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Una cuenta descontrolada abierta por el Gobierno valenciano en la época del PP movió 47 millones de la red de transportes

Isabel Bonig, exconsellera del departamento de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Lucas Marco


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Una cuenta corriente en La Caixa ha movido en casi una década 47 millones de euros de ingresos de la Red de Transportes y Movilidad Metropolitana. “Se trata de una suerte de cuenta restringida de ingresos con habilitados pagadores que no tiene encaje en ninguna modalidad de cuentas previstas por la normativa vigente para la Administración de la Generalitat”, indica un informe de la Intervención al que ha tenido acceso elDiario.es.

La cuenta, abierta en 2013 durante la etapa de Isabel Bonig al frente de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ya ha sido cancelada. La Intervención ha detectado que la apertura de la cuenta no se sometió a fiscalización alguna y que las personas habilitadas para los pagos eran personal del departamento de Bonig sin que ostentaran esas competencias.

“No se ha podido acreditar ni verificar de ningún modo en el sistema contable de la Generalitat que los movimientos de cobro y pagos (...) hayan sido objeto de registro contable ni por ello del control legal preceptivo”, sostiene el informe.

Así, tras un informe de la Intervención Delegada en el Tesoro del 22 de febrero del 2021 se acordó iniciar una auditoría de los movimientos registrados en la cuenta. La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que recogió el testigo de la extinta Agencia Valenciana de Movilidad, se encargaba de los pagos a los operadores por los títulos de transporte (a través de la “cuenta restringida” de La Caixa). Sin embargo, “los movimientos de ingresos y gastos no aparecían en documentos contables específicos emitidos por la conselleria competente en materia de transporte, dado que se gestionaba por EIGE a través de la citada cuenta extrapresupuestaria sin reflejo de la contabilidad” del departamento autonómico. 

La Intervención de la Generalitat inició su auditoría con el objetivo de obtener una justificación documental de los importes de ingresos recibidos y cargos, la evaluación de los posibles riesgos de la operativa, además de determinar si los hechos pueden ser presuntamente calificados como consecutivos de un supuesto de infracción de la ley autonómica de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

“Limitaciones” por falta de documentación

Sin embargo, el organismo se ha topado con “limitaciones” por falta de documentación. La auditoría no ha podido obtener “evidencia documental suficiente” sobre la totalidad de los cargos efectuados en la cuenta (sólo ha podido analizar las copias de las facturas emitidas por los operadores de transporte que se adjuntaban a las órdenes de transferencia enviadas a la entidad bancaria y las liquidaciones emitidas por la EIGE). 

Sobre la entrada de fondos en la cuenta, tampoco ha contado con documentación justificativa suficiente del origen y procedencia de los ingresos efectuados, más allá de las deducciones de la descripción de os motivos que recoge el fichero de movimientos bancarios y las hojas de Excel facilitadas por la actual Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia, dependiente de la conselleria que dirige Arcadi España.

Sobre los controles en los movimientos de la cuenta, el informe de la Intervención recuerda que se ha incumplido con la obligación de anotar en el Registro Unificado de Facturas (RUF) de la Generalitat los servicios de transporte emitidos por los operadores abonados con cargos a los fondos de la cuenta. Tampoco las facturas por comisiones emitidas por la Red de Ventas.

La Intervención advierte de que el decreto que regula el RUF establece que los titulares de los distintos departamentos y los funcionarios al servicio de la Generalitat que “con dolo, culpa o negligencia graves, incumplan la obligación de anotación e inscripción de las facturas presentadas por los proveedores en el referido Registro de Facturas, pudiendo ocasionar con ello un perjuicio económico a la hacienda de la Generalitat, se sujetarán a las responsabilidades civiles, penales o disciplinarias que procedan de acuerdo con las leyes”. Los firmantes de las órdenes de transferencia ni siquiera tenían atribuidas ni delegadas las competencias.

La Intervención ve una posible responsabilidad patrimonial

De hecho, recuerda que “se ha procedido a la compensación recíproca de obligaciones sin seguir procedimiento administrativo alguno”. Y agrega que el empleo de los fondos de esa cuenta para atender específicamente los pagos por servicios de transporte facturados a la conselleria supone una “infracción de los principios de unidad de caja y de no afectación de los ingresos públicos”. Todo ello a pesar de que la apertura de la cuenta se autorizó exclusivamente para la gestión de los ingresos procedentes de la extinta Red de Transportes y Movilidad Metropolitana.

El 98% de los importes de cargos (47,5 millones de euros) se ha realizado a los diferentes operadores de transporte, según el detallado análisis de las cuentas elaborado por la Intervención. Además, el análisis de la Intervención ha detectado cargos por pagos a operadores (concretamente a la UTE Metrorbital y a FGV) por un total de 313.528 euros que no se han podido conciliar con las facturas emitidas. Del total de facturas emitidas por FGV no constan pagos en la cuenta por 24 millones de euros, según el informe.

La Intervención no ha podido obtener evidencia documental “adecuada y suficiente” que justifiquen 2.840 movimientos de cargos realizados en la cuenta por un importe total de 532.569 euros. Tampoco de 1,3 millones de 3.483 abonos por venta de títulos de transporte.

El informe concluye que el descontrol de esta cuenta implica la “posible concurrencia de hechos potencialmente generadores de responsabilidad patrimonial”.

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