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La Generalitat Valenciana adopta el modelo gallego para el requisito lingüístico en la función pública

La consellera de Educación, Raquel Tamarit (izquierda), y la titular de Justicia, Gabriela Bravo.

Adaptar el modelo gallego de requisito lingüístico para la función pública a la realidad valenciana. Así ha resumido la consellera de Educación, Raquel Tamarit, el armazón normativo que ha presentado junto con la titular de Justicia (y responsable de Función Pública), Gabriela Bravo, este lunes. Un acuerdo que “posibilitará que todos los valencianos puedan elegir la lengua que quieran para poder comunicarse con la administración”, ha dicho Bravo. Un derecho a la normalidad lingüística, no exenta de tensiones, a la que la administración pública “está obligada”, ha recordado la consellera de Justicia.

Los dos decretos que han anunciado Tamarit y Bravo regulan desde sus respectivos ámbitos la acreditación de la competencia lingüística en valenciano, como requisito de participación en los procedimientos selectivos en el ámbito del empleo público. 

El “despliegue” normativo afecta a las convocatorias de oposiciones de la Administración de la Generalitat, sus consorcios adscritos, las entidades locales y el personal no docente de las universidades públicas. “No será necesario realizar otro examen para poder obtener la certificación, será la Conselleria de Educación, a través del decreto de homologación, la que determinará el nivel según los estudios”, ha explicado Bravo.

Justicia y Educación han acordado los grados de capacitación de cada cuerpo de funcionarios. Los opositores al nivel de funcionarios A1 y A2 (altos funcionarios con estudios universitarios) deberán contar con un nivel C1 de valenciano; los aspirantes al grupo B deberán tener un nivel B2 de valenciano; los que aspiren al subgrupo C1 deberán contar un nivel de capacitación de valenciano B2, y los del subgrupo C2, con un nivel de valenciano de B1. Finalmente, las personas que aspiren a una agrupación profesional funcionarial deberán contar con el certificado A2 de valenciano. 

La Generalitat Valenciana tiene la previsión de que el decreto entre en vigor durante el primer semestre de 2023. Las posibles oposiciones para acceder a los grupos funcionariales de las categorías de los grupos B, C1, C2 y agrupación profesional funcionarial que se convoquen una vez publicado este decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ya contemplarán el requisito lingüístico necesario en cada categoría. 

Para los grupos de altos funcionarios A1 y A2, habrá un periodo transitorio y el requisito de nivel C1 de capacitación en valenciano se pedirá a partir de las convocatorias de oposiciones que se desprendan de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del año 2025. Hasta ese momento, para aspirar a plazas de esta categoría, se les requerirá un nivel B2 de valenciano. 

La titular de Educación también ha detallado que la normativa determinará que el alumnado que finalice la ESO contará con un nivel B1 de valenciano y que el alumnado que finalice el Bachillerato tendrá acreditado un nivel B2. 

Cuando el decreto entre en vigor, el alumnado que haya superado alguna de estas etapas educativas contará con las pertinentes acreditaciones en competencias de valenciano. Además, tendrá un carácter retroactivo para todo el alumnado de cursos anteriores que hayan cursado estos estudios y las acreditaciones se podrán solicitar a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

Asimismo, en el caso de Bachillerato, el alumnado que supere la materia de valenciano con al menos un 7 de puntuación en cada curso de esta etapa contará con el nivel C1 de valenciano al finalizar esta etapa educativa. En este caso, podrá contar con este nivel de acreditación el alumnado que haya cursado Bachillerato desde el curso 2021-2022.

No afecta al ámbito sanitario

La consellera de Justicia ha recordado que los decretos no afectan a los docentes ni al ámbito sanitario, que cuentan con su “regulación específica propia”. Raquel Tamarit, por su parte, ha explicado que ambos departamentos han analizado los modelos de las comunidades con lengua propia siendo el gallego el que más se adapta a la realidad lingüística valenciana. “Nos sitúa al nivel de otras comunidades autónomas como Galicia”, ha incidido Gabriela Bravo.

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