Antifraude acusa al Ayuntamiento de Calp, del PP, de “pagar con dinero público una actividad privada sin cobertura legal”

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha pillado al Ayuntamiento de Calp pagando un evento internacional de un touroperador británico celebrado en la localidad alicantina cuando ya había sido previamente programado. Para dar cobertura legal, el consistorio inició un expediente de contratación plagado de irregularidades. La empresa británica ha recibido del Ayuntamiento de Calp, tanto en la época del anterior alcalde César Sánchez, como en la actual de la alcaldesa Ana Sala, ambos del Partido Popular, más de 200.000 euros para en contratos de promoción turística.

La alcaldesa Ana Sala firmó el decreto que acordaba la adjudicación el 12 de diciembre del 2019 al touroperador británico Jet2Holidays Limited por un importe de 24.793, 39 euros para un evento al que asisten 378 profesionales. A pesar de que se trataba de un procedimiento abierto de urgencia, “desde junio del 2019 ya estaba organizada por Jet2Holidays la convención” en el hotel Diamante de Calp, señala Antifraude.

El procedimiento administrativo se inicia en septiembre del 2019. “Esto, unido al hecho de la presentación de un dossier con un contenido detallado, exhaustivo y pormenorizado en un plazo de ocho días desde que se publica la licitación hace pensar que no es producto de la causalidad esta coincidencia”, agrega la resolución final de investigación de la AVA.

El evento de promoción turística, celebrado en formato workshop entre el 25 y el 28 de noviembre de 2019, estaba dirigido a propietarios y directivos de agencias de viajes y otros intermediarios y profesionales del ámbito turístico del Reino Unido. Incluyendo la etapa del anterior alcalde popular, César Sánchez, la misma empresa recibió 209.366 euros en contratos del consistorio para campañas y eventos de promoción turística.

El Ayuntamiento de Calp “licitó un contrato cuando la presunta pretensión era subvencionar una actividad de fomento como es la promoción turística, ya que el promotor era Jet2Holidays que tenía ya organizado el evento”, desvela la AVA. Además, tampoco “se explica cómo el Ayuntamiento de Calp calculó el presupuesto de licitación” ni la “necesidad tan perentoria” del consistorio gobernado por el PP para realizar este contrato, “si no es teniendo en consideración” que el touroperador británico iba a celebrar su encuentro anual en la localidad alicantina, y de ahí que el interés de la alcaldesa fuera “contribuir a tiempo a dicha convención”.

Antifraude también duda de la necesidad de un contrato “de semejantes características” teniendo en cuenta que el ayuntamiento tiene suscrito otro contrato“ de una campaña de promoción turística en el Reino Unido adjudicado, por 135.000 euros, a la misma empresa.

El consistorio, según concluye el organismo dirigido por Joan Llinares, “adjudicó un contrato una vez el evento contratado ya había sido realizado por la entidad organizadora, por lo que el objeto contractual no existía en el momento de la formalización del mismo y sobre todo las potestades como adjudicatario no las ejerció, dado que el evento contratado fue organizado y ejecutado directamente por la entidad privada”.

La AVA ha analizado el expediente de contratación y ha detectado “irregularidades múltiples”. Por un lado, la mercantil presentó la documentación previa fuera de plazo. Además, Antifraude apunta directamente a la Intervención del consistorio: “No se explica, entre otras irregularidades, que el interventor municipal fiscalice de conformidad un contrato, en fecha 5 de diciembre del 2019, cuyo servicio ya se ha prestado entre el 25 y el 28 de noviembre de 2019”. Tampoco se justificó el pago ni se han aportado las facturas presentadas por el touroperador británico.

“En definitiva”, concluye el informe de Antifraude, “se pagó con dinero público una actividad privada sin cobertura legal y sin seguir el procedimiento ajustado a derecho para ello”. El Ayuntamiento de Calp no presentó alegación alguna. Así, la agencia insta al consistorio a revisar de oficio los actos de nulidad de pleno derecho (el contrato y el pago de las facturas). Además, también pide que se inicien los procedimientos “en aras a depurar las responsabilidades personales que correspondan tanto del personal como de las autoridades al servicio del Ayuntamiento de Calp”.