Hacienda ultima la definición de población ajustada para reformar la financiación autonómica

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

El Ministerio de Hacienda ultima la definición del criterio de población ajustada para arrancar el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. El concepto de población ajustada será determinante para calcular qué cantidad de recursos económicos reciben las comunidades autónomas para financiar sus servicios públicos y las políticas de crecimiento y recuperación económica.

Montero reitera el compromiso de presentar el nuevo sistema de financiación en noviembre y emplaza al PP a sumarse al acuerdo

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La ministra Maria Jesús Montero se comprometió en el Congreso de los Diputados a presentar un documento en noviembre a las autonomías, pero los plazos han venido ajustados por el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Llegado el día 30 de noviembre, el ministerio no cumplirá su palabra, aunque según informan fuentes de la negociación, el gabinete está terminando la propuesta para enviar en los próximos días a los consejeros de Hacienda de los gobiernos autonómicos.

El documento que defina de qué hablamos cuando hablamos de población ajustada será la primera piedra para la reforma del sistema de reparto de recursos entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En los debates y foros previos, los territorios han ido manifestando sus necesidades y preferencias y alineándose con quienes comparten sus intereses.

Las comunidades mediterráneas (Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana), las peor financiadas del Estado, incrementan sus contactos mientras las de la España despoblada hacen lo propio para defender sus intereses. El modelo mediterráneo reclama que el Gobierno aporte más recursos a todas las comunidades para garantizar sus competencias, reconocidas constitucionalmente, y presiona para que tenga un peso mayor en el reparto de recursos la población ajustada en cada autonomía, mientras que el modelo interior pide compensar la despoblación, la dispersión y el envejecimiento, que encarecen sus sistemas sanitario, educativo y de protección social. Cataluña, Navarra y el País Vasco juegan en otra liga, mientras que los archipiélagos reclaman medidas que reconozcan la insularidad.

El Gobierno ha subrayado en varias ocasiones que conseguir un acuerdo no será fácil, dado que requiere del apoyo de los territorios y de tres quintas partes del Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda ha participado en varias reuniones con dirigentes de su partido y con presidentes autonómicos para trabajar la propuesta, buscando una posición unánime del PSOE e instando al PP a que haga lo propio con sus barones territoriales.

Este martes, los negociadores valencianos se mostraban confiados en la palabra del ministerio. Desde Compromís, que ha negociado los Presupuestos con Hacienda en el Congreso, se muestran optimistas con que llegue la propuesta en los próximos días. Su diputado Joan Baldoví aseguró en una rueda de prensa que su voto favorable a los presupuestos llevaba de la mano el compromiso de Montero.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, pedía "relativizar la situación" a unas horas de pasar de mes en el calendario. "Hace siete años que esperamos el modelo, hay que relativizar la situación. Me consta que el ministerio se ha volcado con esto.", expresaba al inicio de un acto. El socialista considera un avance que se pase de un sistema opaco en el reparto de recursos -antaño se negociaba con las autonomías de mayor peso, generalmente Cataluña y País Vasco y posteriormente se trasladaba la propuesta al resto- a un "sistema transparente, que tenga en cuenta la deuda acumulada como consecuencia de la infrafinanciación". "El debate será sobre la letra pequeña, pero es un paso de gigante", señalaba el conseller.

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