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“Debe tenerse en cuenta a la zona que ha albergado Garoña durante 40 años”

Raquel González, alcaldesa de Valle de Tobalina, posa junto al medidor de radiactividad presente en su despacho.

Rubén Pereda

La noticia del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña no ha supuesto ninguna sorpresa para los habitantes de las localidades colindantes. Las cerca de mil personas que pueblan el Valle de Tobalina, que en gran medida dependía del impacto económico de la planta, eran conscientes de que el desenlace llegaría antes o después. Ahora, Raquel González, la alcaldesa, exige un plan de desarrollo económico para el municipio burgalés.

La planta nuclear es esencial para el mantenimiento económico de la zona y de las familias que la habitan. De hecho, como se señala desde el consistorio, la gran mayoría de los trabajadores de la central viven en un radio de unos 30 kilómetros. No obstante, para González, alcaldesa por el Partido Popular, la principal preocupación son los trabajadores que viven a menos de 10 kilómetros. Desde su punto de vista, el diseño de los planes impulsados hasta el momento ha propiciado que las ayudas se dispersen por pueblos no tan cercanos a Santa María de Garoña. “Queremos que se elabore un plan de desarrollo que cuente con nosotros”, exige. Y añade: “Cuando se hacen desde el Gobierno central, puede que lleguen ayudas, pero estas se destinan a pueblos que se encuentran a 30 o 40 kilómetros y la zona que ha albergado la central durante cuatro décadas queda aislada”.

En lo relativo a la seguridad, la alcaldesa asegura que los habitantes no se han sentido en riesgo en ningún momento desde que se inaugurara la central. “Para nosotros es algo natural. Siempre hemos confiado en que se cumplían las medidas de seguridad”, asegura. Existen planes de emergencia para un supuesto caso en el que fueran necesarios. Como parte de estos planes, los alcaldes de cada pedanía disponen de unas pastillas de yoduro potásico para repartir a la población en caso de que sucediera algo. Estas ayudarían a impedir la fijación de yodo radiactivo. González, sin embargo, garantiza que estos planes no se han puesto en marcha nunca, tan solo durante los simulacros, para probarlos. Tampoco los considera algo excepcional: “Hay unos planes de emergencia como los hay en una empresa que manipula materiales peligrosos, acordes con las circunstancias”.

Problemas con las comunicaciones

Ante los rumores acerca de un posible incremento de la temperatura de las aguas como consecuencia directa de la actividad nuclear, la alcaldesa asegura que siempre se han remitido a los informes oficiales. “A nivel medioambiental, hemos tenido como referencia los datos del Consejo de Seguridad Nuclear, ya que no contamos con medios propios y valorar si la temperatura está por encima de lo normal o por debajo”, explica. Además, constata que los informes han sido siempre positivos.

La alcaldesa sí critica un infradesarrollo de las telecomunicaciones, la cobertura móvil y el acceso a Internet en la zona, lo cual podría suponer un obstáculo en caso de accidente. “Siempre hemos reivindicado que para poner en marcha los planes de emergencia era necesario contar con una buena comunicación y hemos tenido nuestros problemas en este sentido”, confiesa.

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