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El Seprona contabiliza en seis años más de 13.000 casos de animales agredidos en Andalucía

Las denuncias ante el Seprona por maltrato de animales domésticos sitúan a Andalucía a la cabeza del ranking autonómico elaborado por la Agencia SINC con datos del SEPRONA.

Entre 2008 y 2013, el Seprona contabilizó 13.092 animales agredidos.

Protectoras y ecologistas advierten que otros muchos casos llegan a policías locales o no llegan a denunciarse.

En uno de los últimos casos llevados a juicio una mujer ha sido condenada a prisión por arrojar desde un tercer piso a dos perros y un gato.

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Dos imputados por maltrato animal tras hallarse seis perros muertos en una residencia canina

FOTO: Seprona

Una noche de verano, dos perros y un gato son arrojados por una mujer desde el balcón de un tercer piso. El gato y uno de los perros, que cayó en un jardín, se salvaron; el otro can sufrió tales heridas que tuvo que ser sacrificado. Vecinos y testigos presenciales desde la calle comunicaron los hechos a la Policía Local de Córdoba y, así, este caso ha podido llevarse ante los tribunales para juzgar a la mujer por un delito de maltrato animal. La Fiscalía le pedía cinco meses de prisión y la acusación particular –la protectora El Arca de Noé- solicitaba un año, la máxima pena contemplada en el Código Penal para este delito. Finalmente, el juez la ha condenado a cinco meses de cárcel y a dos años de prohibición de tenencia o comercio con animales.

Este es uno de los casos de maltrato de animales domésticos que se contabilizan en Andalucía y que han hecho que esta región encabece el ránking de animales agredidos con respecto al resto de regiones de España. Los últimos datos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), sitúan a Andalucía a la cabeza de este particular listado, con 13.092 animales agredidos entre 2008 y 2013, seguida por Castilla y León, con 11.546, y Castilla La Mancha, con 8.383. Estas tres comunidades encabezan también la lista en cuanto a perros de caza maltratados, por delante de Aragón, Extremadura y Cataluña.

Sólo en el último año, los datos del Seprona sitúan a Andalucía como líder de esta estadística del maltrato a perros con 2.658 animales, casos entre los que se cuentan carencias higiénicas y sanitarias, perros robados, transportes inadecuados, abandono, desnutrición, muerte a golpes, tirotos o ahorcamientos. El total nacional en 2013 ascendió a 13.809 denuncias de perros maltratados, que supone un 88% más que en 2008, año en que empezaron a digitalizarse los casos recibidos en el Seprona.

No obstante, colectivos ecologistas y protectoras de animales advierten que a estas cifras se deben sumar otros muchos casos que llegan hasta las policías municipales en cada localidad o bien ni siquiera se denuncian. El propio Seprona señala que sus cifras solo se refieren a casos que hayan sido comunicados a la Guardia Civil, por lo que quedan excluidas las notificaciones a Policía Local, ayuntamientos, juzgados o centros de acogida.

Falta de concienciación social

“No hay suficiente concienciación sobre el maltrato a los animales”, cuenta Teresa Fernández, abogada de la protectora El Arca de Noé, personada como acusación en el caso de la mujer que ahora es juzgada por arrojar a sus animales desde un tercer piso. “Sobre los casos extremos como éste sí hay cierta conciencia, pero de otros muchos habituales, no”, añade y relata numerosos casos de perros atados permanentemente o abandonados en parcelas o en viviendas que quedan desatendidos sin que medie denuncia alguna.

El caso que ha llegado ahora a los juzgados de Córdoba ha hecho que esta protectora se persone en la causa para apoyar la denuncia de los vecinos que alertaron a la Policía Local y, también, llamar la atención sobre casos de maltrato de animales domésticos como este. “La mujer se dedicaba a acumular perros y gatos que luego vendía por Internet. Cuando no los vendía, se deshacía de ellos como podía: los dejaba en el portal de su edificio, los abandonaba en la calle o, como en esta ocasión, directamente los tiró por el balcón”, explica Fernández.

El atestado de la Policía Local que acudió al lugar de los hechos, el testimonio de los vecinos y testigos presenciales que vieron cómo la mujer arrojó a los animales “han sido claves y pruebas contundentes en el juicio”, -dice la abogada. Junto a ello, también se presentó un escrito que los vecinos de la mujer habían presentando con anterioridad en el Ayuntamiento denunciando la situación de abandono en que se encontraban a los animales en su propio edificio.

Mayor sensibilidad y legislación

Esa unión de testigos, protectora de animales y policía ha hecho que en esta ocasión la presunta autora de los hechos sea condenada por un delito de maltrato animal para el que se contempla hasta un año de prisión, siempre que se haya “maltratado injustificadamente al animal, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud”.

En otros muchos casos, como denuncian protectoras y ecologistas, ni siquiera existe denuncia. Para EQUO Andalucía, la estadística que coloca a esta comunidad autónoma en la cabeza del ranking de maltrato de animales domésticos “es indicativa de una falta de sensibilidad social que nos rebaja como sociedad y que las administraciones deben intentar reducir, por medio de leyes y medidas pedagógicas”.

En ese sentido, llaman la atención sobre la necesidad de “legislar y hacer cumplir las normativas sobre bienestar animal en Andalucía”. En palabras de Esteban de Manuel, coportavoz de EQUO Andalucía “el nivel moral de una sociedad se puede valorar por la forma en que trata a los seres más desvalidos, entre los que se encuentran, sin duda, los animales. En Andalucía el peso de los lobbys que propugnan o toleran de una forma u otra el maltrato y la crueldad con los animales es muy fuerte”.

E igualmente, recuerda que tras la creación en 2012 del Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía, “del mismo no forma parte ninguna representación de asociaciones proteccionistas ni colectivos animalistas andaluces”, algo que califican como “escandaloso” y que llevó al Observatorio de Justicia y Defensa Animal a denunciarlo en 2013 ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

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