La factura pública para salvar la SGR que avala a empresarios: 377 millones de la Generalitat Valenciana a fondo perdido

La factura para el contribuyente que se ha necesitado para salvar la Sociedad de Garantía Recíproca (ahora conocida como Afín SGR), la entidad privada creada para ofrecer avales a pymes en la Comunitat Valenciana, ha sido de 412,4 millones desde el año 2012, cuando casi acabó en liquidación por una nefasta gestión combinada con la crisis económica. La entidad ha recibido en esos años de la Generalitat Valenciana, sobre todo desde 2016, 377,2 millones de euros a fondo perdido para reflotrarla y devolver a la banca las garantías fallidas otorgadas por la antigua dirección, de la que formaban parte empresarios y líderes patronales y que estaba supervisada por los distintos gobiernos del PP. Los otros 35,6 millones aportados por los ciudadanos han sido a través de Cersa, la entidad avalista del Estado.

Esta cifra de recursos públicos para pagar a los bancos, que en antiguas pesetas supondría 68.392 millones, ha sido revelada por el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y presidente de Afín SGR, Manuel Illueca, quien ha comparecido este miércoles en las Corts Valencianes para explicar el proceso de reestructuración que se ha llevado a término desde 2016 cuando asumió la presidencia. Este rescate ha permitido a la SGR equilibrar las cuentas y poder vender patrimonio que había conseguido de la ejecución de los avales impagados y no fallidos. En este caso hay que sumar unos ingresos de 68 millones de euros, más otros 5,3 millones por la venta de las sedes de la entidad en las capitales de provincia. Este dinero recuperado no se ha destinado para devolver a la Generalitat parte de su inyección de capital y se ha utilizado para ganar solvencia de cara a los bancos, que en la actualidad se encuentra en el 20%.

Manuel Illueca ha insistido durante toda su comparecencia ante los diputados en que el rescate ha servido para que la entidad, en la que la Generalitat tiene un 40% y donde están bancos y patronales, funcione a pleno rendimiento. “Vamos a dar 50 millones de euros en avales a pymes en 2020 y tenemos demanda de hasta 160 millones por parte de 1.600 empresas”, ha explicado el presidente de la entidad, que la considera “privada de facto”. A estas inyecciones de capital público se han sumado otros 17 millones de euros aportados recientemente para “reforzarla” de cara al previsible incremento de demanda de las empresas por la crisis de la COVID-19.

Illueca ha sido muy duro con la anterior gestión y ha considerado que el problema del hundimiento de la SGR fue su excesiva exposición al ladrillo y los conflictos de intereses de sus gestores, que se daban avales a sí mismos. 17 de los expedientes analizados por la auditoría forense que ha venido explicando eldiario.es en las últimas dos semanas, Illueca ha asegurado que inclumplían los límites de riesgo. El compareciente ha puesto como ejemplo un aval al expresidente de la patronal de Castelló, José Roca, que dejó más de un millón de euros sin pagar. Sobre estas actuaciones ha defendido que posteriormente se persiguió a los responsables de los impagados y en el caso del propio Roca se le requisó su vivienda particular.

El presidente de la SGR ha defendido el rescate público porque la entidad llegó a tener un riesgo de “hasta 2.000 millones de euros”. Sobre las responsabilidades penales o mercantiles, Illueca ha explicado que un informe de Deloitte Legal les ha recomendado no denunciar a los posibles responsables porque los casos estarían prescritos. El diputado del PP Rubén Ibáñez le ha recriminado esta inacción, a lo que el presidente de la SGR ha asegurado que debían haber sido los gobiernos del PP los que denunciaran los casos en 2012. El Banco de España multó en 2017 al consejo de administración de la SGR fallida pero no se ha seguido contra ellos una actuación complementaria. En total, los empresarios y líderes patronales sancionados por el supervisor bancario tuvieron que afrontar multas de 5.000 a 20.000 euros.

En conclusión, la SGR ha necesitado 412,4 millones de euros de dinero público; otros 70 obtenidos de la venta de los activos intervenidos por las garantías y sus sedes y 17 más públicos por la crisis de la COVID-19 para poder equilibrar sus cuentas y funcionar con normalidad. “A falta de 10 millones de deuda bancaria que se abonarán en unos meses, el proceso de reestructuración ha finalizado”, ha sentenciado Illueca. La Generalitat mantiene según el registro mercantil el 43% de la SGR, mientras que Bankia y Banco Sabadel el 4,4% y 4,3 %, respectivamente. El resto de accionistas tienen todos menos del 1% de manera individual y forman parte de su accionariado otros bancos como CaixaBank, Santander o Caixa Ontinyent, pero también las patronales valencianas, las cámaras de comercio y la Diputación de Castellón.