Isaura Navarro: “Los polígonos industriales son perfectos para las plantas fotovoltaicas, mejor que en terreno agrícola”

Isaura Navarro ha pasado de la noche a la mañana de lidiar con la pandemia de Covid como secretaria autonómica de Salud Pública a gestionar las políticas de Emergencia Climática del Gobierno valenciano como consellera, tras la destitución el pasado 25 de octubre de su predecesora en el cargo Mireia Mollà, quien días antes criticó la lentitud de las tramitaciones de los permisos para instalar plantas fotovoltaicas, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de la Comunitat Valenciana con los compromisos europeos, que pasan por lograr 6.000 megavatios de potencia instalada para la red general (no para autoconsumo) en el año 2030. Actualmente cuenta con 412 megavatios.

Este será sin duda uno de los principales retos de la nueva consellera, de Compromís, que asegura que se están poniendo los medios para agilizar las tramitaciones, pero que se debe hacer de una forma ordenada y priorizando la instalación de placas solares en suelo industrial frente al agrícola.

Su predesora en el cargo fue destituída después de hacer unas declaraciones en las que pedía celeridad para tramitar las plantas fotovoltaicas y hace unos días el presidente, Ximo Puig, insistió en el mismo sentido. ¿Cómo ve esta cuestión que tantas fricciones está generando?

Nosotros estamos de acuerdo en que hay que ir rápido. También es verdad que una cosa ir rápido y otra acertar teniendo en cuenta que la decisión que tomas es importante. Entonces, es normal que desde la Conselleria de Territorio se haga el trabajo que se debe de hacer, valorando si es el espacio más conveniente para poner cada planta fotovoltaica. Debemos cuidar nuestro territorio, debemos ser conscientes de que la agricultura es muy importante, por lo que debemos proteger los terrenos agrícolas y al mismo tiempo impulsar la energía fotovoltaica como energía limpia. Esos equilibrios estaría bien que los hicieran todos con una normativa más clara y a través de una Agencia Pública de Energía que mantenga la soberanía energética en la administración pública, impulsando los proyectos de las empresas, ayudando a que vayan rápido, al mismo tiempo que te quedas un porcenaje y participas de las decisiones. La soberanía energética no es dejarlo en manos de las empresas que montan las instalaciones, sino que la ciudadanía tenga cierto control y eso se obtendrá si formas parte de la gestión como administración pública. El proyecto de la Agencia está pactado desde el mes de mayo entre los grupos que apoyan el Pacto del Botánico y no se entiende que no esté en la ley de acompañamiento.

Pero al margen de eso, la realidad es que hay centenares de proyectos que llevan años en tramitación y que hay que ver qué pasa con ellos.

Por parte de esta conselleria hemos incrementado en tres personas el equipo y ya hemos hecho saber a Hacienda que queremos sumar a más personal para acelerar las autorizaciones. Todas las que tienen que estar resueltas antes de que acabe el año lo estarán, pero necesitamos que nos apoyen en materia de personal para poder ir más rápido. También consideramos que se debe aplicar lo que dice la Ley de Cambio Climático, que es ir al suelo industrial, que tiene techo que se puede aprovechar, a los parkings, a los que según esta ley se debe obligar a que pongan placas fotovoltaicas. Hay mucho suelo industrial que no hace ningún daño, que no tiene afectación en el territorio y que se puede aprovechar para las plantas que son necesarias. Aquí se han impulsado muchos polígonos industriales que son espacios perfectos para que estén las plantas fotovoltaicas, mucho mejor que en terreno agrícola, que es de donde debemos sacar los frutos para comer.

Pero no deja de ser una utopía que poniendo placas solares en los parkings y en los polígonos esté resuelto el problema del abastecimiento. ¿No?

Hay un estudio del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) que concluye que sí sería suficiente entre espacios públicos y polígonos industriales. Hay mucho espacio ya construído en el que se debe potenciar. Pero sobre todo lo que debemos ofrecer a las empresas es una planificación de nuestra comunidad para que vayan directamente al terreno que sí que consideramos adecuado para estas plantas. En eso estamos trabajando, además de en una coordinación entre las tres conselleries afectadas para planificar, coordinar y tener clara la interpretación de la normativa, también de cara a los municipios.

Cuando se habla de instalar plantas solares en campos, se entiende que se trata de campos que llevan años abandonados. ¿En ese caso serían partidarios de autorizarlas?

Eso es lo que hay que planificar, la cuestión es decirle a las empresas si son lugares adecuados o no, porque un terrenos puede que hoy no esté cultivado pero mañana sí. Lo que tenemos claro es que desde el Gobierno tenemos que proteger el terreno agrícola porque nosotros no queremos que se abandonen los campos, lo que queremos es tener la tierra cultivable y cultivada dando sus frutos, con un campo vivo que nos alimente. Este es un problema de presente y que debemos tener en cuenta para el futuro, porque el futuro es la soberanía alimentaria. Que tengamos producto fresco y de proximidad. Vamos a cuidar esa tierra y a protegerla porque los costes de los transportes ya los conocemos y no podemos depender de otros países ni que sean los suspermercados con productos procesados los que digan lo que tenemos que comer. Tenemos que proteger la salud.

¿Entonces, dentro de esa planificación, cuál es el orden de prioridades de su conselleria para que las empresas puedan instalar plantas fotovoltaicas?

Mientras haya suelo que está construido con un techo aprovechable para las plantas fotovoltaicas debe ser prioritario frente a terrenos agrícolas que necesitamos en el presente y en el futuro para garantizar nuestra soberanía alimentaria, por eso debemos ser cautelosos con las decisiones que tomamos.

¿Y en las zonas de interior que quizás no tienen zonas industriales, qué alternativa hay?

Hemos pedido que se haga una planificación de cuál es suelo agrícola de alto, medio y bajo valor agrológico, como está establecido en la normativa con un mapa. Hay mucho trabajo por delante y no hace falta ir a lo fácil, que son municipios con grandes extensiones, sino que vamos a ordenar.

Pero una cosa es el autoconsumo mediante placas solares y otra es la producción de energía fotovoltaica para suministrarla a la red eléctrica.

Efectivamente son cosas diferentes, pero aquí tenemos polígonos industriales como Fuente del Jarro, que tiene una grandísima extensión para poner placas, tenemos también los parkings, tenemos edificios públicos. También los ayuntamientos pueden ofrecer terrenos que consideren adecuados, por ejemplo explotaciones mineras que estén agotadas o abandonadas. Se trata de proteger los terrenos que son de alto valor agrológico, que deben ser nuestra nevera del futuro.

¿Cómo valora la aprobación de las leyes de Economía Circular y de Cambio Climático?

Son dos leyes muy importantes. La primera va más allá de la estatal y también es la primera que adapta la normativa autonómica a la estatal. El planteamiento es muy sencillo, consiste en que los residuos son la nueva minería, que debemos tratar de lograr el residuo cero y ver a través de los institutos de investigación la forma de sacar provecho a todos los residuos, es decir a la reutilización. Todo va también a la ruta valenciana del biogás, por eso vuelvo a insistir en la importancia de la agricultura en el medio ambiente, porque son residuos de la agricultura y la ganadería los que acaban generando fuentes de energía verde. La ley de Cambio Climático apuesta precisamente por poner las plantas fotovoltaicas en los aparcamientos y en suelo industrial de forma obligatoria. Ambas leyes están muy bien entrelazadas y suponen un antes y un después para la Comunitat Valenciana.

La ley de Cambio Climático incluye nuevos impuestos verdes, como el que a partir de 2025 gravará la compra de vehículos contaminantes...

Efectivamente, pero también obliga a la administración pública a habilitar cargadores para los coches eléctricos, que es uno de los problemas que tenemos y que ahora puede frenar la compra de este tipo de vehículos, la falta de esos cargadores. También se obliga a las ciudadanos a tomar decisiones en materia de movilidad como las zonas de bajas emisiones y también a las empresas por el nivel de contaminación que genera la movilidad empresarial, desde el momento en el que el trabajador se levanta y se va a su puesto de trabajo. Las empresas también deben hacer una reflexión con su organización a la hora facilitar una movilidad más sostenible.

La ley de Economía Circular deja la puerta abierta a implantar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), una iniciativa que se empezó a trabajar pero que se descartó en el pasado mandato. ¿Es partidaria de recuperarlo?

La reutilización es muy importante. Yo creo que a veces todo el mundo se pone muy nervioso con el problema que tenemos con los envases y luego se da cuenta de que en casa genera un montón de plásticos. Con esta normativa una de las apuestas es la compra a granel, que es más ecológica. En cuanto a la reutilización de los envases, creo que es muy positiva. El que se pague por la recogida de envases favorece mucho que la gente lo haga y fomenta la concienciación.

En cuanto a la contaminación que generan las grandes infraestructuras, este departamento se ha mostrado muy crítico con la ampliación del Puerto de València. ¿Cómo ve la contradicción que se puede dar entre promulgar la emergencia climática y grandes obras como esta?

La verdad es que lo que una no acaba de entender es por qué la Autoridad Portuaria, sea la de València o la de Alicante, funciona como si fuera Guantánamo, es decir, como si viviera al margen de la normativa autonómica y que pueda tomar decisiones a espaldas de los intereses de la representación ciudadana de una ciudad en la que está inserta y contraviniendo los criterios del alcalde y de la representación de miembros del Gobierno valenciano. Los puertos son altamente contaminantes y una de las cosas que faltan en el de València son más medidores de aire, ya que tiene menos en proporción que cualquier otro puerto. El Puerto de València es una referencia, es el primero del Mediterráneo, tiene mucho tráfico y no necesita en la actualidad ninguna ampliación. Se están tomando decisiones que afectan a la ciudad, a la contaminación y a la movilidad, con una declaración de impacto ambiental (DIA) caducada del año 2007 de un proyecto que nada tiene que ver con el actual, con la diferencia que hay en cuanto a la sensibilidad y la legislación en materia de sostenibilidad y emergencia climática.

¿Cómo ve la postura que ha adoptado el Ministerio de Transición Ecológica, que ha derivado la decisión de realizar una nueva DIA en el propio Puerto de València?

Le da plena autonomía a una autoridad que tiene intereses exclusivamente económicos y ninguna preocupación ambiental ni escucha las preocupaciones medioambientales del Ayuntamiento de València, la ciudad en la que está el Puerto. Me parece un absoluto despropósito. Lo que tiene que hacer es tomar cartas en el asunto y frenar los intereses de especulación que suponen un incremento de la contaminación y una afectación a nuestras costas, una erosión que luego toca regenerar, en definitiva una afectación medioambiental a gran escala. El Ministerio de Transición Ecológica no puede mirar a otro lado.

¿Está satisfecha con el acuerdo alcanzado para el trasvase Tajo-Segura?

Vamos a aprobar ahora la nueva planificación y la propuesta que presenta el Gobierno es muy positiva para la Comunitat Valenciana porque garantiza que el caudal llegue en los próximos cuatro años. De hecho, todas las comunidades de regantes la están aplaudiendo y deja claro que da cuatro años de margen para seguir invirtiendo por parte nuestra y del Gobierno en la depuración y reutilización de aguas, así como en desaladoras, con la inversión en energía fotovoltaica para que el coste del agua sea menor. Después es importante el hecho de que van a asumir la inversión necesaria en la Comunidad de Madrid para depuración de aguas. Uno de los problemas que teníamos es que, como Madrid no depura, perjudica a las aguas que llegan. Finalmente, será el ministerio el que invierta para solucionar este problema, a diferencia de lo que sucede aquí, que hemos costeado nosotros la depuración. Una vez más Madrid no hace los deberes y eso nos afecta a todos.

En cuanto al problema de las importaciones de cítricos de países extracomunitarios, sigue habiendo algunas reticencias sobre las garantías sanitarias. ¿Que opina de este asunto?

Lo mejor sería que no se aceptaran productos de otros países sobre los que no hay garantías de que tengan las mismas restricciones que nosotros en cuanto al uso de fitosanitarios. Esa es nuestra posición. Por otra parte, es muy importante que se haya conseguido el tratamiento en frío de las naranjas que vienen de paísos donde hay plaga de 'cotonet', pero sigue el problema de ampliar ese tratamiento en frío de las mandarinas y de cómo se cultivan esos productos. Desde la Unión Europea, con la política 'de la granja a la mesa', que está muy bien, lo que se quiere es reducción del 50% de los fitosanitarios para garantizar que lo que comemos los europeos y europeas sean productos que han tenido menos tratamientos, más seguros, y al mismo tiempo ambientalmente más sostenibles. Pero claro, si los mismos europeos pueden ir a un supermercado y consumir un producto que sí usa esos fitosanitarios, te acabas comiendo productos que no tienen esa garantía. Es una grave contradicción. En Europa hay una clara contradicción entre los intereses comerciales y los de cuidar la salud pública, porque la salud pública la cuidarás protegiendo lo que se cultiva aquí y lo que viene de fuera.

Su conselleria tiene un papel fundamental en la prevención de incendios. Después de un verano tan complicado, ha habido un tira y afloja en la elaboración del presupuesto. ¿Está satisfecha con el resultado?

El presupuesto de prevención de incendios se ha incrementado en un 40% respecto al año anterior y tiene una partida de 10 millones de euros plurianual para la creación de un fondo de cooperación en el que se dará directamente el dinero a los municpios para que ejecuten los planes de prevención de incendios que, por fin, ya tienen prácticamente todos los municipios de la Comunitat Valenciana. También para la planificación forestal. Y lo que deben de hacer con ese dinero es ejecutarlo. No tenía sentido poner 50 millones en un mismo año, sino crear un fondo que durante varios años va a financiar a los ayuntamientos, que deben hacer unos proyectos y unas licitaciones que tienen unos plazos. Se necesitan varios años para ejecutar todo el plan, por eso se hace plurianual. Las diputaciones también aportarán financiación a este fondo de cooperación. Por ejemplo la de València ya ha aprobado una dotación de 8 millones.

Como dice, esos 10 millones adicionales son para los municipios, pero para el presupuesto propio de prevencion de su conselleria no ha habido un incremento real. Es la misma dotación económica que habia hasta ahora. ¿No cree que después de los incendios que ha habido este verano ha faltado una apuesta más decidida por la prevención?

Bueno sí que ha subido, también se está invirtiendo en la recuperación de las zonas afectadas. Nosotros gestionamos los registros de los planes de prevención de incendios municipales, que sean correctos y adecuados y que se cumplan. Por lo tanto, el trabajo específico en el territorio lo debe hacer cada ayuntamiento. Nosotros hacemos un trabajo de coordinación. Para eso tenemos el dinero suficiente. Lo que necesitamos es que esos 10 millones incrementados con las partidas de las diputaciones lleguen a los ayuntamientos para que ellos ejecuten el plan de prevención. Son ayudas para un plan que están obligados a ejecutar.