Billete de vuelta por un delito de juventud
“Soy sevillista hasta la muerte”, anuncia Marlon Ramírez desde Cali (Colombia). Ha pedido el día libre para ver el derbi europeo por televisión y en su brazo izquierdo brilla la tinta roja de un escudo sevillista marcado sobre la piel. Explica que estaría en el Sánchez Pizjuán si no fuera porque ahora vive a 8.000 kilómetros, en casa de su abuela: fue expulsado de España y no podrá volver a Sevilla en cinco años. Llegó a la ciudad del Guadalquivir en 2005 y fue devuelto a Colombia nueve años después, expulsado por no haber renovado el permiso de residencia.
Su madre y sus hermanas viven en Tenerife; él vivía en el Polígono San Pablo hasta que fue detenido por la policía a finales de noviembre del año pasado y enviado al CIE de Algeciras. Desde allí pasó al otro lado del océano. Y a mediados de abril el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla ratificó su expulsión y la prohibición de regresar a España. En la decisión pesó la existencia de antecedentes policiales, que desembocaron en una condena cuando era menor.
Vivió la época gloriosa del club de Nervión, y pasó por las gradas del Santiago Bernabéu y del Camp Nou cuando aquellas finales de la Copa del Rey, en 2007 y 2010. Llegó a España en el año 2000, con nueve años, y aquí vivió desde entonces, descontando dos años (entre 2003 y 2005) en los que regresó a Colombia. Entonces era residente legal. “Yo me crié en España. Mis costumbres son las de allí. Me adapto a cualquier lugar, pero me duele no poder volver por una equivocación”. Fue condenado por robo y cumplió 22 meses en un centro de menores. Entró con 17 años y 10 meses y salió casi dos años después, con el graduado escolar y con el título que le ha servido para ser pintor.
La resolución del juzgado admite que la multa es la sanción habitual para casos como éste y que la expulsión requiere de una motivación sustentada en razones de proporcionalidad y en el daño o riesgo derivado de la infracción cometida, que es la “permanencia ilegal”. La sentencia también añade que deben tenerse en cuenta “las circunstancias jurídicas o fácticas que concurren”. Pero después de reseñar la importancia de motivar la sanción de expulsión, justifica que la resolución administrativa no contuviera ninguna. “Resultaría en exceso formalista despreciar esa motivación por el hecho de que no conste en la resolución misma, siempre que conste en el expediente administrativo”. La jueza explica que los antecedentes, las incongruencias respecto al domicilio y carecer de medios de vida “sin que se acredite que viva en España de la ayuda económica de su madre” son razones suficientes para expulsar al joven.
La Ley de Extranjería establece que antes de expulsar a un residente de larga duración deberá tomarse en consideración cuánto tiempo lleva en España y “los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado”. Pero no es “residente de larga duración” desde que no renovó a tiempo su permiso de residencia, caducado en 2011. Él asegura que intentó renovarlo a finales de 2012, y que las autoridades se negaron por sus antecedentes.
Su abogado cree que no se tuvo en cuenta el arraigo ni la situación en la que ha quedado volviendo a Colombia. Que debía haberse suspendido la expulsión, a la espera de que se resolviera el recurso sobre la solicitud de renovación del permiso de residencia. “Él va a un país que no conoce. Todo su arraigo lo tiene aquí. La expulsión es la medida más drástica”, dice el letrado. “Los policías que me custodiaban me decían que yo tenía el arraigo, pero que tenía delitos. Yo les dije que era de menores y que había cumplido”, lamenta el joven.
Pese a que recurrirá la sentencia, se ha hecho a la idea de que no podrá volver en cinco años. En Cali trabaja repartiendo publicidad, y teme ser reclutado para realizar el servicio militar obligatorio. Los últimos días en España los pasó como interno en el CIE, primero en Algeciras, después en Tarifa. Ingresó el 24 de noviembre. “Cuando llegué a Algeciras pedí la Ley de Extranjería, pero me dijeron que no tenían”, cuenta ahora. Es uno de los 22 firmantes de la denuncia por las instalaciones del CIE de Algeciras y el trato recibido allí, de la que informó eldiario.es/andalucía. El origen de aquella crisis en el CIE, que provocó que se reforzara con varias decenas de policías en previsión de un posible motín, fue la desaparición de un mechero de una de las garitas de vigilancia. Finalmente, Marlon Ramírez, junto a otros internos latinoamericanos, y otros dos de origen asiático fueron trasladados a Tarifa. Y de Tarifa a Cali. “Yo sé que mi sitio está en España. Todas mis amistades… mi vida está allí”, dice desde Colombia.
