La Generalitat bloquea la entrega de las ayudas a Air Nostrum hasta que Bruselas resuelva la investigación
La aerolínea irlandesa Ryanair ha abierto una guerra contra la valenciana Air Nostrum a cuenta de las ayudas del Gobierno valenciano. La low cost denunció ante la Comisión Europea una posible vulneración de las leyes de competencia por una subvención de tres millones de euros a Air Nostrum para que renovara su flota con aviones menos contaminantes. Bruselas se ha pronunciado este martes y ha acordado abrir una investigación.
La subvención se integra en el plan de transformación del modelo económico valenciano y viene justificada por los recortes en las emisiones de CO de los nuevos aparatos adquiridos. En 2017, el president Ximo Puig suscribió un convenio con la aerolínea por el que se acordaba invertir nueve millones de euros trianuales en un proyecto avalado por el Banco Europeo de Inversiones, de un total de 340 millones de euros.
La conselleria de Hacienda conoce la denuncia de Ryanair desde hace meses y, según aseguran a eldiario.es, la secretaria autonómica Maria José Mira ha acudido varias veces a la capital europea para facilitar información. La Generalitat Valenciana no ha realizado ningún pago a la compañía, a la espera de la resolución de la Comisión Europea. De hecho, en los próximos presupuestos, que se presentarán el jueves, no se incluirá la subvención directa a Air Nostrum y las ayudas se otorgarán bajo el sistema de concurrencia competitiva.
La aerolínea valenciana ha defendido en un comunicado que el acuerdo “respeta la legislación” tanto autonómica, nacional y comunitaria y ha recordado que el Banco Europeo de Inversiones ya respaldó este proyecto en julio de 2017.
Mientras, en Presidencia destacan que el convenio llevó meses de trabajo minucioso para no comportar ningún problema legal. “Confiamos en que se resolverá a nuestro favor y se podrán pagar las ayudas, que tienen los dictámenes favorables de la Abogacía, Intervención y Ayudas de Estado”, explica Hacienda.
La primera introducción de la ayuda en los presupuestos generó una bronca considerable entre los socios de Gobierno. Podemos presentó una enmienda con el PP para retirarla y destinar los tres millones a fines sociales, advirtiendo que podría suponer una vulneración de las leyes de competencia. El entonces diputado de Podemos David Torres consideró que este tipo de ayudas “generan agravios comparativos con otros sectores” y ha mostró sus dudas respecto si esa ayuda puede vulnerar la legislación europea sobre competencia. Las ayudas se mantuvieron con los votos de PSPV, Compromís y Ciudadanos y la bronca se repitió en 2018 para los presupuestos vigentes, con el mismo resultado.
El socialista José Muñoz justificó la línea nominativa con la que el Consell cofinancia el 1 % de un proyecto de 340 millones encaminado a lograr una flota de aeronaves “más eficientes y sostenibles” en un sector estratégico para la Comunitat que aporta “empleo cualificado” y “alto valor añadido”.
La apuesta del Gobierno de Ximo Puig fue de tal calibre que el presidente viajó a Canadá con una delegación comercial para, entro otros lugares, visitar la fábrica Bombardier que surte de aviones a Air Nostrum. Acudió al viaje una delegación de empresarios valencianos, entre ellos, el propio Carlos Bertomeu, presidente de la compañía.
Ayudas similares en Europa
“El sector del transporte ya ha contado con este tipo de ayudas diseñadas para favorecer inversiones que minimizan el efecto medioambiental en sus flotas”, resalta Air Nostrum, que añade que, hasta el momento, “no ha cobrado ninguna de las ayudas autorizadas”.
La Generalitat defiende que en otros países europeos se han dado ayudas similares y se fijó en este modelo para diseñar estas subvenciones. Como ejemplos, citan la renovación de flota de autobuses ecológicos en Alemania (con 107 millones de financiación); un proyecto en Budapest para sustituir 3.200 autobuses antiguos por otros con menos impacto, con una financiación de 147 millones, el 18,28% del total del proyecto, por parte del Gobierno); en Rotterdam, un proyecto de modernización de las flotas e infraestructuras de transporte público de la ciudad (autobús, metro y tranvía), con una financiación pública de 115 millones, el 44% del total del proyecto.
El precedente de la Ciudad de La Luz
Si hay una sanción por vulneración de las leyes de competencia que se recuerda en la Comunitat Valenciana es la de la Ciudad de la Luz. Las ayudas públicas para la construcción del macroproyecto del PP de un centro audiovisual y de ocio fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea y se ordenó a España que recuperara una inversión de 265 millones de euros. Ciudad de la Luz acumuló entre 2004 y 2010 pérdidas por un valor de 84 millones de euros y la Generalitat autorizó su disolución y paso a manos privadas para poder recuperar el dinero.
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