La ley LGTBI valenciana prevé sanciones de 45.000 euros para las terapias contra la homosexualidad

La bandera arco iris ondeando en el balcón del Ayuntamiento de Valencia / @PodemCiVal

"Hola, ¿Te gustaría salir de la homosexualidad para siempre?", "Cambiar o no cambiar es una decisión libre". Dentro de pocas meses, publicitar las 'terapias antigay' como las que encabezan este artículo saldrá caro a los séquitos de coaches que se refieren a la homosexualidad con el lenguaje propio de una patología.

La ley LGTBi que prepara el Gobierno valenciano prevé estos anuncios homófobos como una infracción muy grave, por la que se podrán interponer multas de hasta 45.000 euros si no se retiran. Estos tratamientos de terapia conductual pueden tener consecuencias psicológicas muy graves para las personas que acuden, según han explicado distintos expertos. El ejecutivo autonómico acaba de aprobar el anteproyecto de esta norma que prohibirá expresamente el uso de métodos, programas o terapias de aversión destinados a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género a modo de "curación". Unos tratamientos "denigrantes", en palabras de la vicepresidenta y consellera de Inclusión, Mónica Oltra.

La norma, a parte de ser la primera en la autonomía valenciana en poner negro sobre blanco los derechos del colectivo LGTBi, es la primera en el Estado en recoger un capítulo específico para las personas con variaciones intersexuales. Según explica la conselleria, reconoce una atención especial, visibilizando la diversidad de su realidad y las principales necesidades, que se ha trabajado con una persona experta en el tema con contacto directo con grupos de apoyo. A las personas intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual se les garantizará una atención psicosocial integral y adecuada a las necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales y culturales que puedan tener.

Dedica además un apartado a la protección de las víctimas de LGTBifobia, para lo que se elaborará un protocolo específico de atención y actuación. En los municipios de más de 100.000 habitantes será obligatorio que se forme un cuerpo de la policía local contra los delitos de odio. La ley protegerá a los hijos (biológicos o en acogida) de familias LGTBi de las violencias contra el colectivo y considerará violencia familiar la ejercida en el seno del hogar hacia cualquier perteneciente a este colectivo.

En cuanto al sistema sanitario público, incluye la garantía del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a todas las personas con capacidad gestante o sus parejas en condiciones de igualdad.  

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Publicado el
6 de abril de 2018 - 17:06 h

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