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El sistema de bicis que Maroto nunca llegó a implantar podría costar a Vitoria 180.000 euros

La empresa adjudicataria del sistema de alquiler de bicis públicas, Prisma Global, reclama esa cantidad al Consitorio vitoriano en concepto de daños y perjucios por la suspensión del servicio.

El PP alegó falta de recursos económicos para paralizar el proyecto adjudicado "porque la ayuda del Gobierno vasco no llegó a materializarse", un extremo que niegan fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambas instituciones.

Sobre la indemnización reclamada sostienen que la firma se adelantó a los acontecimientos y efectuó un desembolso para adquirir las bicicletas "cuando aún no se había firmado contrato alguno".

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Estación de BiciMad en la plaza de Santo Domingo a primera hora de la mañana

El sistema de préstamo vigente en Madrid es similar al que se iba implantar en Vitoria-Gasteiz.

Las 450 robustas bicicletas de titanio y acero prometidas por el popular Javier Maroto ni están ni se las espera. Pero lo que sí puede llegar al Ayuntamiento de Vitoria es una sentencia, otra más, que obligue al consistorio a pagar por este caso, 180.000 euros a la empresa Prisma Global. Esta firma- aliada con la catalana Moventia- fue la adjudicataria hace dos años del sistema público de alquiler de bicis que el PP nunca llegó a implantar. Cuando recibió la comunicación por parte del Ayuntamiento de que quedaba cancelado el contrato, Prisma Global ya había cerrado acuerdos con proveedores como la empresa canadiense suministradora de las bicicletas y por ello reclama esa cantidad en concepto de daños y perjuicios.

Desde el Ayuntamiento aseguran que sus Servicios Jurídicos no han visto suficientemente justificados los costes que  reclaman al Consistorio. Exponen que la empresa "efectuó esa inversión antes de tiempo, ya que cuando lo hicieron aún no se había firmado contrato alguno". 

El popular Javier Maroto presentó en el 2012 el servicio como uno de los proyectos estrella de la ciudad. Prometió 450 flamantes bicicletas de titanio y acero, disponibles en 50 puntos distribuidos por toda la ciudad. La instalación prevista iba a permitir, a través de anclajes,  que los usuarios pudiesen recoger o depositar los vehículos con una simple tarjeta de crédito, en el caso de los turistas, o a través de una tarjeta de abonado como existe en otras capitales. En el caso de Vitoria la idea era poder aprovechar la tarjeta BAT que sirve a los vitorianos tanto para el acceso a los tranvías como a los autobuses urbanos. La flota tomaba como modelo los vehículos de dos ruedas utilizados en la ciudad estadounidense de Boston, que dispone de una amplia red de bicicarriles y un completo servicio de alquiler.

Pero lo cierto es que la Green Capital, durante su año de vigencia, no contó con un alquiler de vehículos sostenibles y las bicis de alquiler continúan aparcadas en vía muerta. La situación se arrastra desde febrero del 2012, cuando quedaba clausurado uno de los primeros sistemas de préstamo totalmente gratuito vigente desde el año 2004 y desde que quedó suspendida después la puesta en marcha del nuevo proyecto adjudicado a Prisma Global.

El equipo de Gobierno del PP alegó entonces falta de recursos económicos "porque la ayuda del Gobierno Vasco no llegó a materializarse", un extremo que niegan fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambas instituciones. Según esta versión desde el Ejecutivo, a través de una línea de ayudas del Ente Vasco de Energía, se concedieron 839.000 euros para abordar el proyecto. Pero esta cantidad no llegó a las arcas municipales porque no presentaron la documentación requerida para recibir la ayuda en el plazo estipulado. No obstante, pese a haberse agotado el periodo de tramitación de la subvención ,el Gobierno vasco dejó consignada esa cantidad. “Estuvo a disposición del Ayuntamiento pero nunca recurrieron a ella. El Gobierno de Javier Maroto no quería renunciar a este sistema pero siempre que el grueso de la financiación corriese a cargo del Ejecutivo vasco. Querían un convenio personalizado para ellos que implicaba más dinero que el contemplado en las ayudas del EVE que finalmente desaprovecharon", han relatado dichas fuentes a eldiarionorte.es.

En cualquier caso el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está inmerso de nuevo en otro procedimiento judicial que puede desembocar a una nueva indemnización. Por  expropiaciones mal tasadas suma ya reclamaciones de cerca de diez millones de euros y Europa podría reclamarle la devolución de parte de los 8.205.078 euros, la cantidad cedida por los fondos FEDER para la construcción de una infraestructura que no cumple con su cometido y de hecho, está inutilizada. El grupo municipal de EH Bildu va a solicitar la comparecencia del alcalde Javier Maroto para que explique la decisión de anular el servicio.

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