Almeida y Ayuso impulsan el alquiler asequible en manos privadas con parcelas cedidas a promotoras y sin sorteo público

“La exigencia es superior a los pisos que están gestionados directamente por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. No están hechos para cubrir un servicio que necesiten personas vulnerables o con dificultades”. Así cuenta Daniela, beneficiaria de una Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) en el distrito de Villaverde de Madrid, las particularidades del proceso a través del cual acabó encontrando piso. Pese a tratarse de un alquiler asequible, no está gestionado ni por el Ejecutivo autonómico ni por el municipal.

“La Comunidad de Madrid ni gestiona, ni paga la construcción de los edificios, pero sí que limita sus precios”, apunta Daniela en declaraciones a Somos Madrid. Las VPPL son un tipo de vivienda que se construyen en suelo protegido y salen al mercado con un precio limitado por la administración. Son adecuadas para personas y familias con ingresos moderados o bajos, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Suelen estar administradas por entidades públicas con el fin de garantizar su accesibilidad y su disponibilidad para un amplio espectro de la población, pero es aquí donde los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han apostado por impulsar un modelo alternativo al llegar a acuerdos con promotoras inmobiliarias para desarrollar este formato habitacional.

El equipo de Almeida ha llevado esta política un paso más allá con las viviendas de alquiler asequible en parcelas con derechos de superficie. Esto es, terrenos que el Gobierno de Cibeles cede a inmobiliarias para su explotación, en este caso por un período de 45 años. Después de ese tiempo, el suelo retornaría a manos públicas. La idea es que en estas 25 parcelas se erijan 2.134 viviendas con arrendamientos económicos, con precios un 25% inferiores a los de mercado.

El proyecto de vivienda asequible del Ayuntamiento de Madrid incluye cinco lotes:

La promotora inmobiliaria Culmia construirá 871 viviendas; Pecsa Avintia, 838 y Vía Ágora, 425. Precisamente esta compañía se ha encargado de la primera promoción inaugurada, el pasado julio, la del Parque Central de Ingenieros de Villaverde. 125 pisos con mensualidades a partir de 663 euros al mes. En julio, el equipo de Almeida informó de que se habían recibido “más de 300 solicitudes de demandantes de arrendamiento”. Desde el área de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo no actualizan estas cifras ante las preguntas de este diario. Emplazan a consultar a las promotoras: “Esto ya no lo lleva el Ayuntamiento”, contestan.

A estos pisos se accede a través de un “proceso comercial”, detallaba el Consistorio en una nota remitida a los medios el pasado julio, descartando la vía del sorteo abierto o público. Así, para conseguir uno de estos alquileres hay que recurrir a portales como Idealista o llamar a una de las inmobiliarias beneficiadas con la cesión, a diferencia de lo que ocurre con los sorteos públicos previa inscripción por los que suele apostar la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

En el acto de inauguración en Villaverde el delegado de Urbanismo del Consistorio, Borja Carabante, recordó que “cuando finalice ese plazo [los 45 años de cesión] los edificios pasarán a formar parte del parque público de viviendas del Consistorio”. Hasta entonces, sin embargo, el capital privado se encarga de administrar estos terrenos. “Culmia es la promotora responsable de la construcción y entrega de los edificios y participamos en colaboración con Cevasa, quien se encargará de la gestión del parque de viviendas una vez finalizada la construcción”, recoge una de las promotoras adjudicadas en su página web.

Para poder acceder a estas promociones, los ingresos anuales de la unidad familiar no pueden superar 5,75 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), teniendo de base los datos de 2024, ni se puede ser propietario de otro inmueble. Por ejemplo, para una familia de uno o dos miembros el límite serían 60.375 euros y para una de seis o más integrantes, 69.000 euros. El poder adquisitivo de los solicitantes que pueden acceder a estas viviendas es por tanto más alto que las que gestiona directamente EMVS, donde el límite es de tan solo 3,5 veces el IPREM.

Un proceso ágil pero exigente y sujeto al mercado inmobiliario

Daniela no reside en uno de estos pisos en parcelas cedidas por el Ayuntamiento, pero sí en un alojamiento tasado por la Comunidad de Madrid, que limita los precios de una vivienda gestionada por una empresa privada. Paga 850 euros por su piso de Villaverde, de una habitación y de unos 60 metros cuadrados en el que vive con su pareja (otras características de las VPPL son que su espacio máximo es de 150 metros cuadrados). Un precio que considera “aceptable dada la situación del mercado”, a cambio eso sí de un procedimiento “no especialmente sencillo”.

La principal diferencia es que acceder o no a una de ellas no depende de un concurso ni un sorteo público. Tampoco de una concurrencia no competitiva. Este sistema, el más habitual para adjudicar alojamientos de titularidad autonómica según detallan a este periódico desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, implica que todas las solicitudes se analizan de acuerdo a criterios preestablecidos y aquellas que obtengan la mejor puntuación son las que resultan beneficiadas. En el caso de promociones como la de Daniela, sin embargo, la selección de perfiles depende de la propia inmobiliaria, como propietaria y gestora de los inmuebles arrendados en régimen de alquiler asequible.

Los datos públicos tampoco son tan detallados como en otros procesos, según Daniela. “En primer lugar, la información sobre estas viviendas no es tan accesible como las del Ayuntamiento y la Comunidad, tipo el Plan VIVE. Al menos, en mi caso particular, no conocí la existencia de estas viviendas hasta que después de mucha búsqueda topé con la inmobiliaria que la gestiona: Vivenio”, cuenta. Una empresa que ha desarrollado el modelo build to rent, esto es, viviendas ideadas para su alquiler.

La arrendataria desgrana así el proceso que sigue: “Llamas a la inmobiliaria, das tus datos y, si tienen en ese momento alguna vivienda libre que se adapte a tus necesidades (por número de habitaciones, precio o ubicación), agendan una visita contigo. También suelen publicar en Idealista anuncios de los pisos que se van quedando libres, aunque por esa vía es prácticamente imposible acceder a una visita porque dan prioridad a quienes llaman”.

“En mi caso, llamé una primera vez para visitar una promoción en la calle del Santo de la Isidra de Villaverde. Sin embargo, mi cita era por la tarde y en la primera tanda que hicieron por la mañana alguien reservó la vivienda. Me llamaron para comunicármelo y seguidamente me apuntaron como prioritaria por si alguna vivienda quedaba libre en la misma zona”, añade.

“Como me urgía encontrar vivienda en ese momento, llamé a finales de la misma semana y justamente ese día habían quedado libres dos pisos en la calle de la Pícara Molinera. Fui la primera en llamar, así que me agendaron la visita inicial del día. Esto es importante porque a pesar de que no son modalidades tan conocidas para acceder a viviendas de alquiler asequible hay muchísima demanda y llegan a agendar decenas de visitas para cada piso, aunque la mayoría no llegan a llevarse a cabo porque alguien reserva antes”, expone Daniela. Destaca además como “el trasiego en estas viviendas en continuo; entra y sale gente todas las semanas porque son bloques con seis viviendas por piso y siete pisos de altura en urbanizaciones de cuatro edificios, así que la inmobiliaria tiene mucho que enseñar”.

“Una vez vi los dos pisos disponibles en ese momento, ambos de una habitación y unos 60 metros cuadrados, procedí a enviar un email con mis datos personales y de contacto con el concepto Reserva para que me enviasen los pasos a seguir a partir de ese momento. Rápidamente recibí respuesta por parte de la agente inmobiliaria, que me enseñó la vivienda con las credenciales que debía usar para registrarme en un área de clientes donde se gestionaría todo a partir de ese momento”, recuerda Daniela.

Los requisitos solicitados por la promotora incluyen contrato de trabajo indefinido de al menos 6 meses de antigüedad, ingresos demostrables con un importe neto de al menos 2.000€ mensuales (suma de los dos titulares), no disponer de otra vivienda en propiedad o que los ingresos no superen 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), aproximadamente unos 76.000 euros anuales. “La exigencia es superior a los pisos que alquilan la Comunidad y el Ayuntamiento”, apostilla Daniela. En alquileres asequibles gestionados por EMVS, por ejemplo, no se piden esos ingresos netos mínimos y como mencionábamos previamente el límite por arriba es más severo (3,5 veces el IPREM). Factores que muestran como estas viviendas en manos privadas se dirigen a perfiles menos vulnerables.

Daniela y su pareja cumplían estas exigencias, así que procedieron a presentar los “no pocos” documentos solicitados: contratos laborales, tres últimas nóminas, vida laboral, declaración de la renta del año anterior o certificado de titularidad de la cuenta bancaria. Una vez cumplimentada esta burocracia y dado el visto bueno por parte de la inmobiliaria, llega el momento de acceder a la vivienda.

En este punto también surgen importantes divergencias con otros pisos de alquiler social. Además de las mensualidades (que en Villaverde oscilan entre 700 y 1.000 euros incluyendo trastero y plaza de garaje), los inquilinos deben hacer frente a un seguro de hogar por 100 euros anuales, un seguro de impago que corresponde a un 3% de la renta anual o los diferentes suministros. “El precio se ajusta cada año al IPC y los contratos tienen una duración máxima de 7 años y mínima de uno”, concluye Daniela, que tiene en la ardua tarea burocrática para acceder a la vivienda su principal queja.