La campaña del 10N, intoxicada por propaganda engañosa con el permiso de la Junta Electoral y Facebook
La campaña electoral del 10N ha terminado este viernes. Quedará marcada como la primera donde se pudo documentar la existencia de una red de propaganda tóxica para neutralizar el voto de una parte los españoles, todos los que no votan al PP. Apoyada en al menos una decena de páginas falsas de Facebook que se han hecho pasar por simpatizantes de otros partidos para desmovilizar a su electorado y carteles que empapelaron los barrios de izquierdas de varias ciudades españolas, la campaña de intoxicación ha podido actuar sin trabas gracias a la inacción de la propia red social y el amparo de la Junta Electoral Central, hasta el punto de que se ha reactivado pocas horas antes de la cita con las urnas.
Pese a las evidencias ofrecidas por eldiario.es y El País, que han detallado que la campaña estaba dirigida a anular la participación de los votantes de todos los partidos excepto del PP, empleando para ello una estrategia opaca coordinada por varias personas relacionadas con el partido, tanto la Junta Electoral Central (JEC) como Facebook han decidido no actuar. La primera ha recurrido a jurisprudencia de 1982, más de 20 años antes de que se inventara Facebook, para defender la “libertad de expresión” de los autores de las páginas falsas. La segunda ha alegado que ni esas páginas ni su propaganda sucia violan sus reglas de uso, mientras recibía la inyección de decenas de miles de euros que los intoxicadores invirtieron para aumentar su impacto.
El derecho fundamental a hacer propaganda sucia
En su resolución de este miércoles, la Junta Electoral Central archivó la denuncia del PSOE y Más País contra la campaña que ha metido unos 45.000 euros en Facebook para promocionar mensajes políticos publicados en páginas falsas destinadas a confundir y engañar a los ciudadanos. La red se inventaba diferentes identidades, como si fueran grupos de simpatizantes del PSOE, Más País o Ciudadanos, para atraer a sus simpatizantes y luego hacerles llegar mensajes críticos con sus líderes. Objetivo: que no vayan a votar. A menos votos para esos partidos, más escaños para el PP. Este viernes han protagonizado un sprint final para lograr su objetivo.
La Junta Electoral argumenta que la acción de las personas que crearon esas páginas falsas para promover la abstención, muchas de las cuales intentaron borrar su rastro justo después de ser señaladas, solo pretendían “exteriorizar posiciones críticas”.
Junta Electoral Central: "Debe entenderse que las actuaciones denunciadas están amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión, al no poder considerar que estén directamente encaminadas a captar votos favorables para una candidatura sino a exteriorizar posiciones críticas o discrepantes por determinadas formaciones políticas".
Según la tesis de la Junta Electoral, los intoxicadores han invertido a título personal unos 45.000 euros solo para “exteriorizar” su “posición crítica” en anuncios pagados para que se muestren 14 millones de veces en Facebook.
Además, el órgano enmarca dentro de un puro ejercicio de “libertad de expresión” lo que en realidad encaja con un patrón que replica punto por punto la estrategia que llevaron a cabo los intoxicadores rusos para influir en la opinión pública estadounidense en favor de Donald Trump en 2016. Entonces, los rusos orientaron su propaganda maliciosa contra varios grupos de población muy lejanos ideológicamente al actual presidente de EEUU. Conscientes de que jamás le votarían, su objetivo era que no votaran a Hillary Clinton. Sus anuncios tóxicos defendían que la mejor opción era la abstención o votar a la candidata verde, sin opciones de victoria.
El hecho de un grupo de ciudadanos españoles replique esta táctica e invierta decenas de miles de euros en hacer llegar los mismos mensajes abstencionistas a millones de votantes españoles no resulta sospechoso para la JEC, puesto que ni siquiera ha elevado el asunto a la Fiscalía para que investigue el origen del dinero. Tampoco le parece cuestionable que estas personas invirtieran esos 45.000 euros en segmentar su propia “libertad de expresión”, en vez de intentar hacerla llegar al mayor número de gente posible: su “posición crítica” no se distribuyó a todos los miembros de Facebook por igual, sino que pagaron a la red social para que la hiciera llegar solo a los usuarios que ellos habían seleccionado como más sensibles a su mensaje abstencionista, mostrando varias veces el mismo anuncio a muchos de ellos.
La JEC tampoco encuentra pruebas suficientes de que el PP esté detrás de la campaña. eldiario.es ha detallado cómo Javier Ager Solano, militante de Nuevas Generaciones del PP de Murcia, invirtió unos 17.000 euros en hacer campaña sucia contra los votantes de todos los partidos. Que Josep Lanuza, consultor político a sueldo de uno de los estrategas de la campaña de Pablo Casado, Aleix Sanmartín, invirtió más de 5.500. Y que Javier Vicente Barrallo, presidente de la misteriosa Asociación para la Defensa de los Intereses de España, pagó de su bolsillo mil euros en anuncios en páginas falsas creadas por Javier Ager, que los hay que sumar otros 14.000 que su asociación inyectó en anuncios para elogiar al PP y, también, promover la abstención contra el resto de partidos.
Junta Electoral Central: "Con la documentación presentada por los denunciantes no se ha acreditado mínimamente que esta formación pueda ser autora de los hechos denunciados. A ello cabe añadir que los autores identificados han rechazado explícitamente que esa formación política tenga que ver con esos hechos".
El órgano judicial hace referencia a que las personas identificadas por eldiario.es aseguran que no tienen nada que ver con ninguna trama. La JEC no ha hecho públicas sus alegaciones. Cuando fueron contactados por esta redacción, Barrallo colgó inmediatamente después de saber con quién hablaba y Ager intentó desaparecer borrando su rastro (eliminó sus cuentas en las redes sociales y se retiraron las fotos colgadas por NNGG en las que aparecía). Lanuza, autor de la página falsa 'Yo con Íñigo' que pagaba para desmovilizar el voto de PSOE y Unidas Podemos, trató de convencer a eldiario.es con estas declaraciones: “La iniciativa nace del cabreo con los otros dos partidos de izquierdas que no supieron llegar a un acuerdo por una lucha de egos. Errejón me parece el político más inteligente de la escena española, soy un gran admirador de su tesis doctoral, la cual releo con frecuencia”. Recordemos: Lanuza es empleado de Aleix Sanmartín, consultor del PP en esta campaña electoral.
Por último, la JEC obvia por completo la otra pata de esta operación: los miles de carteles anónimos pegados en varias ciudades con las caras de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y el lema “10N: No contéis conmigo. Yo no voto”.
Junta Electoral Central: "Finalmente, tampoco cabe considerar que se haya podido vulnerar el principio de transparencia, puesto que no se trata de mensajes anónimos sino que en ellos aparecen identificados sus autores".
Los carteles son completamente anónimos y los protagonistas de la red de propaganda sucia se han desvinculado de ellos. Alguien ha pagado varios miles de euros a cambio de distribuir carteles abstencionistas por media España, pero la JEC no considera que esto merezca ser investigado.
Facebook: “No violan nuestras políticas”
La investigación que ha permitido destapar la trama de propaganda sucia ha sido posible gracias a la Biblioteca de anuncios de Facebook, una herramienta de transparencia para poder rastrear quién financia la publicidad política en la plataforma implementada tras el escándalo de Cambridge Anlytica. Sin embargo, la reacción de la red social cuando este medio solicitó información para identificar a las personas que estaban detrás de los anuncios de la campaña sucia fue el silencio.
Portavoz de Facebook: "Investigamos a fondo estos anuncios y páginas y no violan nuestras políticas. Continuamos trabajando para brindar una mayor transparencia a Facebook: nuestros requisitos de transparencia publicitaria ya dejan claro quién está detrás del anuncio, quién lo vio e incluyen un descargo de responsabilidad 'pagado por'."
“Las páginas no violan nuestras políticas”, se limitó a responder una portavoz de la compañía. Desde la red social explican que los autores han seguido el procedimiento necesario para registrarse como anunciantes políticos. A partir de ahí, no supone un problema para Facebook que Ager y Barrallo se hayan dedicado a difundir la misma campaña haciéndose pasar por simpatizantes de diferentes partidos: desde una asociación para “defender los intereses de España” que anima a concentrar el voto de la derecha en el PP; pasando por la de unos supuestos militantes socialistas críticos que quieren 'Recuperar el PSOE'; hasta en 'Contrapoder', cuyos memes percutían a la izquierda del socialismo y pretendían criticar a Podemos por sus intentos de pacto con el PSOE. Tampoco se escapaba Albert Rivera, al que llamaban “veleta” desde una página llamada 'La Naranja' que fingía ser una comunidad de seguidores de Ciudadanos.
Aunque Ager retiró las siete páginas desde las que gestionaba la campaña sucia en cuanto fue señalado (no así otras dos donde distribuía propaganda opaca del Gobierno de Murcia tras la catástrofe natural del Mar Menor), Lanuza y Barrallo han seguido metiendo dinero hasta el final de la campaña. La asociación de Barrallo ha lanzado otros cuatro anuncios en la recta final antes de las elecciones que seguirán activos justo hasta la hora de cierre de los colegios electorales. Facebook no ha congelado la distribución de sus contenidos en ningún momento, ni siquiera tras la denuncia de PSOE y Más País a la Junta Electoral.
La estrategia de siempre funciona esta vez
Negarlo todo y apuntar a una iniciativa personal de un simpatizante se ha convertido en la respuesta de manual del PP cuando se le señala como responsable de una campaña de intoxicación en las redes sociales. En marzo, cuando eldiario.es reveló que un trabajador del partido y un militante de Nuevas Generaciones estaban detrás de un enjambre de cuentas falsas de Twitter para promocionar a Pablo Casado, el PP negó cualquier vinculación y transmitió que no puede controlar a los “simpatizantes y militantes que en su casa hacen lo que quieren”. Meses después Twitter confirmó la información de este medio en un informe sobre las malas practicas del partido. La red social fue clara: la estrategia de manipulación estaba controlada directamente desde el PP.
Ahora, la misma estrategia de desvinculación de las acciones de personas con vínculos claros con el partido ha evitado que tanto Facebook como la Junta Electoral Central profundicen en la implicación del PP con la campaña que ha tratado de atacar con propaganda opaca a los simpatizantes de todos los partidos, excepto a los suyos. También han obviado el papel de Sanmartín, contratado actualmente por el PP y que ofreció la misma estrategia de publicidad opaca al PSOE de Valencia.
Además, la Biblioteca de anuncios de Facebook no es infalible. Esta semana El País señaló una página más que podría haberse hecho pasar por una comunidad de seguidores de Íñigo Errejón para impulsar su candidatura, antes de la convocatoria de elecciones. Esta página pagó porque uno de sus anuncios aumentara su impacto, pero Facebook no detectó que era publicidad política y no obligó a quien lo financió a identificarse. Pese a que la red social aseguró que resolvería el error, días después la persona que pagó la campaña a favor de Errejón sigue siendo desconocida. Cuántos casos como este han podido traspasar los filtros de Facebook y hacer propaganda política (aún más) opaca es una información que, de momento, se queda en el trastero inaccesible de la red social.
