Compromís lleva a la Fiscalía un supuesto fraccionamiento de contratos en Servicios Sociales detectado por la Intervención

“Contratos menores utilizados para necesidades previsibles y continuadas, con riesgo de fraccionamiento indebido”. El informe de auditoría realizado por la Viceintervención General de Control Financiero de la Generalitat Valenciana al que ha tenido acceso elDiario.es (documento completo al final de la información) referente a la actividad del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) en el ejercicio 2024 se expresa en estos términos en una de sus conclusiones. En ellas añade que esta situación referente a los contratos menores “persiste” con un “uso sistemático para necesidades estructurales, con concatenación y solapamiento” sin que hasta la fecha de publicación del documento se haya solucionado.

La auditoría arroja diversas irregularidades que han llevado a Compromís a interponer una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia al considerar que las irregulararidades detectadas por la intervención podrían ser constitutivas de delitos de malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias.

Entre las deficiencias encontradas por la Viceintervención que dan lugar a posibles irregularidades destaca, según el informe, el “uso indebido y reiterado de la contratación menor” por el que “se constata un uso sistemático de contratos menores para satisfacer necesidades de carácter continuado o estructural, contraviniendo el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”. Esta práctica, añade el documento, “presente en múltiples expedientes, incluye la contratación de servicios de restauración, transporte y aparcamiento, cuya duración excede el plazo máximo de un año permitido (art. 29.8 LCSP) o carece de definición temporal clara”. Además, en varios casos, “se detecta la concatenación o solapamiento de contratos menores con objetos similares, adjudicados a empresas vinculadas, lo que sugiere una posible elusión de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia (art. 99 LCSP)”.

En otro apartado, habla de “facturación improcedente” puesto que “algunas de las facturas revisadas no se ajustan a lo estipulado en los contratos, incumpliendo los artículos 198 y 210 LCSP; se facturan importes superiores a los máximos contractuales y servicios no prestados, sin constar revisiones previas por parte de la entidad”, lo que “evidencia una falta de control en la ejecución de los contratos”.

El informe advierte también de un “elevado número de supuestos por los que la entidad adquiere prestaciones propias de los contratos de servicios y suministros para los que no se ha realizado tramitación de expediente de contratación” y añade: “Se han certificado 718 gastos durante el ejercicio auditado sin tramitación del oportuno expediente por importe de 1.173.362,11 euros, de los cuales 608 gastos sin expediente corresponden a servicios por un importe total de 998.553,48 euros, mientras que los restantes 110 gastos sin expediente corresponden a suministros por un importe total de 174.808,63 euros”.

En esta línea, pone de manifiesto que “de conformidad con los datos que figuran en el Registro de Contratos de la Generalitat, la entidad ha celebrado durante el ejercicio 2024 contratos correspondientes a asesoría, auditoría y consultoría (CPV 732, 790, 791, 792, 793, 794, 796) por importe de 570.054,48 euros; en el ejercicio anterior este importe ascendió 14.500 euros, lo cual supone un aumento considerable en dichas contrataciones”.

Falta de contratos pagados con la caja fija

En su informe, el viceinterventor pone de relieve que en algunos casos no ha podido acceder a toda la documentación requerida. Según refleja el informe, “la aportación de documentación en el área de contratación por parte de la entidad ha sido parcial en lo relativo a la fase de ejecución de los contratos”.

En consecuencia, “no ha sido posible revisar y concluir acerca de la totalidad de las cuestiones planteadas para esta área de trabajo (faltan gran parte de las facturas y documentos que acreditan la conformidad o no con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y todas las órdenes de pago y documentos acreditativos del mismo) por lo que no podemos concluir adecuadamente en todos los casos sobre la adecuación al contrato de la facturación, la existencia y plazo de las conformidades por parte de la entidad, ni si se ha revisado la factura y si el pago ha sido ordenado por órgano competente para ello dentro del plazo establecido (art. 198.4 LCSP)”.

El IVASS tampoco ha facilitado “la relación de contratos menores pagados mediante caja fija durante el ejercicio 2024, ni ha aportado la documentación justificativa correspondiente a dichos contratos”. Esta circunstancia constituye “una limitación significativa al alcance de la auditoría, impidiendo la obtención de evidencia suficiente y adecuada para emitir una opinión sobre la legalidad y regularidad de los contratos menores pagados por caja fija en el ejercicio auditado”.

Servicios Sociales asegura que las deficiencias vienen de años atrás

Desde la Conselleria de Servicios sociales que dirige la vicepresidenta, Susana Camarero, han alegado que “el IVASS está sometido anualmente a diversas auditorías que son imprescindibles para detectar áreas de mejora en la entidad” y que “la publicación anual de estas es objeto de análisis por parte de la entidad como parte del plan de mejora de la misma”.

Las mismas fuentes han explicado que “históricamente, los informes de la auditoría operativa de cumplimiento realizados por la Viceintervención vienen destacando los mismos incumplimientos, año tras año, sin que en el pasado, en los gobiernos del Botánic, se hubiera realizado acción alguna para resolver los incumplimientos.

Así, han recalcado que “el nuevo equipo directivo del IVASS, que accedió en 2023, al recibir el informe de 2023 y tener conocimiento de las deficiencias que venían repitiéndose año tras año durante las legislaturas anteriores sin que se actuara para solventarlo, empezó a trabajar para paliar los incumplimientos”. El informe del año 2024 destaca “algunos puntos que vienen repitiéndose en los últimos informes de forma reiterada, como la necesidad de un nuevo convenio colectivo o la autorización de la Relación de Puestos de Trabajo, que son, entre otros, elementos clave de la entidad, pero que requieren para su resolución de la participación de otras entidades, sociales o institucionales (como pueden ser sindicatos o Hacienda)”.

Con todo ese trabajo, explican desde Servicios Sociales, “el 19 de diciembre de 2024, el IVASS aprobó en su Consell de Dirección, poner en marcha un Plan anual de Acción 2025 en el que identifica aquellos aspectos del informe de la Viceintervención que se están resolviendo o avanzando en este ejercicio como prioridades de la entidad y de su dirección”.

El plan prioriza “acciones en el área de contratación y económica de la entidad y ha sido revisado y analizado su avance en el Consell de Direcció de la entidad del pasado mes de junio, dado que el plan que la nueva dirección del IVASS ha aprobado y está llevando a cabo de forma diligente y con el compromiso de incorporar mejoras que no se habían planteado durante años, contempla evaluaciones de cumplimiento temporales”.

También han señalado que se están mejorando los procesos de verificación de terceros y de conciliación bancaria y que se ha avanzado en la inminente puesta en marcha de mejora de los procedimientos escritos en materia de pagos, mientras que para 2026 habrá un nuevo Plan anual de acción, basado fundamentalmente en los aspectos que identifique el siguiente informe de auditoría.

Por tanto, han afirmado que el Informe de la Viceintervención “se encuentra desfasado, dado que todavía no contempla los últimos avances” que se han realizado, entre los que destacan “la importante inversión en materia de digitalización para aumentar el control y transparencia”, donde no se había hecho “ninguna inversión” en las legislaturas anteriores.