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Una subcontrata de obra pública hacina a obreros en un 'piso patera' según ELA

Entre 10 y 13 trabajadores duermen en colchones en el salón de un piso tras afrontar jornadas abusivas de más de once horas diarias y cobrar 1.000 euros por tres meses de trabajo.

El sindicato nacionalista denuncia que las condiciones de explotación que sufren los empleados en ciertas obras públicas como la construcción del centro cívico de Salburua se recruden cada día.

Ante la "impasividad" de Inspección de Trabajo y del Ayuntamiento de Vitoria, a quien responsabilizan por no garantizar las condiciones dignas de esos empleados, remitirán la documentación sobre los hechos a la Fiscalía.

Los responsables de la sección de la construcción de ELA advierten de que las malas condiciones de los trabajadores de la construcción de obra pública rozan límites insospechados. Hace dos meses denunciaban semiesclavismo en la construcción del nuevo edificio que albergará las oficinas municipales del Ayuntamiento de Vitoria.

Esas condiciones a las que someten las subcontratas a cerca de una treintena de trabajadores les parecían infrahumanas. Ahora, tras lo descubierto en las obras del centro cívico de Salburua se ha estremecido aún más. Los operarios, tras finalizar jornadas laborales de once horas a ritmos sin pausa se hacinan en un 'piso patera' alquilado por la subcontrata. "Allí duermen en colchones en el salón del que han retirado los muebles. Comparten una ducha y apenas disponen de sitio para limpiar sus ropas de trabajo. Tras esas duras jornadas de trabajo no pueden ni relajarse. Nos recuerda a aquellos tiempos en que los temporeros de la uva vivían como esclavos en pabellones sin acondicionar", relata Roberto Salgado, responsable de Álava.

Esos obreros son todos procedentes de otras comunidades autónomas y de países del este, según los datos manejados por los sindicalistas.

"No son empresas, son piratas"

Desde ELA responsabilizan al Ayuntamiento de Vitoria de la situación por no garantizar unas condiciones dignas no solo laborales sino de vida a estas personas que levantan infraestructuras públicas. Ante la "impasividad" de Inspección de Trabajo y del propio consistorio, remitirán documentación a la Fiscalía. "Creemos que lo que está pasando es constitutivo de delito. Estudiamos el mejor encaje jurídico y enviaremos la documentación y pruebas que hemos recogido a la Fiscalía", explica Luis Fernández.

El sindicalista se ha reunido también con las asociaciones vecinales de la zona para informarles de las condiciones en que se construye el centro que van a utilizar sus vecinos. "Solo se extirparán estas prácticas si conseguimos ser capaces de crear un clima general de rechazo social, Esto no puede seguir permitiéndose", recalca Fernández, que reclama al mismo tiempo una "voluntad política real" para acabar con esta lacra. "La raíz de todo esto está en las licitaciones, nos condenan a la precariedad. Se dan bajas temerarias que llevan implícitas condiciones de explotación. ¿De dónde van a recortar las empresas para llegar a esos precios?. No son empresas, son piratas que han venido a la ciudad a saquear las arcas municipales. Y ante esto las instituciones, en vez de frenarlas, les ofrecen visitas guiadas y les enseñan todo lo que pueden coger", lamenta Roberto Salgado.

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