Los municipios valencianos que se retrasen en la ejecución de las zonas de bajas emisiones podrán pedir una moratoria

Quince municipios valencianos deberán establecer antes de que finalice el año una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con restricciones a los vehículos más contaminantes y multas por los incumplimientos. Así lo contempla la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de ámbito estatal para los municipios españoles de más de 50.000 y de 300.000 habitantes.

En el caso de la Comunitat Valenciana, se trata de València, Alicante, Castelló, Elx, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda, Villarreal.

Muchos de ellos han sufrido retrasos en la ejecución de las inversiones necesarias para establecer los controles y sanciones, en la mayoría de los casos con la instalación de cámaras de captación de matrículas en las zonas sensibles por existir más niveles de contaminación. Estas inversiones están en gran parte financiadas con fondos europeos por lo que existe cierta preocupación por la posibilidad de perderlos si no se ejecutan a tiempo.

Al respecto, fuentes del Ministerio de Transportes han confirmado a preguntas de elDiario.es que si algún municipio lo pide analizará “una a una las solicitudes de ampliación de plazo para ejecutar las actuaciones financiadas con fondos del Plan de Recuperación en el marco del Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible y digital del transporte”. 

Al mismo tiempo han explicado que “independientemente de los plazos de ejecución pactados con los beneficiarios de las ayudas, las bases de la convocatoria recogen la posibilidad de prorrogar dicho plazo sin penalizaciones, siempre y cuando esté debidamente justificado”. 

Por lo que, a priori, “si el municipio beneficiario cumple las condiciones recogidas en las bases (que sean causas imprevisibles y sobrevenidas y debidamente justificadas), el Ministerio aprobará la ampliación del plazo para la ejecución de la actuación, que en cualquier caso no podría ser nunca superior al 31 de diciembre de 2025”.

Investigación del Defensor del Pueblo

Como informó este diario, el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio con 33 ciudades, entre ellas València, Castelló, Alicante, Orihuela y Elche, por el retraso que se está produciendo en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), exigidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.

Una parte de la investigación se refiere “a aquellos municipios en los que se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE, de lo cual esta institución tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, basados en las declaraciones formuladas por los órganos representativos del municipio, por los órganos competentes en materia de medio ambiente, representantes políticos o por otros análogos”. En este grupo están València, Castellón y Elche.

En el caso del Ayuntamiento de València, el bipartito del PP y Vox solo tendrá en cuenta los resultados de las seis estaciones de calidad del aire municipales, ubicadas la mayoría en parques, para evitar aplicar restricciones de tráfico en la zona de bajas emisiones, dejando de lado el informe de la Universidad Politécnica, cuyos autores piden “rigor científico”.