El PSOE andaluz presidirá la comisión de investigación que intentó vetar sobre el gasto público en un prostíbulo
El divorcio político entre el PSOE andaluz y Ciudadanos ha provocado este viernes una extraña carambola en el Parlamento autonómico. A falta de consenso entre los grupos, los socialistas han acabado presidiendo la comisión de investigación sobre el uso de una tarjeta de crédito de la empresa pública Faffe -ligada a la Consejería de Empleo- en un prostíbulo de Sevilla, una comisión que el PSOE intentó evitar que se constituyese hasta el último momento. El partido que sustenta al Gobierno de Susana Díaz había presentado un escrito contrario a la creación de este órgano -propuesto por el PP y luego por Ciudadanos-, pero retiró el veto tras comprobar que todos los grupos de la oposición iban a votar a favor.
Una vez que el Parlamento andaluz dio luz verde a la creación de dicha comisión de investigación, los cinco partidos se han reunido este viernes para decidir quién la presidiría. Cada uno ha votado a su propio candidato, excepto Ciudadanos, que ni ha postulado a su aspirante -el diputado José Antonio Funes- ni ha votado en contra del resto de candidatos. Al abstenerse el partido naranja, ha ganado el grupo con más parlamentarios en la Cámara, es decir, el PSOE, que ha impuesto a su diputada María Luisa Bustinduy como presidenta de la comisión.
“Que termine presidiendo esta comisión el partido del Gobierno que está siendo investigado es como poner al zorro al cuidado de las gallinas”, denuncia el PP, que ha cargado duramente contra el “servilismo” de Ciudadanos. El desenlace ha provocado el revuelo de todos los grupos de la oposición que, pese a todo, están convencidos de que la investigación no llegará a ninguna parte, porque la presidenta Susana Díaz firmará el decreto de disolución del Parlamento en los próximos días y convocará elecciones anticipadas antes de que finalice el año.
Los populares habían propuesto a su diputado Jaime Raynaud, y Podemos había postulado al parlamentario Jesús Romero, que contaba con el apoyo (insuficiente) de los miembros de IU. La diputada de Cs Marta Bosquet ha rechazado la tesis de que su abstención haya “facilitado” la presidencia de la comisión al PSOE, y ha denunciado que el presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán, les ha “engañado” con el orden de la votación de candidatos.
En los juzgados
Los hechos que serán objeto de investigación en esta comisión ocurrieron en 2010, aunque el asunto está ahora en manos de un juzgado de Sevilla, y supone una amenaza política para la presidenta Susana Díaz de cara a las próximas elecciones. El caso, en el que está personada la Junta como acusación particular y también el PP, forma parte de una investigación judicial en curso, una pieza separada de otra macrocausa -el supuesto fraude en los cursos de formación a parados-.
El asunto gira en torno a la extinta Faffe –Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo- y al que fue su director general en 2010, Fernando Villén, un socialista muy conocido en el partido y en la Junta. El 22 de marzo de 2010, Villén usó una tarjeta MasterCard asociada a la Faffe en un prostíbulo de Sevilla -Don Angelo- con la que realizó 15 pagos sucesivos en menos de seis horas por valor de 14.737 euros. En los extractos que se han hecho públicos aparecen facturas de 310 euros y de 1.470 euros.
Esa fiesta tuvo lugar el mismo día en el que estaba siendo remodelado el Gobierno andaluz y acababa de cesar el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político de la Faffe. Los pagos de aquel día no constaban en la contabilidad de la tarjeta porque, a la mañana siguiente de la fiesta en el club de alterne, alguien se encargó de volver al local y abonar en efectivo. La Junta lo descubrió porque solicitó los movimientos bancarios a Unicaja -entidad vinculada a la tarjeta- donde sí constaba la devolución de esos 15.000 euros del prostíbulo.
Existía una segunda tarjeta de crédito asociada a la Faffe y en posesión de Villén, en este caso contratada con la Caja San Fernando (hoy La Caixa). La Consejería de Empleo también ha solicitado los extractos bancarios a esta entidad -el mismo día que se lo requirió a Unicaja y una vez más el pasado 24 de julio- pero a día de hoy “no hemos recibido respuesta oficial”, dijo el consejero Javier Carnero, en sede parlamentaria.
Su departamento también ha detectado un movimiento sospechoso en la contabilidad de esta segunda tarjeta: devoluciones por un importe de 23.000 euros entre los años 2004 y 2008, que la Junta entiende eran para “compensar” el gasto que hizo Villén en “temas personales” con cargo a la tarjeta de crédito que tenía a su disposición exclusivamente para gastos relacionados con su trabajo.
