Benidorm resolverá la concesión de la zona azul tras el aval del CJC por cobros indebidos de la empresa

El Ayuntamiento de Benidorm continuará adelante con el procedimiento abierto contra la empresa concesionaria de la ORA para resolver el contrato la mercantil al contar con todos los informes y dictámenes favorables a las actuaciones realizadas por el consistorio. 

Esta decisión se mantiene tras el dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) el pasado 22 de noviembre, del que se dio cuenta a los grupos políticos. Un dictamen, adoptado por unanimidad de todos los miembros del órgano consultivo, en el que se indica claramente que “procede declarar la resolución del contrato de Gestión de Servicio Público de Regulación del Estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos en el término municipal de Benidorm”.

Este pronunciamiento se produce después de los “numerosos incumplimientos” detectados por el Ayuntamiento y que derivaron en la incoación de un expediente sancionador a la empresa concesionaria, que después se anuló para dar paso a otro expediente, en este caso de resolución del contrato al conocer que la mercantil estaba cobrando de más, de forma indebida, a los usuarios del servicio.

De hecho, el expediente sancionador se inició en noviembre de 2022 tras constatarse que el contratista había cometido cinco infracciones muy graves como eran la reducción de personal adscrito al contrato sin autorización municipal, el cese de la asistencia técnica anual, la inexistencia de una oficina en vía con estacionamiento regulado, tener un cajero automático expendedor que no expendía dinero y el incumplimiento de disponer de plotter.

Sin embargo, un informe posterior de febrero de 2023 advertía de una nueva conducta infractora tras detectar que la mercantil estaba realizando un cobro indebido de entre 0,05 y 0,10 euros por el pago del estacionamiento a través de una ‘app’.

Dicho informe señalaba que la concesionaria lo hacía “sin autorización, ni tan siquiera comunicación con la dirección facultativa”. Por ello, en el informe se añadían otras dos infracciones “muy graves”: cobrar más de lo que establece la tarifa aplicable y no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados.

Se reseñaba incluso que los incumplimientos detectados en noviembre de 2022 “siguen sin subsanarse a fecha del presente informe”, por lo que ello “podrá dar lugar a la imposición de sanciones, así como a la resolución del contrato”.

Una vez incorporados todos los informes técnicos y jurídicos, el 25 de septiembre de 2023 se acordó la incoación del procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento del contratista que, en sus alegaciones se oponía a la resolución contractual.

Tras estudiar el expediente el Consell Jurídic Consultiu y analizadas las explicaciones de la mercantil concesionaria, el órgano consultivo concluyó que “en el procedimiento instruido por el Ayuntamiento procede declarar la resolución del contrato”.

Ahora, el Ayuntamiento continuará con el procedimiento ordinario para estos casos, consistente en la resolución del procedimiento como paso previo a la resolución del contrato con la concesionaria.