El Gobierno afirma que aprobará la ampliación del Puerto de València “sin necesidad de esperar a la resolución del recurso”

El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros el proyecto constructivo de los muelles de la polémica ampliación norte del Puerto de València sin esperar a que se resuelva el litigio judicial por el cual se ha suspendido cautelarmente la condición de órgano sustantivo de la Autoridad Portuaria (APV), lo que le permitía decidir que no era necesaria una nueva declaración de impacto ambiental (DIA). Tras la resolución judicial y hasta que haya sentencia firme, esta condición otorgada por una orden del Ministerio de Transición Ecológica que ahora queda suspendida, vuelve a Puertos del Estado.

El Gobierno presentó un recurso contra la medida cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid que ha sido rechazado, motivo el cual el senador de Compromís Carles Mulet dirigió una pregunta al ejecutivo para saber si el Consejo de Ministros aprobará el proyecto o si por el contrario esperará a que se resuelva el litigio.

En su respuesta, el Gobierno afirma que la medida cautelar dictada por el juzgado “afecta exclusivamente a la Resolución de 30 de marzo de 2021 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental” que otorgaba la condición de órgano sustantivo a la APV.

De cualquier forma, añade la respuesta, “el organismo público Puertos del Estado ha analizado el Proyecto constructivo 'Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia', que supone una modificación del Proyecto de 'Ampliación del Puerto de Valencia' y ha manifestado que no se producen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente por no darse ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por lo que no es exigible una nueva evaluación de impacto ambiental del proyecto”. Ello supone que “sea factible continuar con la licitación y ejecución de la obra sin necesidad de esperar a la resolución del recurso contencioso-administrativo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.

Esta afirmación en lo referente al pronunciamiento de Puertos del Estado choca frontalmente con el dictamen de la Abogacía del Estado publicado por elDiario.es. Según este informe, Puertos del Estado avala la vigencia de la DIA del año 2007, pero no su validez para el proyecto modificado: “Tampoco el informe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado de 9 de abril de 2021 es concluyente en este punto, pues en el mismo se aborda la caducidad o vigencia de la declaración de impacto ambiental emitida en 2007 respecto del Proyecto inicial, entendiendo que dicha declaración de impacto ambiental está vigente”.

Así, añade que “lo que ahora se plantea es, distintamente, si las modificaciones introducidas por el anteproyecto de 2018 y sus adendas en el proyecto inicial, que fue objeto de declaración de impacto ambiental en 2007, son de tal entidad que determinan la necesidad de realizar una nueva evaluación de impacto ambiental, cuestión que no se aborda expresamente en el informe jurídico de referencia”.

El proyecto, además, cuenta con el rechazo de los socios del PSOE en el Gobierno. Como informó este diario, Unidas Podemos frenó su aprobación en el último Consejo de Ministros del pasado mes de enero, por lo que de llevarlo de nuevo a aprobación, se aprobaría con los únicos votos de los socialistas. También Compromís se ha mostrado radicalmente en contra.

El senador Mulet considera la respuesta “una estafa” y afirma que a las reiteradas preguntas que realiza al Gobierno sobre “el despropósito, empecinamiento, irracionalidad y corruptelas que envuelven a la Autoridad Portuaria, en lugar de preocuparse por ver qué esté pasando, le pasan las preguntas a la propia APV para que conteste en nombre del Gobierno”, lo que supone “una dejadez irresponsable”.