Concentración vecinal ante el “acoso inmobiliario” y desalojo del Ayuntamiento de Madrid en Luna 32

Este martes la Policía del Ayuntamiento de Madrid volverá a blindar los alrededores del Palacio de la Infanta Cartola para ejecutar una tanda de nuevos desahucios. Al igual que sucedió el pasado 3 de noviembre, al menos ocho de las familias que residen en el número 32 de la calle Luna serán expulsadas de la que ha sido su casa en los últimos años, una actuación que ha sido denunciado por la asociación vecinal SOS Malasaña, que acusa al equipo de Almeida de ejercer un “acoso inmobiliario” sobre los residentes.

“Deben parar los desahucios por razones humanitarias, no pueden echar a la gente sin darles alternativas razonables”, denuncian a este periódico fuentes vecinales, que han convocado una concentración de protesta para este martes a las 9.30 horas en la calle San Bernardo, esquina con calle Luna.

En el primer lanzamiento, cinco familias se acogieron a las ayudas ofrecidas por los servicios sociales del Ayuntamiento y otras cuatro solicitaron plaza de Emergencia del Samur al ser expulsados de las viviendas. Al menos dos prefirieron no coger ninguna de estas opciones, al igual que sucede entre los advertidos de expulsión mañana: no confían en el alojamiento temporal que les ofrecen, en viviendas compartidas.

Los lanzamientos de este miércoles son solo los primeros de una larga serie que previsiblemente se extenderá durante las próximas semanas en la calle Luna. Cinco de estas familias se han acogido a alguna de las ayudas ofrecidas por los servicios sociales: “Se les han realizado los trámites para acceder a un alojamiento alternativo”, explican desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Otras cuatro personas han solicitado plaza de emergencia del Samur Social hoy mismo. Entre las personas afectadas y que no tenían pensado irse esta mañana se encontraban un hombre de avanzada edad y una madre con un bebé de tres meses, según fuentes vecinales consultadas por Somos Malasaña. Esta última se ha marchado a otra vivienda, sin requerir la ayuda municipal, según datos ofrecidos por el consistorio.

El edificio de Luna 32 es propiedad del Ayuntamiento desde el año 2005, cuando se inició la expropiación forzosa a un inversor iraní -Teafi Alí- que había adquirido antes esta joya de 1775 ideada por Juan de Villanueva. El expropietario destrozó parte del palacio con una reforma sin atender a su valor patrimonial, al poco de adquirirlo a través de su inmobiliaria, Cintia Real.

De la época del iraní quedan todavía algunos inquilinos, que le pagaban un alquiler para poder residir allí y se quedaron cuando se produjo el cambio de propiedad. A ellos el Ayuntamiento les ha ofrecido alojamientos definitivos a precios asequibles. Otros fueron llegando después, llenando todas las habitaciones del edificio, hasta convertirlo en la mayor bolsa de infravivienda pública en la ciudad de Madrid. Los intentos de vaciarlo se han sucedido en el tiempo, pero hace un año y en plena pandemia, el gobierno de Almeida decidió iniciar el procedimiento para completar el desahucio judicial.

Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento quiere tener desalojado el edificio antes de que acabe el año. Para asegurarse de que nadie más entra en las viviendas desahuciadas, operarios municipales están sellando y poniendo puertas blindadas con alarmas en los pisos vacíos. También hay vigilancia jurada las 24 horas del día, para tener controlados a los que entran y salen del lugar, a los que piden identificarse. “Eso es algo totalmente irregular”, denuncian desde SOS Malasaña.