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Orden de desahucio contra una senadora de Podemos que debe al Gobierno vasco 4.000 euros de alquiler social

Elvira García, titular de una vivienda social con una renta de 200 euros, acumula un largo historial de impagos a pesar de superar con holgura los 4.000 euros de sueldo mensual

El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco inició en octubre y ejecutará el 6 de marzo una orden de desahucio en una vivienda de alquiler social contra la senadora de Podemos Elvira García, conocida en el partido como Viruka, según ha informado ‘El Correo’. El desalojo se producirá por impagos continuados de la renta de alquiler –de 200 euros- y por otros incumplimientos graves en las condiciones de acceso a un piso protegido. La deuda total de la senadora supera los 4.000 euros, una cantidad similar al salario base mensual de un miembro de las Cortes Generales no electo en Madrid y que incluso puede ser mayor en función de otros completos.

En el expediente abierto a García no constan modificaciones en su situación personal desde que es adjudicataria de la vivienda de alquiler y era perceptora de ayudas sociales. De hecho, la sociedad pública Alokabide, titular de la casa, no tenía constancia de su condición de senadora hasta que ella misma lo hizo constar cuando se le pidieron explicaciones por los impagos reiterados. Con su nuevo sueldo superaría con holgura el máximo de 25.000 euros fijado para acceder a un alquiler de Alokabide, aunque es cierto que Podemos lo limita después hasta tres veces el Salario Mínimo Interprofesional.

El Departamento de Vivienda no ha querido hacer ningún comentario en relación a este caso acogiéndose a la ley de protección de datos. Se remiten, eso sí, a una reciente comunicación al Parlamento sobre desahucios en pisos protegidos que estipulaba que los lanzamientos sólo se efectúan en casos excepcionales y muy justificados y nunca cuando hay problemas económicos y sociales sobrevenidos.

García habría alegado en su defensa haber sido víctima de violencia de género. Esa denuncia no consta en archivos policiales y, si así fuera, el Gobierno dispone de pisos protegidos gratuitos para las mujeres denunciantes. 

Desde el grupo parlamentario de Podemos en el Senado han explicado que prefieren no hacer valoraciones concretas hasta que se conozcan todos los detalles del tema. En todo caso, apuntan a que habrá que determinar si era ella o su expareja la responsable del abono del alquiler. Respecto al hecho de que fuese beneficiaria de un piso protegido, defienden que su nueva situación laboral sólo será efectiva en primavera de 2017, cuando se liquide el IRPF de 2016.

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