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Las organizaciones sociales de Andalucía denuncian: “Con el coronavirus están aflorando problemas que ya teníamos”

"Somos mucha gente buscando y no dan abasto los contenedores", dice María del Carmen.

Javier Ramajo

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La Junta de Andalucía aprobaba este lunes una serie de medidas sociales y asistenciales ante la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19), incluida la creación de un grupo de trabajo para situaciones de emergencia entre las personas vulnerables. Las consecuencias de esta crisis, aunque están aún por determinar, afectarán a toda la sociedad, pero no es difícil imaginar que incidirán en mayor medida sobre las personas en situación de vulnerabilidad, y más aún si se tiene en cuenta que aún muchas no habían logrado superar los efectos provocados por la crisis socioeconómica de los últimos años.

Andalucía concentra una de cuatro personas en riesgo de exclusión social en España. La comunidad autónoma volvió a incrementar el año pasado sus datos de pobreza y rompía la tendencia descendente de los dos ejercicios anteriores, alcanzando a más de 3,2 millones de andaluzas y andaluces (un 38,6% de la población). La expansión de la pandemia y todas las medidas políticas, económicas y sociales también redundan en las personas con más dificultades. “Está aflorando toda la problemática que ya realmente teníamos y que, con el coronavirus, a quien en mayor medida está afectando es a las personas más vulnerables”.

Así opina el nuevo presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), compuesta por 54 entidades sociales, Juan Luis Delcán, que el pasado martes 24 de marzo fue uno de los diez participantes, a través de videoconferencia, de la sesión extraordinaria de la comisión permanente de diálogo social entre la Junta de Andalucía y la Mesa del Tercer Sector.

Presidida por la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, quien agradeció el esfuerzo de las entidades de acción social como prestadoras de servicios básicos para la ciudadanía, las vocalías en representación de Cáritas, Cruz Roja, ONCE, CERMI y Plataforma Andaluza de Voluntariado plantearon diversas cuestiones. Entre otras muchas peticiones, solicitaron la “máxima protección” para los colectivos más vulnerables de la población (mayores, migrantes, refugiados, población gitana, menores tutelados, personas pobres o en riesgo de exclusión social, trabajadores con empleos precarios, etc.) ya que las entidades sociales temían y temen “que no existan recursos y atención suficiente”.

Material de protección

Las organizaciones consideran que la paralización de actividades derivada del estado de alarma ha provocado que miles de familias hayan dejado de percibir las atenciones de colectivos vulnerables (infancia, mujer, personas sin hogar, discapacidad…), así como la paralización de gran parte de la acción que prestan personas trabajadoras y voluntarias que no pueden acercarse a estos colectivos.

En declaraciones a eldiario.es Andalucía, Delcan, que tomó posesión de su cargo el pasado 5 de marzo, señala que las entidades y organizaciones sociales están “en continua interlocución con la administración autonómica” y que trasladaron la pasada semana a la Junta una serie de solicitudes concretas por su parte como facilitar material a las organizaciones sociales para que puedan atender con protección y seguridad a las personas más vulnerables, garantizar que los programas que las entidades están desarrollando tuvieran flexibilidad en cuanto a los objetivos perseguidos de cara a la posterior justificación y, derivado de ello, como medida de apoyo financiero y tributario, que los contratos de personal contemplados en la ejecución de los proyectos, pudieran imputarse en su totalidad en la posterior justificación ya que el personal sigue trabajando desde sus casas.

Según explica Delcán, “hay mucha incertidumbre en las entidades”. “Como no se haga bien todo esto, se le puede hacer muchísimo daño a las entidades, incluso la desaparición y daño al tejido asociativo de Andalucía”, advierte. El presidente de EAPN-A señala que “algunos ayuntamientos están haciendo un esfuerzo con mayor rapidez en determinadas áreas, por ejemplo el Ayutamiento de Cádiz con las personas sin hogar, aunque otros van a paso de tortuga y cuando implementan medidas ya van tarde”.

Respecto a los asentamientos de inmigrantes “está siendo lamentable porque nadie se está ocupando de hacer un planteamiento. Son un punto de abandono social y foco de posibles contagios, con gran dificultad de acceso al agua potable, algo tan sencillo y tan duro como agua potable”, como ya advirtió este fin de semana la Mesa Social del Agua.

51,7 millones desde Madrid

“Hay muchas situaciones en Andalucía que se deberían estar desarrollando con mayor agilidad por parte de la administración. Toda la cascada que va desde el denominado 'escudo social' del vicepresidente Pablo Iglesias, con una financiación que va a las autonomías y luego a los ayuntamientos, se van generando medidas muchas veces de ensayo-error y con lentitud”, señala Delcán. Cabe recordar que la comunidad que más fondos percibirá del plan de choque en función a su población y otros criterios es Andalucía (51,7 millones de euros), seguida de Catalunya (45,5) y Madrid (38,8). La consejera trasladó a las entidades que la cantidad prevista era “insuficiente” para Andalucía, dice Delcán.

El representante de las entidades alude también a “un problema que se va viendo día a día como es la alimentación”. “Hay personas que se buscan la vida en mercadillos y tienen actividades de economía sumergida, que no tienen ahorros, viven al día y esta situación supone un desastre para cuestiones de la vida doméstica como es la alimentación. Se trata de garantizar la alimentación de los menores a través de los centros educativos, pero hay menores que no están en ese programa y muchas familias que no están recibiendo ningún tipo de apoyo económico para acceder a ese bien básico como la alimentación”.

Delcán también comenta que algunas cuestiones “se están dejando en manos del Ejército pero el Ejército acude a situaciones de mucha emergencia, como han sido la asistencia a determinada residencias de ancianos o, por ejemplo, cuando cientos de marroquíes no podían pasar la frontera. El Ejército no supone una estabilidad con la que se pueda contar”, apunta.

“Vamos muy lentos y estamos llegando tarde”, lamenta Delcán, que explica que “con las personas sin hogar, por ejemplo, se está generando un problema porque se está confinando a mucha gente. Ya sabemos, además, que los macrodispositivos de cien personas no son los más adecuados. Entiendo que es algo temporal por el coronavirus pero eso es una bomba de relojería, con personas con problemas de drogadicción que tienen síndrome de abstinencia, entre otras problemáticas”.

Comunicación e información

Delcán comenta que están tratando de mantener en estas fechas el “trabajo en red” con las entidades, “sobre todo para que la información vaya circulando porque hay desconocimiento de cuáles son las directrices y la trayectoria que está asumiendo la administración y por dónde camina a cada paso”. “Siempre estamos con la última hora, anunciando medidas que no sabemos bien cómo se van a concretar y cómo se articulan. Estamos tratando de coordinarnos bien con las entidades del Tercer Sector, haciendo mucho traspaso de información para que las entidades intenten bajar el nivel de actividad y sepan adaptarse a los momentos por los que atravesamos”, añade.

Cabe recordar que la Mesa del Tercer Sector de Andalucía es una entidad creada en 2013 y agrupa a las organizaciones más representativas de Andalucía con idea de defender el valor de lo social y los derechos sociales y favorecer la colaboración público-privada en beneficio de las personas más desfavorecidas. Su acción repercute directamente sobre más de dos millones de personas en nuestra comunidad y está compuesta por más de 50.000 profesionales y 150.000 personas voluntarias.

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