Castilla-La Mancha alumbra la primera ley autonómica que blinda una reserva estratégica de material sanitario

El Parlamento castellanomanchego ha dado luz verde, con la abstención del PP, a la que será la primera ley autonómica de reserva estratégica de material sanitario en nuestro país en plena pandemia del SARS-CoV-2.

Es fruto del Pacto de Reconstrucción Social y Económica suscrito en junio entre la Junta, PSOE y Ciudadanos.

El objetivo es asegurar durante un mínimo de 120 días la disponibilidad de material y equipamiento tecnológico sanitario para luchar contra la pandemia y evitar que se repita el desabastecimiento que se produjo (en toda Europa) durante los meses del estado de alarma.

La norma incluye además la obligación de los centros sanitarios, sociosanitarios y sociales, tanto públicos como privados, de dotarse de unas existencias mínimas. En este caso se establecerá una reserva de al menos 30 días de su consumo anual.

Las exigencias al sector hostelero truncan la unanimidad

Pero más allá de esta ley pactada inicialmente con Ciudadanos, los socialistas han introducido algunas variantes en sus disposiciones adicionales y final, respectivamente, que no han gustado ni a la formación naranja ni tampoco al PP.

Ese ha sido hoy el escollo para lograr la unanimidad en el trámite parlamentario. Por un lado, porque en la disposición adicional tercera de la norma se establece un registro para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica como  “medida de control” en las actividades de los locales de ocio, hostelería y restauración. Aunque también se aplica a eventos y actividades multitudinarias “para reforzar las condiciones de rastreo y seguimiento de contactos relacionados con casos del coronavirus”.

La toma de datos se hará a través de una app creada y gestionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo la supervisión de la Dirección General de Salud Pública. Esta información de carácter personal se tratará de acuerdo a la Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

El régimen sancionador: hasta 600.000 euros por infracciones muy graves

Por otro lado, la ley incluye una disposición final en la que se establecen sanciones por el incumplimiento de las medidas anti-COVID cuyas multas oscilarán entre los 100 y los 600.000 euros, dependiendo de si la infracción es leve, grave o muy grave.

El foco de las multas se pone en los locales de hostelería, ocio y restauración, pero también en cualquier establecimiento o actividad, en espacios o locales públicos o privados, donde haya un riesgo o un daño para la salud de la población.

Lo mismo se aplica para congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada.

Se contempla como daño leve aquel en el que haya riesgo de contagio de menos de 10 personas.

Las infracciones leves también se producirán por el incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o uso inadecuado, por incumplir horarios de apertura y cierre de establecimientos o por no informar de ellos a los clientes de las medidas anti-COVID.

En este apartado también se multará la apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas. Y todo ello cuando esa actitud pueda, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo leve para la salud de la población.

Las sanciones también se extienden al incumplimiento de la prohibición de uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y restauración y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público.

La ley establece por otro lado las infracciones graves. Entre ellas está el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por personas que hayan dado positivo en COVID-19.

En general, la norma habla de aquellas actividades que produzcan un riesgo de contagio de entre 10 y 100 personas para las graves, y a partir de 100 personas las muy graves y se aplican tanto al sector hostelero como a otros sectores o ámbitos de actividad multitudinaria.

PP: “Se ha pervertido el sentido de la Proposición de Ley”

El diputado del PP, Juan Antonio Moreno Moya, ha lamentado en su intervención que la norma no cuente con unanimidad de la Cámara regional y lo ha atribuido al “regate” por parte del PSOE que en su opinión “ha pervertido el sentido de la proposición de ley que viene a regularizar la obligación del SESCAM de mantener protegidos a nuestros sanitarios”.

Se refería en particular a las disposiciones incluidas en la norma, no previstas inicialmente, para crear un registro de clientes o espectadores en locales o actividades multitudinarias y aplicar sanciones por incumplimiento de las medidas anti- COVID.

“Lo han colado de rondón, no lo han consensuado con la hostelería y hasta ha motivado las quejas de Ciudadanos”, afeaba el diputado ‘popular’.

“Ustedes van a poner de rastreadores a los hosteleros de Castilla-La Mancha” y lo han hecho, decía, “con agosticidad”.

No entiende el PP por qué el registro de clientes se aplica a la Hostelería y no “a otro tipo de comercios”, como los supermercados.

En este aspecto, respondía el diputado socialista José Antonio Contreras defendiendo la similitud de la medida con el registro que ya existe en los hoteles y que se rige por la ley de Protección de Datos y aseguraba que la seguridad jurídica está garantizada.

Ciudadanos: “Se han equivocado y lo saben”

En sentido similar se pronunciaba Ciudadanos. El diputado regional David Muñoz afeaba a los socialistas haber creado “una segunda ley con calzador” al introducir disposiciones adicionales en la norma y pedía votar ambas cuestiones por separado.

Ciudadanos ha dicho sí a la Ley de reserva estratégica de material sanitario pero se ha opuesto a las disposiciones y en particular a las sanciones.

“Entendemos que hay que tomar medidas sanitarias, pero este Gobierno y el PSOE no han buscado un necesario equilibrio entre la necesidad de salvar vidas y la de salvar empleos”, decía.

“Creo que se han equivocado y ustedes lo saben. No han actuado bien” y acusaba al PSOE de “sacar el rodillo”, aprovechando la mayoría absoluta.

“¿Qué pesa más, la bolsa o la vida? Yo lo tengo claro”, espetaba la diputada socialista Ana Isabel Abengózar que también ha intervenido en este debate.

El consejero de Sanidad: “No se ha colado nada, ni por detrás ni por delante”

Los argumentos de ambas formaciones eran rechazados por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández. “El sistema sancionador no es para un sector, no es para el sector hostelero. Es para todos los ciudadanos que no cumplan la normas”.  

En su opinión, el registro de clientes “que se acordó con la Hostelería es muy bueno” pero, matizaba, “se podrá usar, si se utiliza, también para encuentros de personas que estén tanto en locales de ocio como en su casa”.

Fernández Sanz asegura que las disposiciones “no se han colado, ni por detrás ni por delante ni por ningún sitio. Se trata de fortalecer el frente a la pandemia” y ha insistido en que “el espíritu de la ley es proteger a los ciudadanos, especialmente a los sanitarios”.

Los hosteleros: “Lo hemos tomado como una medida que protege al sector”

Representantes del sector hostelero consultados por elDiarioclm.es salían satisfechos de la reunión que han mantenido antes de la celebración del Pleno de las Cortes con el vicepresidente del Gobierno regional, la consejera de Economía y el consejero de Sanidad.

Según el presidente de la Asociación de Hostelería de Toledo, Tomás Palencia, el Ejecutivo regional ha trasladado al sector que este registro que se incluye en la nueva ley es “simplemente para dar un soporte jurídico a la aplicación móvil que presentamos en agosto para el control de acceso en los locales de ocio nocturno”.

En su opinión, los establecimientos van a tener que abrir antes o después y “cuando abran no va a ser como era antes, sino que habrá que llevar un control. Con esto dan soporte jurídico mediante la Ley de Protección de Datos para la aplicación de control de acceso”, ha señalado.

En ningún caso se pondría en marcha para los bares y restaurantes, al menos de momento. “No descartan poder hacerlo si esto empeora, pero nosotros lo hemos tomado como una medida que lo que hace es proteger al sector del posible cierre de negocios y establecimientos”, ha manifestado.

En cualquier caso, “no va a entrar en vigor mañana ni nada por el estilo, si esto se tiene que llevar a cabo consensuarán con el sector cómo hacerlo y dónde”, así se ha comprometido el vicepresidente con el sector de la hostelería regional. De hecho, cuando los establecimientos de ocio nocturno puedan volver a abrir, “nos volveremos a reunir y veremos cómo hacerlo”, ha asegurado.

Una Corporación de Reservas Estratégicas: “Huele a chiringuito”

La norma incluye la creación de una Corporación de Reservas Estratégicas encargada de disponer y distribuir el material sanitario y tecnológico y con la que el PP también se muestra en desacuerdo.

“Huele a chiringuito que tira para atrás”, decía el diputado, que aseguraba que esta corporación “viene a sortear los mecanismos de contratación dentro del sector público”.

Tanto en esta cuestión como en cuanto al registro y el régimen sancionador, el PP afea que no se haya contado con informes del Consejo Consultivo de la región. .

En este sentido, el consejero de Sanidad apuntaba que la Corporación “será una potente herramienta de gestión” destinada a los centros sanitarios y socio-sanitarios.

Ha anunciado que hoy mismo se ha celebrado una reunión de los técnicos para diseñar el catálogo de los productos de la reserva estratégica. “Deben fijar un inventario de los recursos”.

El PP también ha criticado que se rechace su propuesta para incluir a los centros educativos entre aquellos que deben tener reserva de material de protección sanitaria. “Demuestra que no creen en los pilares del Estado de Bienestar” y es, decía, una manera de “limitar la capacidad de reacción rápida desde el sector educativo público”.

Una postura que no comparte el PSOE. “Es el servicio de Salud el que tiene que tener los medios adecuados, pero queremos introducirlo también en el sector socio-sanitario. No ha lugar en el educativo. ¿Por qué no entonces en ayuntamientos, diputaciones…? ¿Les vamos a obligar?”, preguntaba Contreras.