El tribunal de 'Gürtel' descarta la abstención del perito que reveló un informe que desmontaba los indicios de la UDEF

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas adjudicaciones irregulares a una de las empresas de la 'Gürtel' ha descartado este martes la abstención solicitada por el ex director general de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana Jesús Emilio Torrejón Puchol, que aseguró que le instaron a elaborar un informe que fue utilizado para tratar de desmontar los indicios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

“El tribunal entiende que no tiene capacidad legal para abstenerse. Hay orden legal para que comparezca y tiene la obligación. Que luego exprese lo que quiera en vista”, ha anunciado el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, que ha resuelto esta cuestión al inicio de la vista oral.

Cabe recordar que Torrejón Puchol -que está citado para la próxima semana-- solicitó que se retirase el informe que elaboró en su momento y que se prescindiese de su intervención en el proceso “al concurrir varias causas de abstención que imposibilitan” su participación en el mismo.

El excargo explica en su escrito que, en un momento dado, “los medios de comunicación o la propia presidencia de la Generalitat tuvieron acceso a un informe elaborado por la UDEF que ponía en entredicho la celebración de una serie de contratos”. “Creo que bastantes de ellos eran contratos menores celebrados por distintos departamentos de la Generalitat”, recuerda.

En esta línea, detalla que “desde el entorno de Presidencia se pretendió dar una respuesta contundente al contenido de dicho informe, ya que del mismo se derivaba una mala imagen de la Institución que dañaba su reputación”.

“Y en este contexto, un viernes (que eran los días en los que se daba cuenta de las reuniones del Consell) se sustituyó dicha rueda de prensa por una comparecencia de la abogada general de la Generalitat (mi superior jerárquica) y del interventor general de la Generalitat en la que expusieron su malestar (hablaban en nombre de la Institución) por el contenido de dicho informe (habló esencialmente, la abogada general)”, asegura.

Sin acceso a los contratos

“Finalizada dicha comparecencia, en la que se indicó que desde la Generalitat se daría una respuesta en favor de la legalidad de la actuación de la Administración”, la abogada general le citó y le encargó que “realizara un informe para analizar el de la UDEF, y dar una respuesta jurídica a sus planteamientos, siempre que ello fuera posible”.

“Para ello, se me facilitó una copia del informe de la UDEF, y durante el fin de semana, elaboré el citado informe. Evidentemente, este documento fue realizado desde una perspectiva de defensa de la actuación de la Administración. Y quiero señalar que para su elaboración, no tuve acceso a la documentación de ninguno de los contratos o expedientes cuestionados. Únicamente me facilitaron una copia del informe de la UDEF”, denuncia.

Torrejón también sostiene que, “en el momento” de encargarle esa pericia, “en ningún momento” se le indicó que su destino era enviarlo a la Audiencia Nacional ni a ningún otro órgano jurisdiccional. “La única finalidad de su emisión fue exclusivamente proporcionar a la abogada general, y a la Institución, una serie de argumentos jurídicos para dar una respuesta de esta naturaleza a las informaciones que se pudieran relacionar con el informe de la UDEF”, sostiene.

Y es que, prosigue, “no se trataba de un asesoramiento ordinario, ni tampoco de un informe a incorporar en un expediente administrativo común”. “De acuerdo con estos antecedentes, resulta más que evidente que el citado informe fue elaborado desde una perspectiva de defensa de la legalidad de la actuación de la Administración. Ello conlleva que su inclusión o exhibición en este proceso, busca de forma indirecta defender la posición jurídica de los investigados”, asevera.

En este juicio, que arrancó el pasado mes de enero, Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.