La mujer con discapacidad desahuciada en Málaga encuentra nueva casa
A mediodía del miércoles pasado, Lucía Mateos se encontró en la calle sin sus pertenencias y sus medicinas. Esta señora de 59 años, con una discapacidad reconocida del 66%, no tiene familia ni trabajo y recibe una pensión no contributiva que no llega a los 400 euros. Vivía en una pequeña estancia de una habitación y cocina-comedor en el centro de Málaga, pero en un procedimiento fulminante fue desahuciada por no pagar varias rentas del alquiler. Contribuyó también un posible error administrativo: la solicitud de parar el procedimiento mientras se designaba un abogado de oficio nunca llegó al juez, que emitió la orden. Una semana después, la situación ha dado un vuelco. Cáritas ha ayudado a Lucía a encontrar una vivienda y la empresa propietaria de su antigua casa contribuirá con el pago de parte del nuevo alquiler durante unos meses.
La señora encontró nueva vivienda este martes, explican desde Cáritas. Durante los próximos seis meses la empresa propietaria de su antigua casa pagará 200 euros, ella 100 y Cáritas aportará 50. “Me enteré de esto por Whatsapp. Cuando vimos la foto de ella en la calle nos dimos cuenta que hay casos en los que el dinero es secundario”, explica Daniel Maldonado, uno de los socios de la empresa que arrendaba la vivienda a Lucía. La señora debía nueve meses de alquiler y, según relata Maldonado, nunca les había contado que el pago de su pensión fue interrumpido durante una temporada. Tampoco era consciente de su discapacidad: “Yo vivo en Madrid y me enteré por la prensa de la situación en la que estaba”.
Lucía cobra una pensión no contributiva de unos 350 euros y pagaba 244 euros de alquiler. En Cáritas le proporcionaban comida desde hace al menos tres años y le ayudaban con el pago de la renta. El impago se produjo a raíz de que fuera operada de una grave enfermedad a principios de año, según explica ella. Durante su convalecencia no pudo pedir el certificado de fe de vida exigido para el cobro de la pensión, por lo que dejó de cobrar y durante esos meses no pagó el alquiler. Cuando solucionó el trámite (“junio o julio”, dice) volvió a pagar. “Pagaba en el Jardín de los Monos, en una oficina junto a un gimnasio y la señorita me cogió el dinero. Yo cobraba, señor, iba y le llevaba 244 €. Cobro trescientos y pico. Ella sabría que me iban a echar, ¿o no lo va a saber, señor? ¿Entonces por qué me cobra?”, lamentaba Lucía la semana pasada.
Cuando se enteró de que la iban a desalojar, ella pidió un abogado de oficio al Colegio y ese mismo día, el 30 de octubre, presentó un escrito solicitando la paralización del procedimiento. “Llevé el papel y me dijeron que no me preocupara porque me lo iban a paralizar, que me iban a poner un abogado de oficio me dijeron”, relata. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita prevé que se pueda parar el proceso cuando se nombra un abogado, para evitar la indefensión. Pero hasta el 9 de noviembre el Colegio de Abogados no designó el letrado de oficio para Lucía, según documentación a la que ha tenido acceso este medio. Y el miércoles 18, sin que abogado y clienta se hubieran conocido, Lucía fue puesta en la calle. Una semana después, tiene nueva vivienda.
La antigua casa, en pleno centro histórico, tiene humedades y está muy deteriorada. Allí llevaba 15 años. En noviembre fue adquirida por Amigos de Villa Latina, S.L. Lucía, que hasta ahora solo recibía la pensión no contributiva, pedirá ahora la de invalidez. No sabe leer y escribir y tiene una discapacidad intelectual reconocida del 66%. Cáritas la atiende desde hace años y desde hace una semana buscaba junto con Stop Desahucios y Daniel Maldonado una nueva vivienda para ella. Después de varios días durmiendo en habitaciones por 38 euros la noche, tiene desde el martes nueva casa.
