36 presos han fallecido desde 2006 en las tres cárceles vascas, la mayoría por causas naturales

Un total de 36 personas han fallecido entre 2006 y 2008 en las cárceles de Euskadi, según datos oficiales enviados por Instituciones Penitenciarias a las Cortes Generales en respuesta a distintas solicitudes de información del representante de EH Bildu Jon Iñarritu. La estadística, en todo caso, indica que la tendencia es a la baja y que casi la mitad de los casos se corresponden con muertes naturales.

Por centros, las cárceles de Álava (primero Nanclares de la Oca y, tras su inauguración, la de Zaballa) han registrado 23 de los 36 casos. En Basauri se han computado 10 muertes de presos y en Martutene 3. Algunos de los fallecimientos se han producido en centros hospitalarios a los que habían sido trasladados los reclusos. No todos los años hay casos.

El año con más incidencias fue precisamente 2006, el primero de la serie, con siete personas fallecidas. A partir de ahí la tendencia es a la baja, como en general parece ocurrir en todas las cárceles españolas. En 2018 se registraron dos muertes entre la población reclusa dentro de las 210 de todas las prisiones del Estado.

El informe enviado por el Gobierno a las Cortes Generales detalla también las causas de las 36 muertes. El 44%, 16 casos, se corresponden con fallecimientos naturales. A ellos hay que añadir otras tres personas que murieron también por causas naturales pero que tenían VIH. Hay diez reclusos más que se suicidaron, seis casos de sobredosis por consumo de drogas y una sólo muerte consecuencia de una agresión.

Esta información contrasta con el análisis de la plataforma alavesa de apoyo a los presos Salhaketa. A la luz de nuevos fallecimientos en Zaballa en 2019 -aún no recogidos en la estadística- aseguraron que muchas de las muertes prisión son “evitables”. Al contrario que lo que apuntan los datos, interpretan que la “inmensa mayoría” no son “naturales”.

Radiografía del sistema penitenciario en Euskadi

La población reclusa de Euskadi es de 1.314 personas (dato oficial a diciembre de 2018), a los que se sumarían otras 824 vascos repartidos en prisiones del resto de España. Alrededor del 13% están en régimen de prisión preventiva. El resto ha recibido una condena en firme, y de este grupo el 28% se halla en régimen de semilibertad o tercer grado. Una amplia proporción son hombres: solamente 123 mujeres están entre rejas. El 30% de los reclusos es extranjero. A nivel comparativo, la tasa de población reclusa es de 61 personas por cada 100.000 habitantes (44 en Navarra, 87 en Italia, 100 en Francia, 126 en España, 148 en el Reino Unido). 

La red penitenciaria vasca, que tiene un presupuesto anual de unos 22,3 millones de euros para su mantenimiento y es gestionada por 600 funcionarios, tiene en Zaballa (Álava) su mayor establecimiento. Dispone de 720 celdas y 304 más complementarias, ocupadas aproximadamente al 50%. Algunos módulos completos están cerrados. Siguen operativas dos cárceles más antiguas, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia. Allí se prevé la construcción de un nuevo centro, Zubieta. La vieja cárcel de Nanclares de la Oca es ahora un CIS, un centro destinado a la reinserción de presos en tercer grado. Todo ello depende de Instituciones Penitenciarias, un órgano centralizado del Ministerio del Interior. Sólo Cataluña ha recibido antes la transferencia de Prisiones.

La ejecución penal de menores, en cambio, sí depende ya del Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Existe un centro en Zumarraga para condenados de nivel 1, los delitos más graves. Allí no sólo cumplen condena menores infractores de 18 años, sino también aquellos que aun siendo ya adultos fueron condenados cuando no lo eran. Las penas alternativas a prisión son competencia autonómica igualmente. En 2018, fueron atendidas por el servicio vasco de gestión de penas 4.966 personas, 569 mujeres (11,46%) y 4.397 hombres (88,54%).

“El éxito estriba en que se consigue una tasa de reinserción de casi el 100 %”, defendió en el Parlamento la consejera de Justicia, María Jesús San José. Igualmente, las condenas a personas enfermas se gestionan no en psiquiátricos penitenciarios sino con la colaboración del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Según datos de Cataluña recopilados por EH Bildu, una plaza en centro cerrado cuesta 59 euros por preso y día, por 23 euros de un centro de día. Las penas alternativas a prisión tienen un coste de 4 euros diarios.