Fiscalía denuncia la contratación de 22 profesores de religión que no daban clase en colegios concertados por 9 millones
La Fiscalía Provincial de Valencia ha presentado una querella por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones por el caso de los 22 profesores de religión 'zombis' en colegios concertados, que habrían supuesto un dispendió de 9 millones de euros a las arcas públicas valencianas.
La denuncia se produce un año después de que Compromís hiciera publica esta presunta situación irregular que se habría alargado durante 9 años en la época de gobierno del PP, iniciándose con Francisco Camps y continuando con Alberto Fabra hasta 2015 cuando se intentó regularizar la situación.
La querella se ha presentado en la Ciudad de la Justicia de València, lo cual indicaría que, al no presentarse ante el TSJCV, no habría investigados aforados en las Corts Valencines, y por lo tanto no estarían involucrados -al menos de momento- los dos últimos consellers de Educación, Alejandro Font de Mora y María José Catalá, señalados por Compromís, que pertenecen a la Cámara autonómica. Además, entre los nombres a los que apunta la coalición está el actual arzobispo cardenal de València, Antonio Cañizares, pero no ha trascendido ninguno de los nombres investigados.
La denuncia que presentó Compromís detallaba que la Conselleria de Educación estuvo pagando la nómina a 22 trabajadores de la diócesis un sueldo como jefes de departamento de 1.800 euros mensuales al menos durante 9 años. Estas personas figuraban como profesores de religión en centros públicos, donde no los conocían ni los directores ni los profesores, pero en lugar de dedicarse a la docencia trabajaban en las diócesis de València, Oirhuela-Alicante y Segorbe-Castellón
PP e Iglesia
Tras la denuncia que realizó Compromís la reacción de PP y del Arzobispado de València no se hizo esperar y cargaron duramente contra la coalición.
Así la portavoz adjunta del PP en les Corts, María José Català, -quien también fue consellera de Educación durante el periodo investigado- denunció la “obsesión enfermiza de Compromís por desprestigiar la enseñanza de la religión en la Comunitat Valenciana”.
Por su parte desde el Arzobispado de València se calificó la denuncia de Compromís de “difamatoria” acusando a la coalición de querer “polemizar, descalificar, faltar al honor y calumniar”.
Esta causa vuelve a vincular a la Iglesia con la gestión realizada por el PP durante su periodo de gobierno en la Generalitat Valenciana, despues de salpicar al arzobispo auxiliar de València en la investigación sobre la trama Gürtel sobre la visita del Papa, y también tras conocerse la compra de un inmueble del Arzobispado de València por las Corts Valencianes por un precio muy superior al de mercado.
