El Gobierno de Moreno recompra 70 sedes de la Junta por 328 millones para ahorrarse su alquiler durante diez años

El Gobierno andaluz va a recomprar 70 edificios repartidos por toda la comunidad -sedes de la Junta donde trabajan 8.600 empleados públicos- que vendió en 2014 a la multinacional Inversiones Holmes para luego alquilárselos por un periodo de 20 años. El Ejecutivo socialista de entonces ingresó por aquella operación 300 millones de euros, y la readquisición de los inmuebles, 11 años después, le costará al Gobierno de Juan Manuel Moreno 328 millones.

Sin embargo, el contrato original obligaba a la Junta a arrendar sus antiguos edificios durante 20 años, por lo que el coste final en rentas de alquiler al nuevo propietario superaría los 708 millones de euros. Hasta este año, el Ejecutivo andaluz ya había abonado 278,8 millones y le restan por pagar 430 millones en alquiler hasta 2034, cuando finaliza el contrato, según una estimación de la Junta, teniendo en cuenta que la actualización de las rentas está vinculada al IPC.

Al interrumpir ese contrato y renegociar con la empresa la recompra de los inmuebles, la Junta prevé ahorrar los 100 millones que le quedaban por pagar, además descuenta 35,6 millones al año en alquiler de aquí a 2034, una cifra que representa casi el 62% de los alquileres que actualmente está pagando (más de 57,6 millones de euros anuales). El Ejecutivo andaluz tirará de fondos propios para abonar los 328 millones de esta operación, que computará en el capítulo de gastos de los Presupuestos Autonómicos para 2024.

La operación de recompra del patrimonio público de la Junta no era sólo una cuestión de números, también traía implícita una rotunda crítica al anterior Gobierno socialista que “malvendió” aquellos inmuebles, para luego alquilárselos a su nuevo dueño. De ahí que haya sido el propio presidente de la Junta quien ha defendido este lunes, en primera persona, este desembolso millonario en activos inmobiliarios a final de año, cuando apenas faltan unos días para presentar las cuentas del año que viene.

Moreno ha comparecido junto a la consejera de Hacienda, Carolina España, en la sede de la Consejería de Igualdad e Inclusión Social, uno de los 70 inmuebles alquilados de la Junta que ahora se recupera para el patrimonio público. “Este no era un contrato ventajoso para la Junta”, ha dicho el presidente, tildando de “operación ruinosa” la compra y posterior arrendamiento de los edificios.

“Operación ruinosa”

El presidente andaluz ha anunciado esta mañana el acuerdo alcanzado con el fondo de inversión WP Carey, propietario de la empresa Inversiones Holmes, para adquirir unos activos inmobiliarios en Andalucía que la firma ya tenía “intención” de vender como parte de un “proceso de desinversión” en edificios.

Moreno ha querido presentar él mismo este acuerdo para señalar directamente a la responsable de lo que, considera, “fue una operación ruinosa para Andalucía”: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consejera del ramo en 2014, cuando se vendieron los 70 edificios de la Junta.

En 2014, todas las comunidades autónomas estaban ahogadas por una crisis financiera que había provocado una contracción internacional del crédito interbancario: las empresas no podían asumir los costes de producción, se dejó de pagar a los proveedores, hubo despidos masivos y las administraciones públicas recortaron drásticamente el gasto público e idearon fórmulas de todo tipo para lograr liquidez para pagar las nóminas de los funcionarios, abrir colegios y hospitales...

En ese contexto de austeridad y recortes, Montero anunció la venta de 70 sedes de la Junta, repartidas por toda Andalucía, mediante el procedimiento del sale & lease back (venta con arriendo posterior, en español). Eso permitió inyectar liquidez inmediata a las arcas públicas, pero también hipotecó al Gobierno andaluz con condiciones leoninas e intereses altísimos.

El contrato obligaba al Ejecutivo andaluz a ser inquilino de sus antiguos edificios, en concepto de arrendador, a razón de 28,5 millones de euros al año, incluyendo el IPC. En caso de que el IPC fuera negativo, una cláusula suelo obligaba a la Junta a pagar una cuota anual que subiría siempre, al menos, un 1,5%.

El IPC acumulado desde 2014 ha subido un 21,4% y las rentas un 25%, esto es, la Junta siempre ha pagado cada año a su 'casero' más que el anterior. Actualmente se están pagando 35,6 millones de euros al año, siete millones por encima de lo que se acordó el primer año de contrato. “Esto supone pagar en rentas en 20 años casi dos veces y media el dinero que se ingresó por la venta de los inmuebles”, ha censurado Moreno.

El contrato de la Junta de Andalucía e Inversiones Holmes también establecía que los tribunales de Londres serían los encargados de dirimir cualquier conflicto entre las partes, algo que Moreno ha admitido “seguir sin entender”. También hacía recaer en la Junta la mayor parte de los costes de mantenimiento de los inmuebles -por los que hasta la fecha se llevan pagados más de diez millones de euros-, así como cuotas de comunidad correspondientes y demás tasas, además de la totalidad de los suministros.

Desde el entorno de la ministra Montero explican a este periódico que aquella operación de 2014 hay que enmarcarla en un contexto económico muy hostil. “La venta se hizo por 300 millones, 47 millones por encima del precio de tasación, fue valorada positivamente por todas las entidades que fiscalizaban las cuentas de la comunidad y generó una tasa de rentabilidad del 6%, superior a la del resto de comunidades que habían realizado operaciones similares”, aseguran fuentes del Ministerio de Hacienda.

El cierre de los mercados internacionales y la dificultad de las administraciones

Ante la crisis financiera, el cierre de la financiación en los mercados y con un tipo de interés del Fondo de Liquidez Autonómica que rondaba el 5%, “esta operación era una alternativa para no tener que despedir empleados públicos”. El Gobierno andaluz, entonces presidido por José Antonio Griñán, había presupuestado la venta de los 70 inmuebles en las cuentas de 2011, 2012 y 2013, sin llegar a consumarla, porque no aparecía ningún comprador interesado en pagar los 350 millones que pedían.

Al final se vendió por algo menos. “De no haberse hecho en 2014, la consecuencia hubiera sido un acuerdo de no disponibilidad, es decir, recortes duros en gasto corriente por el mismo importe”, puntualizan quienes entonces pilotaban la Consejería de Hacienda. En abril de 2013, el PP había presentado en el Parlamento andaluz una moción instando a “impulsar cuantas acciones sean necesarias para que las actuaciones previstas en materia de enajenación de patrimonio inmobiliario de la Junta se materialicen con el fin de evitar que se recurra a su compensación por parte del Gobierno andaluz mediante recortes en las políticas públicas y aumento de impuestos”. El portavoz de aquella moción fue el diputado Jaime Raynaud, que presionó a la Junta para que ejecutase la operación y criticó enérgicamente que no pidiera más dinero por los 70 inmuebles.

Un contexto de recortes

En la España de 2014, los hombres de negro que vigilaban por el control del déficit y los ajustes en el gasto público de las comunidades autónomas habían pasado ya de la troika al Gobierno de la nación, entonces presidido por Mariano Rajoy. Andalucía tuvo que reducir su déficit del 1,58% del PIB al 1%, y hacerlo con menores ingresos del sistema de financiación autonómica (las entregas a cuenta aquel año alcanzaron los 15.000 millones de euros, lejos de los 24.000 millones que ha recibido este año).

Aquel año, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remitió una carta a la consejera andaluza advirtiéndole de que los ingresos previstos por la operación de venta y alquiler de 70 edificios de la Junta debían entrar en las arcas públicas de una manera u otra. “Respecto a los ingresos previstos para la enajenación de activos, de no acreditarse su ejecución, esta medida deberá sustituirse de forma inmediata por otra que permita reducir el déficit en el importe señalado y cumplir las previsiones de cierre”, dice la misiva.

Aviso de la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas ya denunció en 2017 los graves perjuicios económicos que la operación de sale & lease back suponía para las arcas públicas andaluzas. La Dirección General de Patrimonio, que ha liderado la operación de compra de estos edificios, está desarrollando desde 2019 “una estrategia para el ahorro de costes innecesarios y la puesta en valor del abundante patrimonio inmobiliario acumulado por la Junta de Andalucía durante las etapas de gobierno socialista que ha permanecido infrautilizado o sin uso, incluso abandonado, desde hace décadas”, explican desde la consejería de Hacienda.

Moreno ha explicado que el ahorro de 35 millones al año en los alquileres de estos 70 inmuebles podrán reutilizarse para inversiones públicas u otras prioridades de gasto social. El presidente de la Junta ha puesto un ejemplo: es el equivalente de gasto al sueldo bruto anual de más de mil profesores o de construir diez colegios.