Defensores del Pueblo Nacional y Andaluz investigarán de oficio la atención a presos con Hepatitis C
Las oficinas de defensores del pueblo nacional y andaluz han acordado abrir una investigación conjunta de oficio para recabar información sobre la atención sanitaria que está recibiendo la población presa enferma de Hepatitis C en Andalucía. “Nos preocupa muchísimo el tratamiento de estos enfermos”, explica Jesús Maeztu. Responden así a varias quejas recibidas hasta el momento de internos (unas seis en el caso de la Oficina del Pueblo Andaluz) y a los escritos presentados por la Asociación Pro Derechos Humanos de la comunidad autónoma sobre este particular. De hecho, la APDHA acaba de presentar un informe ante el defensor en el que detalla “la vulneración flagrante de los derechos humanos” por parte de Instituciones Penitenciarias de las personas reclusas en el caso de padecer Hepatitis C, especialmente el genotipo 1, por motivos “méramente presupuestarios”.
Una de las quejas recibidas por el defensor del Pueblo Andaluz es el caso de Manuel Jesús T., quien escribió una carta a esta institución en julio de 2012. Padece un tipo específico de Hepatitis C (genotipo 1) combinado con VIH desde 1988 para el que el Servicio Andaluz de Salud está administrando a enfermos libres con similares características a las suyas un nuevo fármaco autorizado desde 2011 (el telaprevir). Sin embargo, Instituciones Penitenciarias, responsable de la atención médica y del gasto farmacéutico de los presos, lleva negándole el acceso a la nueva combinación de fármacos (que incluyen el telaprevir) desde entonces y Manuel ha recorrido un camino judicial interminable con el que,casi dos años después, aún no ha logrado ver reconocido su derecho de tratamiento por completo mientras su salud se deteriora. Ni siquiera con sentencias a su favor, como la emitida por un juzgado de vigilacia penitenciaria que ordenó a IIPP asumir el tratamiento de Manuel sin más dilación al correr peligro su vida.
De hecho, explica Maribel Mora, coordinadora de APDHA, este fármaco “cuya administración está normalizada en la sanidad pública” evita con un porcentaje de éxito muy elevado (un 75%) que el paciente desarrolle cirrosis o cáncer, en cuyo caso la única solución posible sería el trasplante, suponiendo un gasto mayor. Los recortes presupuestarios de Instituciones Penitenciarias y la coincidencia con la ruptura del convenio entre Junta de Andalucía y Ministerio del Interior en 2013 para la atención sanitaria a unos 16.000 reclusos en Andalucía, debido a un desacuerdo por parte del Ministerio sobre el modo de pago, están en el origen del problema. En este tiempo, Instituciones Penitenciarias ha argumentado “imposibilidad presupuestaria” para atender las necesidades sanitarias de dichos presos ya que el tratamiento con telaprevir suma unos 40.000 euros más a los medicamentos administrados; ha “confeccionado un registro de este tipo de enfermos” a modo de cupo como explicaba el propio Ministerio del Interior en una carta al Defensor; y, recientemente está derivando a los presos con esta patología al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, argumentando que es un tratamiento que necesita ingreso hospitalario. Como en el caso de Manuel, al que IIPP insiste en trasladarlo a la capital.
Pero “los motivos económicos no son razones para desatender el derecho a la salud de la población presa”, explican desde APDHA; la lista de espera sumaba 35 personas en enero de 2014 habiendo atendido entre agosto de 2012 y octubre de 2013 a cuatro pacientes, con lo que el traslado no garantiza el tratamiento inmediato -mientras en los hospitales de la sanidad pública española,“desde finales de 2011, se han administrado 2000 tratamientos-. Y especialistas como el doctor Manuel Leal, de la Unidad de Infecciosos del Hospital Virgen del Rocío, aseguran que se trata de una medicación que se puede ”administrar de forma ambulatoria porque además los médicos penitenciarios son de primera línea y están plenamente capacitados“. Fuentes del SAS confirman que ”el diagnóstico es hospitalario pero no el tratamiento para el que no es necesario estar hospitalizado“. Además, según afirma APDHA y confirma el SAS, en Andalucía no existen listas de espera para acceder a este tratamiento.
“Se garantiza su tratamiento”
Instituciones Penitenciarias aún no ha contestado a las preguntas del Eldiario.es/andalucia pero en el Congreso de los Diputados el pasado febrero de 2014, a pregunta de Izquierda Plural sobre este asunto, respondió que son “las autoridades andaluzas las que se han negado a dispensar el fármaco”.
Sin embargo, el SAS asegura que “no se va a penalizar al enfermo por desacuerdos administrativos”, por eso “a todo preso que lo necesite, y se lo prescriba su médico especialista, se le garantiza el tratamiento”, aunque no han podido precisar desde cuándo está rigiendo esta nueva medida. Aún no hay convenio firmado entre ambas administraciones pero mientras se esclarece, “que será no muy tarde”, “existe un clima de entendimiento” y el tratamiento con telaprevir a enfermos con Hepatitis C genotipo 1 “se está facturando como una acción sanitaria más”.
