El Aita Mari consigue que el gobierno de Mazón les exima del pago de tasas portuarias por su trabajo humanitario

El Gobierno valenciano ha reconocido finalmente que el barco de rescate humanitario Aita Mari, operado por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), estaba exento del pago de tasas portuarias. La entidad celebra esta rectificación, que llega tras meses de litigio y presión pública, y anuncia que seguirá reclamando judicialmente la devolución de las cantidades abonadas, que superan los 80.000 euros.

El Aita Mari, una antigua embarcación pesquera reconvertida en buque de rescate en el mar Mediterráneo, ha operado durante años desde puertos valencianos como los de Burriana y Vinaròs, dependientes de la Generalitat. Durante la pasada legislatura, bajo el Gobierno del Botànic, estas ONG estaban amparadas por una exención de tasas recogida en la legislación autonómica, que reconoce el derecho de entidades humanitarias sin ánimo de lucro a operar sin costes portuarios en dominio público.

Sin embargo, el actual ejecutivo de Carlos Mazón (PP), con el respaldo de Vox, eliminó en la práctica esas exenciones y forzó a SMH a abonar una cantidad que la organización siempre ha considerado “injustificada”. La abogada del caso, Mónica Oltra, argumentó desde el principio que la aplicación de tasas era contraria a derecho, amparándose en el artículo 4 de la Ley de Tarifas Portuarias, que explícitamente exime a entidades como SMH.

La situación llevó a un punto de ruptura en marzo de 2025, cuando el Aita Mari anunció que abandonaba los puertos gestionados por la Generalitat tras denunciar “el cobro ilegal de tasas” y múltiples obstáculos administrativos. En aquel momento, SMH optó por trasladar sus operaciones a puertos del Estado como València, Alicante y Castelló, gracias al respaldo del Ministerio de Transportes, que calificaron como “muy positivo”. Aun así, la ONG expresó su malestar por la actitud del Consell, que, según afirmaron, les negó incluso el acceso a recursos básicos como el amarre o el repostaje de gasoil, e ignoró su oferta de colaboración durante la emergencia de la DANA.

El cambio de postura del gobierno valenciano se produce ahora, tras meses de tensión, aunque para SMH no es suficiente: “Litigaremos hasta el final”, afirman, convencidos de que la devolución de las tasas es fundamental para poder seguir salvando vidas en el Mediterráneo.

Compromís acusa al Consell de “espolio normativo”

Desde la oposición, Compromís ha cargado duramente contra la política portuaria del ejecutivo de Mazón. La diputada Paula Espinosa ha calificado las recientes maniobras legislativas como “una operación hecha a medida de intereses privados al margen del control parlamentario y del interés general”, y ha exigido la retirada del decreto ley que modifica el régimen de concesiones portuarias.

Por su parte, Maria Josep Calabuig ha denunciado que el Gobierno valenciano “està instrumentralizando la DANA, como ya hizo con la Llei de l’Horta”, para ampliar las concesiones portuarias hasta 50 años sin debate ni consenso con los municipios afectados. “Recurrir al decreto ley es como matar moscas a cañonazos” ironizó, alertando sobre la falta de transparencia y el uso político del marco legislativo portuario.

La controversia en torno al Aita Mari y el futuro modelo portuario valenciano vuelve así al centro del debate público, con un Consell cada vez más cuestionado por su gestión de recursos públicos y su alineamiento con las tesis de la extrema derecha. Mientras tanto, el barco humanitario sigue su labor desde puertos estatales, decidido a no rendirse ni ante las olas ni ante la burocracia.