El Ayuntamiento de Paterna, único consistorio insumiso a las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude
El Ayuntamiento de Paterna, gobernado por el socialista Juan Antonio Sagredo, es el único consistorio valenciano que en 2020 no ha aceptado implementar las recomendaciones realizadas por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA). La 'insumisión' a las recomendaciones de la AVA no tiene demasiados consecuencias, más allá de su publicación en el informe anual del organismo que dirige Joan Llinares. El reglamento de la AVA prevé un seguimiento de las recomendaciones que hace en sus informes sobre las investigaciones finalizadas y, en caso de que alguna autoridad afectada se niegue a implementarlas, Antifraude debe publicarlo en su informe anual, cuya presentación ante las Corts Valencianes hizo recientemente Llinares.
La resolución final de la investigación de la AVA sobre una concejal popular que pasó al grupo de no adscritos y que conservó la dedicación exclusiva recomendaba al consistorio que llevara a cabo un expediente de revisión del decreto de 2017 por el que se regularizó la situación de la edil. “El Ayuntamiento de Paterna, mediante registro de entrada del 3 de diciembre del 2020, comunicó a la Agencia escrito de manifestaciones de un teniente de alcalde por el cual trasladaba la no aplicación de la recomendación”, reza el informe anual de la AVA.
El organismo destaca que en 2020 “únicamente el Ayuntamiento de Paterna ha comunicado a la Agencia que no iba a aceptar e implementar las recomendaciones elevadas”. Antifraude, tras analizar el argumentario del ayuntamiento, “viendo que no alteraban el sentido de la resolución final de investigación”, comunicó al consistorio que se haría constar expresamente en la memoria anual.
La edil, según varios informes contenidos en la resolución de la agencia, “debió perder la dedicación exclusiva con la que contaba” una vez pasó al grupos de concejales no adscritos, tal como establecen varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que niegan la posibilidad de reconocer la dedicación exclusiva al conllevar un incremento de sus derechos políticos y económicos.
Sin embargo, un decreto del ayuntamiento en 2017 regularizó la dedicación exclusiva de la edil manteniendo “los mismos derechos económicos y políticos de los que disfrutaba”. Antifraude destaca que no consta la existencia de un informe previo de fiscalización por parte de la Intervención municipal.
El organismo de lucha contra el fraude, tras confirmar las “irregularidades administrativas”, concluyó su investigación recomendando la revisión de oficio del decreto que regularizó la situación de la exedil popular. “Para dar cumplimiento a las recomendaciones, el Ayuntamiento de Paterna deberá presentar un Plan de Implementación”. Ese plan debería incluir “en detalle las acciones y los plazos o bien las razones que impiden adoptar la medida propuesta”. Finalmente, el consistorio optó por no hacer caso de la recomendación.
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