El Gobierno valenciano se da prisa para que Volkswagen inicie en Sagunt las obras de la factoría de baterías en 2023

El Gobierno valenciano acelera los trámites para la instalación de la factoría de baterías de Volkswagen en Sagunt. Tras el amago de abandonar el proyecto que lidera, financiado con fondos europeos, la multinacional alemana ha ratificado este miércoles que acepta la cuantía adjudicada por el Gobierno procedentes de la primera convocatoria de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico y conectado: 397 millones de euros para impulsar junto a 60 empresas la factoría de baterías para vehículos eléctricos.

Confirmada la apuesta, el Gobierno autonómico desplegará los instrumentos legislativos para que las obras de la planta de baterías puedan arrancar a lo largo del primer trimestre de 2023.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que este jueves, sin perder “ni un día”, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el proyecto estratégico territorial vinculado a la iniciativa con el fin de agilizar al máximo el instrumento urbanístico para que la inversión llegue “lo más rápidamente posible” y para que la iniciativa se pueda materializar cumpliendo con los plazos acordados.

Puig puso en valor que Sagunto se va a convertir en la planta de baterías de referencia en el sur de Europa y aseguró que “la mayor inversión industrial de España en 50 años aterriza en la Comunitat Valenciana” y la refuerza como “tierra de oportunidades” y “territorio de inversión” y como el “mejor escenario de la nueva economía”.

Ahora se trata de generar “las máximas facilidades” y de dar la “máxima agilización” a un proyecto que “tendrá dos grandes impactos: primero, creará más de 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 puestos de trabajo indirectos y, segundo, será una palanca para la reindustrialización de la economía valenciana”. En este sentido, ha indicado que la llegada de Volkswagen “reforzará el tejido existente, generará nuevas empresas y desencadenará sinergias territoriales”.

Preguntado por el incremento de las ayudas públicas que han posibilitado que la compañía alemana confirme su proyecto, Puig ha explicado que por parte de la Generalitat se mantiene el plan de ayudas acordado inicialmente y que se articularán mediante subvenciones anuales a los proyectos concretos que vaya presentando la multinacional, tal y como se hace con Ford. La factoría de Almussafes ha recibido desde el año 2012 un total de 172,6 millones de euros, contando los 11 presupuestados para 2023, lo que sale a una media de 17,2 millones de euros anuales.

Por parte del Gobierno, podrían sumarse otros 100 millones de euros en ayudas para la gigafactoria, aunque según Puig comentó que no se canalizarán a través del segundo Perte, sino por otra vía.

El presidente de la Generalitat pidió a las autoridades europeas mayor flexibilidad en el calendario de aplicación de los Perte para que se puedan ejecutar más allá de junio de 2025 con el objetivo de que compañías como Ford puedan llegar a tiempo para optar a los fondos europeos para financiar sus proyectos de electrificación.

Aval a la política económica del Consell

El anuncio de la mercantil alemana proporciona cierto alivio tras el amago de abandonar el proyecto que hizo la dirección hace tres semanas. El Ejecutivo autonómico y los partidos del Pacto del Botánico celebran la decisión, que disipa las dudas que aprovechaba la oposición para cargar contra la política económica.

La confirmación del proyecto es una muestra de estabilidad en un contexto de incertidumbre económica, especialmente duro para los alemanes desde la guerra energética. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado que la “confianza” del grupo automovilístico “va a convertir a España en un hub de electromovilidad en Europa”. “Se sientan las bases con este proyecto tractor de una nueva industria que se basa en lo que ya tenemos”, ha apuntado, en referencia a la industria automovilística.

La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, que fue una de las negociadoras con la mercantil alemana, ha destacado el cambio legislativo para “facilitar la implantación racional de actividades económicas en el territorio compatibles con la conservación y mejora de sus valores ambientales, culturales y paisajísticos”.

En el parlamento valenciano, los grupos que sustentan al Ejecutivo autonómico interpretan la decisión de la multinacional como un aval a sus políticas. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha recalcado que la decisión de Volkswagen “da credibilidad” al cambio del modelo productivo que impulsa el Gobierno del Botánico, que es un “gobierno que gestiona bien” y que “habla y resuelve” los problemas cuando surgen, mientras que Pilar Lima, síndica de Unides Podem, ha puesto en valor que las ayudas del Consell atraigan la inversión a Sagunt, un municipio que ha sufrido las consecuencias de la desindustrialización, y ha expresado su deseo de que este proyecto permita “cambiar el modelo y recuperar la industria” con “puestos de trabajo de calidad”. Por su parte, la portavoz de los socialistas valencianos en las Corts, Ana Barceló, considera que es un “hito importantísimo” para la recuperación económica y avala la gestión de la Generalitat Valenciana. Hasta la oposición ha aplaudido la medida, aunque las portavoces de PP, Ciudadanos y Vox han criticado que Puig “anunciara” una medida no pactada, pese a que fue el grupo Volkswagen quien comunicó públicamente su decisión de concurrir al PERTE.