La portada de mañana
Acceder
La Audiencia investiga al Banco de Chile por blanqueo de capitales de los Pinochet
Mapa - Nueve provincias superan el 10% de hospitalizados por COVID-19
Opinión - La ausencia de Pere Aragonès, por Javier Pérez Royo

La comisión de investigación del Parlamento de Andalucía apunta a Chaves y Griñán como responsables del caso de la formación

Julio Díaz camino del registro de su proyecto de dictamen de la comisión de investigación.

La propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre los fondos de formación profesional para el empleo que ha registrado este lunes su presidente, Julio Díaz, fija en Manuel Chaves y José Antonio Griñán la máxima responsabilidad política por el nombramiento de los cargos a los que achacan las "incidencias e irregularidades" con estos fondos públicos.

El presidente de la comisión de investigación  de la formación logra más margen para concluir su dictamen

El presidente de la comisión de investigación de la formación logra más margen para concluir su dictamen

Con ello, el diputado de C's mantiene el foco contra los predecesores de Susana Díaz cuya imagen insiste en limpiar el PSOE-A en el caso ERE y lógicamente en el de la formación que directamente califica de "bluf" porque se está desinflando en los juzgados. Es más, el dictamen ha sido registrado en el Parlamento de Andalucía justo cuando se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que los expresidentes de la Junta de Andalucía sean citados en calidad de investigados en la pieza que afecta a Ángel Ojeda, exconsejero y el mayor beneficiario de estos fondos públicos, en relación con los 33 millones de euros que recibieron sus empresas para la formación de extrabajadores de Delphi.

En concreto, de Manuel Chaves dice que su responsabilidad política es "in eligendo e in vigilando a lo largo de todos sus años de presidencia". De José Antonio Griñán sólo se refiere a in eligendo dado que paró las convocatorias tras estallar el escándalo sobre el destino que los beneficiarios podrían estar dando a estos fondos públicos.

Tras los expresidentes, la ponencia cita a todos los titulares de la Consejería de Empleo -los también investigados por el caso ERE José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio- y los viceconsejeros "competentes en la materia desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012". También a los "titulares de la dirección del SAE y de las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía con competencias en la materia". Igualmente, ve como responsables políticos a los titulares de las delegaciones del SAE en las provincias, de las secretarías generales y de las direcciones generales con estas competencias en el mismo periodo.

"En términos generales puede afirmarse que no se ha llevado a cabo la debida vigilancia y control que debiera ejercer cualquier responsable político, institucional sobre sus subordinados, podrían haber sido más diligentes, lo que sumado a que no se hubiesen establecido directrices unitarias y conjuntas, todo perjudicase la gestión de la formación profesional para el empleo en Andalucía", sostienen las conclusiones.

Habla de trabas del Gobierno de Andalucía

En este texto se deja constancia también de las dificultades para llevar a cabo los trabajos de la comisión de investigación "con la normalidad necesaria y deseable", entre otras cosas porque cuando se producían las comparecencias, en diferentes juzgados existían procedimientos abiertos en los que, de una u otra forma, estaban inmersos varios de los citados. Pero también, el escrito que ha sintetizado Julio Díaz a partir del dictamen que elaboró cada grupo no oculta que se han encontrado "numerosas vicisitudes y dificultades a la hora de la remisión, por parte del Gobierno de Andalucía" en la fase previa de documentación.

Eso sí, el informe considera que no hubo menoscabo de fondos públicos, tesis que sostuvo sólo uno de los nueve interventores que comparecieron en la comisión de investigación. Reconoce también que desde que el Gobierno de Andalucía estableció un plan para depurar estos expedientes, a raíz de estallar el caso, se ha notificado el reintegro de unos 90 millones de euros que no han sido debidamente justificados por los beneficiarios, pero sólo se ha recuperado una mínima parte.

52 propuestas de mejora

El documento se completa con 52 propuestas de mejora para evitar en el futuro una situación como ésta. Destacan la exigencia de que el Gobierno de la Nación desarrolle la nueva Ley de Formación Profesional para el Empleo, aprobada en septiembre de 2015, "que no ha podido ser aplicada". También se pide la aprobación de la Ley de Formación profesional para el Empleo de Andalucía, "que recoja las singularidades propias de la comunidad autónoma".

Es más, se propone también que se lleve a cabo "una más que necesaria regulación integral" de las propias comisiones de investigación, "donde se establezcan de forma expresa, y con meridiana claridad, de inicio a fin todos los procesos, relaciones y elementos que le son propios a fin de evitar lagunas, facilitar su desarrollo y en definitiva puedan alcanzar con plenas garantías el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada caso".

De supuestos falsos testimonios

En la ponencia hay también un anexo con la información relativa a supuestos falsos testimonios de comparecientes en la comisión de investigación de la que han hablado socialistas y populares. El PSOE-A, contra el funcionario Teodoro Montes, principal denunciante y testigo protegido del caso cuando lo llevaba la jueza Mercedes Alaya, y el empresario José María Pérez Gonzáles. El PP-A, contra Ángel Ojeda y su cuñada Teresa Florido, exalto cargo de la Junta de Andalucía e incluida entre los responsables políticos en esta propuesta.

La síntesis es "fruto del trabajo de todos los grupos" y ha sido "complejo porque había que encajar distintas sensibilidades", en palabras de Julio Díaz, quien tras registrar su documento de 135 páginas ha ofrecido una rueda de prensa pero se ha limitado a leer el índice aludiendo al carácter "reservado" y "secreto" del mismo lo que ha enfadado a los periodistas teniendo en cuenta que las comparecencias en el órgano habían sido públicas y vía streaming. De hecho, los grupos han pasado a la prensa el documento en cuanto lo han recibido poco después.

"He querido hacer una reflexión también sobre la importancia de las comisiones de investigación como una herramienta útil y cotidiana", ha expuesto Julio Díaz en su comparecencia. Confía, de hecho, en que esta vez si haya acuerdo entre los grupos para "por primera vez" aprobar un dictamen de una comisión de investigación.

Esta propuesta la hace Julio Díaz como presidente de la comisión de investigación si bien no puede obviarse en que vísperas de presentar sus conclusiones el pasado mes de septiembre su grupo habló de "una responsabilidad política brutal", en palabras del presidente de C's Juan Marín. En este sentido pese a que Julio Díaz no actúa como diputado de C's sino como presidente de la comisión de investigación en este resumen, es cierto que los socios de investidura de Susana Díaz tenían claro desde le principio que había que buscar responsabilidades políticas donde los socialistas no ven motivos para ello. Y habían puesto el listón en sus dos predecesores mientras que el PP-A era el que iba más lejos y pedía llegar a Susana Díaz, entre otras cosas por mantener suspendidos unos fondos públicos que no han vuelto a convocarse hasta finales de 2016 sin que todavía se hayan resuelto las subvenciones.

Sin embargo, horas antes, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, insistía en que los juzgados "ya han dejado más claro que nunca que no hay delito ninguno ni trama". En esta línea, ha acusado a los populares de querer usar esta herramienta para desgastar el Gobierno de Susana Díaz. "El PP no se entera de que no hay caso", ha enfatizado el número 2 del PSOE-A exigiéndole a Juan Manuel Moreno perdón por "el escarnio público al que ha sometido a tantas personas", prácticamente echándoles las culpas a los populares de que "salieran de sus casas personas esposadas". Un perdón que entiende que también deben pedir a los andaluces por privarles de estos fondos públicos, cuando fueron paralizados por el Gobierno de Andalucía.

Cabe recordar que la comisión de investigación fue aprobada por el pleno en septiembre de 2015 a petición de C's y con el respaldo de todos los grupos menos el PSOE-A. Su objetivo es depurar responsabilidades políticas de la gestión de estos fondos públicos desde 2002 hasta el presente, teniendo en cuenta que la última convocatoria de subvenciones fue en 2011. Fueron elegidos 69 comparecientes de los que la mayoría cumplió con el llamamiento del Parlamento de Andalucía, destacando el plantón de la ministra de Empleo Fátima Báñez.

Tras haberse registrado esta ponencia, hasta el 27 de febrero los grupos tendrán de plazo para presentar propuestas de cambio y el 22 de marzo estará el dictamen para elevarlo a la Mesa de la Cámara con la previsión de que vaya para el pleno del 29 y 30 de ese mes.

Etiquetas
Publicado el
6 de febrero de 2017 - 19:43 h

Descubre nuestras apps