La cúpula del PP en la trama del 'caso Taula' ataca a la Fiscalía y lamenta que los audios supusieron la derrota electoral
La cúpula de la presunta trama del PP en el 'caso Taula' ha arremetido al unísono contra la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y contra la cadena de custodia de los lápices de memoria con los audios que grabó en secreto Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', y que desencadenaron las pesquisas iniciando una compleja instrucción dividida en una decena de piezas separadas. “La Fiscalía Anticorrupción ha jugado con las cartas marcadas”, ha asegurado el letrado que ejerce la defensa de Alfonso Rus, expresidente popular de la Diputación de Valencia.
“Todo lo que se trabaja en este procedimiento se hace en orden a un 'pen drive' entregado por Rosa Pérez Garijo [entonces diputada provincial de Esquerra Unida y actual consellera de la Generalitat Valenciana] que carece de toda trazabilidad legal, que no guarda cadena de custodia alguna y que fue manipulado el día antes de su entrega al fiscal”, ha dicho el letrado de Rus en la exposición de sus conclusiones definitivas en el juicio por la pieza separada de los zombis del 'caso Taula'.
La defensa del expresidente de la institución provincial ha argumentado que Alfonso Rus no tenía la competencia ni la capacidad de ordenar la contratación de trabajadores zombis en la empresa pública Imelsa, de la que Marcos Benavent era gerente, ni mucho menos en Ciegsa, la firma de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcción de colegios, de la que Máximo Caturla, también acusado, era consejero delegado.
El abogado ha defendido que la “cuestión nuclear” pasa por “saber cuándo Marcos Benavent miente y no miente”, en referencia al cambio de estrategia de la defensa del 'yonqui del dinero' tras casi siete años de colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y Anticorrupción. “Alfonso Rus no le impuso la contratación de nadie, el 99,9% de los contratados en Imelsa lo han señalado a él [Benavent] por favores personales y prebendas económicas, no han señalado a Rus”, ha dicho su letrado.
Alfonso Rus, el “trofeo de caza mayor”
La defensa de Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus, ha criticado las filtraciones de la causa cuando aún se encontraba bajo secreto de sumario en 2014. “Se estaba produciendo toda una revelación de secretos de información que afectaba al 'caso Taula' con absoluta impunidad, lo que derivó en la pérdida electoral del PP [valenciano en 2015]”, ha dicho.
El letrado ha acusado directamente al partido de la denunciante de filtrar los comprometedores audios con el objetivo de hacerse con el “trofeo de caza mayor” —Alfonso Rus— y, de paso, “abatir” a otras personas de su círculo (Llopis, Caturla y Benavent). Sin embrago, también ha reconocido que la querella que presentó contra Rosa Pérez Garijo por las supuestas filtraciones fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 11 de Valencia.
La defensa del 'yonqui del dinero', por su parte, ha centrado su exposición en el “derecho al entorno digital”, al nacer la causa de unos audios almacenados en un disco duro externo de Benavent que se quedó en una vivienda de su exmujer y que fueron aportados, por venganza, por su exsuegro. “Esta es la nueva época en la que tenemos que determinar si ha habido o no vulneración de derechos fundamentales”, ha dicho.
El abogado de Benavent ha denunciado “una serie de irregularidades” en la investigación del 'caso Taula' y ha señalado a “cuatro agentes perturbadores”: el empresario Mariano López, exsuegro del 'yonqui del dinero'; Rosa Pérez Garijo, la denunciante inicial; la Fiscalía Anticorrupción, y la UCO de la Guardia Civil.
También se ha referido a la supuesta injerencia en el derecho a la intimidad de Benavent al haber sido sacados los audios de un dispositivo que le pertenecía pero que se había quedado en la vivienda de su exmujer. En tono informal, el letrado ha asegurado: “Todos conocemos que en situaciones de divorcio hay veces que lo menor es salir por piernas”.
El testamento del 'yonqui del dinero'
El abogado ha afirmado que Benavent almacenó los comprometedores audios en un disco duro “como seguridad por si luego le pasaba algo”. De hecho, también ha desvelado que en 2015, cuando estalla el 'caso Taula' su cliente hizo un testamento porque “temía por su vida” y por su “integridad física”.
La defensa de Benavent también ha criticado a la denunciante de la causa, quien afirmó que antes de entregar los audios y poner la primera denuncia advirtió a la Fiscalía Anticorrupción del explosivo material al que había tenido acceso. El letrado ha acusado a la consellera de la Generalitat Valenciana de obtener esa información para “asegurarse un rédito personal y político”.
El letrado de Máximo Caturla, exresponsable de la empresa pública Ciegsa, también ha abundado sobre el contenido de los audios, aunque ha enmarcado las grabaciones en “un partido político que trata de resolver problemas del partido”.
La defensa se refería al enfrentamiento en el seno de la firma pública con Miguel Barranca, el gerente que advirtió a Francisco Camps de que se estaban cometiendo irregularidades bajo la batuta de Máximo Caturla, tal como detalló en una comisión de investigación de las Corts Valencianes. Más que un reparto de zombis, lo que se escucha en los audios, según argumenta el letrado, es el “problema” de “cómo torear a Barranca”, que finalmente fue despedido. “Es el problema que tiene que resolver Alfonso [Rus] en el partido”, ha apostillado.
El abogado ha defendido que Caturla “no decidió” quién tenía que ocupar los puestos de trabajo enjuiciados (algunos de alta dirección) ni consultó con Alfonso Rus. A pesar de las confesiones de algunos de los acusados, que han reconocido que en realidad trabajaban para el PP mientras cobraban de una empresa pública, el letrado ha asegurado que “prestaron su trabajo en unas condiciones excelentes y eficaces”.
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