“Una estructura al servicio del delito”

El juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel

El inspector del caso define como “intensa y familiar” la relación de Camps y El Bigotes

No ha sido una buena semana para el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, del PP, en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional sobre los contratos con la rama valenciana de la trama Gürtel. El inspector jefe que efectuó durante 14 años la investigación de este asunto, Manuel Morocho, declaró como testigo perito durante la vista oral. Y fue la suya una declaración más consistente de lo que esperaban las defensas, singularmente la de Camps. El mando policial describió, a preguntas de las fiscales anticorrupción, la “relación prolongada en el tiempo y continua con responsables políticos” de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa y explicó que el cabecilla de la organización envió a Álvaro Pérez, El Bigotes, a Valencia, para estar cerca del expresidente valenciano del PP. “Correa es muy claro, Álvaro Pérez trabaja para Francisco Camps”, dijo Morocho al referirse a las grabaciones realizadas por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a los integrantes de la Gürtel.

Camps, para quien se solicitan en el juicio dos años y seis meses de prisión y 10 de inhabilitación por supuesta prevaricación y fraude a la administración pública, aparece como la pieza de referencia, tan de referencia que el Bigotes aludía a él como “el jefe”. Morocho contó además cómo, en febrero de 2009, cuando se llevaron a cabo los registros policiales en las oficinas de la trama, detectaron el intento de destrucción de documentos en la sede de la empresa Orange Market en Valencia: “Estábamos en directo escuchando”.

El abogado defensor de Camps no logró debilitar en su interrogatorio el sólido relato del investigador policial del caso Gürtel, que calificó a la trama que lideraba Correa y de la que Álvaro Pérez era el representante en la Comunitat Valenciana, como “una estructura al servicio del delito”.

El letrado defensor trató de cuestionar a El Bigotes, cuya confesión tras un pacto con Anticorrupción apuntala la acusación contra el expresidente valenciano, así como los regalos que Camps y su familia (incluyendo a su esposa, sus hijos, sus padres y sus suegros) recibieron de Orange Market, insinuando que fueron devueltos. “Todo lo que se dice [en las conversaciones telefónicas] tiene visos de realidad porque, al final, los documentos intervenidos lo han confirmado”, argumentó Morocho, que había definido previamente, a preguntas de la fiscal, la de Álvaro Pérez y Camps como una “relación intensa y familiar”.

Por su parte, Emilio Torrejón, exdirector general de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, relató ante el tribunal el encargo oral que le hizo su superior entonces, Isabel Villalonga, para “tener armas jurídicas” contra la Intervención del Estado en la investigación del caso Gürtel. Se trataba de atacar con un informe uno de los documentos clave de la acusación. “Estoy indignado”, se quejó Torrejón, por el uso dado a su trabajo.

El juicio, que está en marcha desde el pasado mes de enero, puede prolongarse todavía hasta final de año.

En marzo, 28 acusados se sentarán en el banquillo

El pacto para las condenas de los ultras del 9 d'Octubre salta por los aires

Las defensas de 27 de los 28 ultras acusados de las agresiones a manifestantes el 9 d'Octubre de 2017 parecían haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y los abogados de las acusaciones para evitar el juicio, al aceptar condenas mínimas. Algunos neonazis cuentan con antecedentes penales y condenas previas. El juez convocó una vista con la expectativa de que culminara el pacto de conformidad, pero al final saltó por los aires, tras abortar los abogados defensores el acuerdo.

Para enfado del presidente del tribunal de la sección primera de la Audiencia de València, los abogados reventaron la conformidad y el juez les reclamó “un poco de seriedad”. El pacto incluía penas de un año y cuatro meses de prisión, además de una responsabilidad civil de 1.700 euros (ya abonada) y el pago de las costas procesales para 25 de los 28 acusados, mientras que el exlíder de Yomus Vicente Javier Estruch Cortés, alias El Alfarrasí, y otro procesado aceptaban una pena de un año y siete meses de cárcel y el comunicador fallero José Antonio García Herrero se mantenía fuera del acuerdo. Las penas de alejamiento de los acusados respecto de las víctimas de las agresiones y de la sedes de las organizaciones convocantes de la manifestación del 9 d'Octubre fueron el motivo aducido para la ruptura de la negociación.

Participantes en una concentración antifascista a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, ante la que desfilaron los ultras con alguna escena de tensión, fueron identificados por la Policía Nacional desplegada ante la sede judicial. A partir del 4 de marzo de 2024 se celebrará el juicio. 

La extrema derecha negocia con el PP para pactar en Valencia

Dos concejales de Vox dejan la dedicación exclusiva al llevarlos el PSPV a Antifraude

Solo 24 horas después de que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, llevara el caso a la Agencia Antifraude, dos de los cuatro concejales de Vox renunciaron a la dedicación exclusiva, es decir, el máximo sueldo de regidor (74.431 euros anuales), que la alcaldesa del PP, María José Catalá, les había concedido, pese a no formar parte del equipo de gobierno, en detrimento del número de dedicaciones exclusivas que habría correspondido a los otros grupos de oposición, Compromís y PSPV.

Justificadas en su momento por la alcaldesa en la condición de Vox como “socio preferente” del PP en la ciudad, el portavoz de la extrema derecha, Juan Manuel Badenas, explicó así la renuncia a las dedicaciones exclusivas: “Quienes formamos parte del grupo Vox civilmente tenemos nuestra vida perfectamente solucionada. No necesitamos vivir de sueldos políticos”. Y reconoció conversaciones con el PP para acceder al gobierno del Ayuntamiento de Valencia. La aprobación de los presupuestos puede ser la llave del pacto de la extrema derecha con el PP. De hecho, la alcaldesa, que había reiterado su intención de gobernar en minoría, a una pregunta sobre la eventualidad de pactar con Vox, respondió hace unos días en una entrevista en El Español: “No lo descarto”.

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