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La Comunitat Valenciana retrasa su toque de queda a la 1.00 con el aval de la justicia y amplía la hostelería hasta las 0.30

Reunión de la mesa interdepartamental.

Carlos Navarro Castelló

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El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha comparecido este sábado tras la reunión de la mesa interdepartamental a la que también han asistido la vicepresidenta, Mónica Oltra, el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, entre otros miembros del ejecutivo, para decidir cómo se avanzará en las próximas semanas en la desescalada prudente que emprendió la Comunitat Valenciana el pasado 28 de febrero tras una trágica tercera ola.

Puig ha confirmado que el toque de queda se mantendrá otras dos semanas, aunque con una franja más reducido al entrar en vigor una hora más tarde, por lo que estará fijado de 1.00 a 6.00 horas desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio. Esta medida viene avalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Al mismo tiempo, el horario de la hostelería se prolongará también una hora y por tanto podrá mantenerse abierta hasta las 0.30 horas.

“La decisión de reducir la movilidad ha sido un instrumento decisivo para salvar vidas y contener la pandemia. Pero el 7 de junio, si la situación continúa como ahora, los valencianos dejaremos atrás el toque de queda”, ha señalado Ximo Puig. 

Además, ha trasladado que se amplía el aforo al 75% de las actividades relativas a celebraciones, eventos o concentraciones de personas (deportivas, culturales o sociales). En el caso de espacios cerrados el máximo será de 3.000 personas y en espacios abiertos hasta 4.000 (en ambos casos en sectores diferenciados de 1.000 personas).

El jefe del Consell ha indicado que estas medidas responden a la intensificación de la fase de apertura progresiva que la Comunitat Valenciana inició hace dos semanas. “Hemos ido abriendo y nuestra situación ha seguido mejorando”, ha indicado. En estos 15 días la incidencia ha bajado de 40 casos a 29,8 (por 100.000 habitantes en 14 días) y las hospitalizaciones se han reducido en un 54%. 

La Comunitat Valenciana ha sumado este sábado 127 nuevos casos de coronavirus (siete más que la jornada anterior), mientras por tercera vez esta semana no ha notificado ninguna muerte a causa de la COVID-19, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia se mantiene en 7.415.

La tasa de contagio se mantiene por debajo de 30 casos por cada 100.000 habitantes a dos semanas (29,88), y en 14,63 a siete días. En el conjunto de España, la incidencia acumulada es de 135,77 casos a dos semanas y 59,03 a una.

La Conselleria de Sanidad ha administrado un total de 2.436.735 dosis de la vacuna contra el coronavirus por lo que casi la mitad de la población de la Comunitat está ya vacunada. Por provincias, la distribución es la siguiente: 282.931 en Castellón, 898.940 en Alicante y 1.254.864 en Valencia. Han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca y la monodosis de Janssen) 787.954 personas.

En estos momentos ya se está vacunando a los mayores de 50 años, un grupo de edad que acabará el 15 junio. A partir de esa fecha se comenzará a inmunizar a las personas de entre 40 y 50 años, mientras que en junio será el turno de los mayores de 30 años. 

El TSJCV considera las medidas “equilibradas”

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha autorizado las medidas contenidas en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal del pasado 19 de mayo contra el Covid-19 que afectan a derechos fundamentales para el periodo comprendido entre el 24 de mayo y el 7 de junio próximos.

Dichas medidas consisten en la limitación, con excepciones, de la circulación de personas entre las 01.00 y las 6.00 horas, la limitación de las agrupaciones o reuniones de carácter familiar y/o social a un número máximo de 10 personas, tanto en espacios públicos como privados, y la reducción al 75% del aforo en los lugares de culto.

El auto, notificado este sábado y que cuenta con el voto particular de un magistrado que discrepa de la mayoría de integrantes de la sección, reitera algunos de los razonamientos jurídicos expuestos en anteriores resoluciones (27 de octubre de 2020 y 7 de mayo de 2021).

La Sala determina que las medidas propuestas cumplen los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad y encuentran suficiente cobertura normativa en la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

No aprecia por otro lado que sus conclusiones puedan resultar contradictorias o incompatibles con el pronunciamiento que ha adelantado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo este viernes en relación al recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el auto del TSJ de dicha Comunidad Autónoma que denegaba la ratificación de confinamientos perimetrales en las islas.

La Sección Cuarta del TSJCV argumenta que el llamado ‘toque de queda’ presenta una eficacia mucho mayor que las demás medidas existentes para “intentar impedir la actividad de ocio nocturno conocida como botellón”, y así se refleja en un informe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana aportado a los autos.

Igualmente, el Tribunal sostiene que las medidas propuestas por la Generalitat Valenciana son “proporcionadas” y están “orientadas a una transición más inteligente, procurando una desescalada progresiva y enfocada al corto plazo”.

De este modo, “la extensión del inicio de la limitación horaria de movilidad (…) va a permitir también la ampliación horaria del cierre de otros establecimientos, singularmente la hostelería y la restauración”, precisa.

En definitiva, a juicio de la Sala, las nuevas medidas “siguen avanzando en el proceso de desescalada” y son “equilibradas” por “derivarse de ellas más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”.

No obstante, el auto matiza que la autorización concedida en esta resolución, que puede ser recurrida en casación ante el Supremo, no anticipa la valoración que la Sala pueda hacer en el futuro sobre situaciones posteriores, “sobre todo si se consolida la buena situación de los datos de incidencia acumulada, y máxime teniendo en cuenta el buen ritmo de vacunación que llevamos”.

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