El triple espejismo del superávit en Andalucía

Finalmente, la Junta de Andalucía ha cerrado 2020 con un superávit de 206 millones de euros, según el dato confirmado este lunes por el Ministerio de Hacienda, una cifra cuatro veces menor a la registrada hasta el tercer trimestre y que ha servido estos meses a PP y Ciudadanos para presumir de gestión y a la oposición para criticar que se alardee de ahorro con las evidentes necesidades que ha dejado la pandemia.

Y es que en el asunto del superávit se diluyen otras cuestiones, como que el último trimestre ha mermado notablemente ese ahorro como se ve ahora con la confirmación de la ejecución presupuestaria; que ha ocurrido en buena parte de las comunidades autónomas; y, relacionado con esto, que el cierre en positivo o en equilibrio en un año como el pasado, que como se ha dicho no es comparable que hay una pandemia, tiene mucho que ver con la inyección extraordinaria de fondos desde el Gobierno de España, que en el caso de Andalucía han supuesto 2.199 millones de euros adicionales.

Es pues, un triple espejismo. Y empezamos por el primero: el último dato que ofreció la Consejería de Hacienda hace un par de meses eran 853 millones de euros de superávit. Pero no estaba cerrado el cálculo. En el último trimestre se ha ido mermando por las necesidades de una crisis sanitaria a la que se han sumado la social y la económica. Ese “milagro” del Gobierno de Andalucía, como se ha llegado a vender, era pues relativo en muchos sentidos. 

Pero hay más, tampoco es tan excepcional. Primero, porque han presentado superávit nueve comunidades autónomas. Sin contar las forales, que tiene su propio régimen, han gastado también menos de lo ingresado Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. Han sumado 2.306 millones de euros de superávit de los que Andalucía habría aportada, pues, algo menos de uno de cada 10 euros. Tampoco es el más elevado porcentualmente, dado que ha sido del 0,14% de su PIB (producto interior bruto), y a excepción de Castilla y León, el resto de las que están en este paquete de territorios con superávit lo superan. En cualquier caso, todas se encuentran en una buena posición para pedir o renegociar deuda gracias a este equilibrio.

Segundo, porque si no es tan excepcional el superávit comparado con otras comunidades autónomas, tampoco lo es echando la vista atrás. En 2019 se cerró en positivo por 32 millones de euros. Sin embargo, la cuestión ha sido indudablemente usada de distinto modo en el último ejercicio por encontrarnos ante una situación sin precedentes.

El análisis de los economistas

En opinión del economista Antonio Cabrales Goitia, “los ingresos han caído mucho este año, como era de esperar, a niveles del 2011, pero esta vez los mercados no están secos” y la AGE ha podido pedir prestado y ha realizado transferencias como otros, “de manera que no han hecho falta recortes”. Recuerda que las autonomías “no tienen mucha capacidad de endeudarse, ni de gastar más de la cuenta”. Es posible que si han ahorrado algo “es porque esperan años difíciles en el futuro y quieren algo de margen de maniobra, o simplemente no les ha dado tiempo a pensar en programas de gasto extra efectivos”.

Por otra parte, matiza que “la consigna de la UE no es gastar sin parar”. Se trata de “aprovechar la oportunidad de tipos de interés bajos para invertir en proyectos transformadores de nuestra estructura productiva y la descarbonización de la economía”. En esta línea, apunta que “son proyectos de alta rentabilidad privada y social, y es natural aprovechar la coyuntura de mercados favorables para al mismo tiempo estimular la economía que lo necesita y renovarla, algo necesario para el futuro”.

Por su parte, Julio Rodríguez López, doctor en Ciencias Económicas, matiza que “en 2020 se ha realizado por parte de la AGE una liquidación de ingresos a las autonomías a partir de los datos definitivos de 2018, que fue un buen año económico”. Esta circunstancia y alguna transferencia adicional “han dado lugar a una situación irreal”, según apunta parafraseando lo sostenido por el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, José Fernández-Lasquetty.

Explica en este sentido que los responsables en la materia temen que los recursos que les corresponda recibir a partir de los datos de 2019 -bastante menos positivo que 2018- “serán peores y que los anticipos basados en 2020 van a ser un desastre, pues el Gobierno de España les puede exigir devolver el exceso de dinero recibido en 2020”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avanzado este miércoles que se buscará el “mecanismo más beneficioso” para las autonomías a la hora de reclamarles el dinero que han podido recibir en exceso, lo que se sabrá en torno a julio.

Por otro lado, José Fernández-Lasquetty aclara que no figuran entre las que presentan superávit Navarra ni País Vasco, “que tienen otra forma de financiarse , el concierto o cupo, bastante diferenciada del resto”. Ha habido, insiste, “un exceso de generosidad desde la AGE, en línea con las apelaciones a la cogobernanza y al dejar crecientes segmentos de competencias en manos de las autonomías por parte de un gobierno deseoso de quitarse de encima responsabilidades”.

El que también fuera el primer consejero de Economía en Andalucía subraya igualmente que “los sucesos de Linares y la tensión en Jaén” por no ser la provincia destinataria de la inversión del Ministerio de Defensa para su base logística “han puesto de manifiesto que en Andalucía hay territorios, sobre todo en el interior, donde las expectativas económicas y sociales son más bien negativas”. Tras aseverar que carecen de alternativas al turismo, “pues hasta la agricultura de esas provincias de interior se concentra sobre todo en el olivar, cuya rentabilidad se ha reducido bastante en los últimos años”, critica que “la Junta de Andalucía parece haberse instalado en una especie de gestión de lo que hay, sin incorporar a su política elementos de dinamización económica significativos”. Observa que en los planes territoriales se respeta “demasiado” el interés de las corporaciones locales para “facilitar la construcción residencial y de grandes superficies comerciales, reservándose el suelo para tales objetivos limitados y no facilitando la instalación de empresas”. Y agrega: “Una cosa es el rigor presupuestario y otra es no desarrollar actuaciones que favorezcan una mayor diversificación de la economía”.

Por ello, entiende en un contexto global el estímulo del gasto público en 2020 y 2021 ha sido preconizado por el FMI, la UE, el BCE y la OCDE: “Se trata de impulsar la demanda para que no decaiga la actividad y también de ayudar a que no desaparezcan empresas a las que la recesión derivada del confinamiento ha puesto en una coyuntura proclive a la desaparición de las mismas. Es, pues, de una consigna temerosa de que el agujero de actividad y de empleo provocado por los confinamientos acabe traduciéndose en cierres empresariales y en aumentos del desempleo”.