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Un informe de la UPV ve posible abrir un centro de Primaria en Sopuerta

El portavoz Txuma Murugarren, junto a padres y madres y grupos de apoyo al centro público de Primaria en Sopuerta.

Aitor Guenaga

Bilbao —

El conflicto que está envenenando la convivencia en Sopuerta en relación con la apertura de una línea de educación Primaria en este municipio vizcaíno comenzó con la cesión por parte del Obispado de Bilbao de un terreno el 27 de julio de 2005. Ese día la Iglesia firma unas escrituras de donación de un terreno de su propiedad valorado en 22.248 euros al Ayuntamiento de Sopuerta en las que se estipula que en un plazo máximo de cinco años se debe levantar un equipamiento educativo en la zona.

El centro ya está construido, vía Ejecutivo vasco y con un desembolso de más de 2,5 millones de euros. Pero en él solo hay posibilidad de cursar los años de Infantil, ya que el Gobierno vasco ha negado en todo momento la posibilidad de dar continuidad a los ciclos educativos superiores. El pasado 26 de enero de 2012, el pleno del consistorio de Sopuerta acordó por unanimidad “pedir al Gobierno vasco, Departamento de Educacion, que implante en el municipio de Sopuerta el primer curso del primer ciclo de Educación Primaria” para el curso 2012-13. Dos meses antes lo había solicitado también el Consejo Escolar de la Escuela pública 'La Baluga'. Y el 4 de julio de 2012, la entonces viceconsejera de Educación, Marían Ozcariz, respondió con una negativa.

Desde entonces, los padres y madres del pueblo que abogan por abrir esa línea educativa y representantes del Departamento han mantenido varias reuniones sin alcanzar ningún acuerdo. El Departamento de Educación se resiste a autorizar la apertura de un centro de Primaria como piden en el municipio tanto el Ayuntamiento como la asociación de padres Gure Umeak al entender que implica un “incumplimiento” de las condiciones de la donación y estarían prevaricando“, según señalan portavoces autorizados de la consejería que dirige Cristina Uriarte.

El Ejecutivo presenta hasta tres informes -de la dirección de Régimen Juridico del Gobierno, del Área de Instalaciones y Mantenimiento de la Delegación de Educación de Bizkaia y de la responsable del Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda- para sostener dicha negativa y avalar su posición.

Las escrituras de donación del terreno del Obispado al Ayuntamiento, a las que ha tenido acceso eldiarionorte.es, fijan como obligación la construcción de un “centro de enseñanza de nivel de Infantil” y que dicho inmueble se destine “exclusivamente o principalmente a centro educativo público”. Además, otra de las condiciones es que el ayuntamiento debe renunciar a adquirir “por compra o expropiación” el terreno colindante con las instalaciones del centro San Viator, una parcela que las escrituras reservan “para una futura posible expansión del centro San Viator”, un centro privado concertado. Con esas condiciones, el Obispado intenta asegurar a máximo la continuidad del otro centro privado, de titularidad diocesana.

Se da la circunstancia de que en el centro se han desarrollado también clases de educación física de los alumnos de San Viator y determinadas actividades deportivas extraescolares, a petición de la dirección del centro privado y sin ningún problema.

Alcalde de Bildu

Para intentar clarificar la situación legal, el alcalde Joseba Andoni Llaguno, de Bildu, encargó al catedrático de Derecho Administrativo de la UPV, Iñaki Lasagabaster, un informe, al que ha tenido acceso este periódico, en el que a lo largo de 14 folios se concluye que es posible abrir un centro de Primaria en Sopuerta y que “de ningún modo se vulneraría la obligación” recogida en las escrituras “por el hecho de que en el centro público 'La Baluga' se impartan, además, junto con el nivel de educación infantil, enseñanzas de niveles superiores. El catedrático defiende que ”si bien la escritura contiene en un primer momento esa obligación de dedicarse a la construcción de un centro de educación infantil, posteriormente habla solamente de destino del edificio en “centro educativo público”, sin concretar la edad o periodo educativo“.

A juicio de Lasagabaster, “si se quisiera afirmar que este cenro solamente se puede dedicar a la educacion infantil habría que señalar que el inmueble se iba a destinar a centro educativo público de educación infantil, cosa que no hace”. “Cuando el donatario [el Obispado] habla de ”educación infantil“ en realidad está haciendo referencia a una etapa educativ que puede modificarse según las decisiones del legislador”, se argumenta. “Para evitar precisamente que las modificaciones normativas pudieran tener consecuencias en la determinación de la idea de ”educación infantil“ es para lo que también el propio donatario señala que el centro se dedicará principalmente a esa actividad, lo que no impide otras, y ademas se diga que se dedicará a centro educativo público, dejando abierta la puerta a que la enseñanza impartida no se limite a un determinado campo o una determinada edad”.

Los padres y madres del municipio vizcaíno de Sopuerta que exigen, junto al Ayuntamiento, la apertura de una línea de Primaria en el centro público 'La Baluga' no quieren entrar en una guerra de informes y contrainformes “que no lleva a ninguna parte”, apunta el portavoz de los padres y madres, Txuma Murugarren. “Esto es una cuestión de voluntad política, pero nos da la sensación de que por parte de la actual viceconsejera hay una dejadez total. Parecía que ni se había leído el informe de la UPV en la última reunión”.

Mientras, la convivencia se resiente en Sopuerta. Y en un pasquín repartido por el pueblo se puede leer: “¿Futuro de la educación en Sopuerta si se amplía la escuela pública a primaria? No se podrá mantener los dos colegios, riesgos de quedarnos si colegios, en la pública después de primaria (12 años) qué? Podría perjudicar a los alumnos actuales de San Viator. Mientas se amplíe la escuela La Baluga los niños, ¿qué? ¿dónde?”.

“Están sembrando el miedo en el pueblo con estos panfletos. Nosotros no estamos en contra de que lleven a sus hijos a la privada, lo que queremos es que el Gobierno nos garantice la Educación pública y garantice los derechos de todo los ciudadanos”, explica un padre. Mientras tanto, este año siete familias han matriculado a sus hijos en 'La Baluga' a pesar de que de momento no se oferte. “Nuestros hijos e hijas están ahora en limbo legal”, admite otro padre.

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