha abierto la investigación (entre 2014 y 2017).

Quinto. Pase lo que pase con la investigación, solo hay un doble desenlace posible: o bien ELA reconoce que no ha seguido el criterio de tributación que marcan las haciendas, lo que le obligaría a tributar por los pagos realizados durante los últimos cuatro años (2014, 2015, 2016 y 2017) o finalmente lleva el asunto al Contencioso-Administrativo y será un juez el que dirima la cuestión. De momento, Muñoz parece dar a entender que su voluntad es cumplir ante lo que considera un “cambio de criterio” de la Hacienda de Bizkaia. “Si el criterio de las haciendas vascas es que esto tiene que ser de esa manera, nosotros cumpliremos”, avanzó el viernes en una entrevista en Radio Euskadi.

La polémica está servida. Y tras este primer asalto hay algunas sombras que no terminan de aclararse, al tiempo que faltan también otras explicaciones que los responsables de la Diputación vizcaína, incluido su máximo líder, Unai Rementeria, deben aún ofrecer.