Miles de personas llenan la plaza de la Virgen de València al grito de “¡Mazón dimisión!” por los 10 meses de la dana

“¡Mazón dimisión”, “¡el president, a Picassent!” o “¡no són morts, són assassinats! (no son muertos, son asesinados)”, han sido algunos de los gritos y cánticos que han entonado los miles de manifestantes que se han dado cita este viernes desde las 19.30 horas en la plaza de la Virgen de València con motivo del décimo mes desde que se produjo la trágica dana que dejó 228 fallecidos en la provincia.

Ni el asfixiante calor y la elevada humedad han podido con las miles de personas que han acudido a la concentración convocada por más de 200 entidades junto a los comités locales de emergencia y reconstrucción y las principales asociaciones de víctimas y afectados por la dana.

Durante el acto se han vivido momentos emocionantes en los que familiares y amigos, sosteniendo carteles con los nombres de los fallecidos haciendo un círculo en mitad de la plaza, han roto a llorar, mientras diversos representantes de los colectivos convocantes les han nombrado uno por uno.

Posteriormente, ha tomado la palabra la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, quien ha afirmado que “la dimisión de Mazón no nos vale, tiene que ir a prisión” y ha exigido también las dimisiones del conseller de Educación, José Antonio Rovira, y de la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero: “Rovira puso en peligro a toda la comunidad educativa y Camarero dijo 'jopé' a las residencias y centros de día de mayores. Niños afortunadamente no murieron en el colegio, pero sí familias enteras que fueron a recogerlos. Y personas mayores en los centros sí que murieron, auxiliares van a estar traumatizados de por vida porque no pudieron salvar a todos, tenían que decidir a quién salvaban. Y aún nos dan lecciones y nos dicen que estamos politizados. No señora Camarero, no estamos politizados lo que pasa es que usted no nos tapa la boca y nos la va a tapar”.

Ernesto Martínez, familiar de dos víctimas, una de ellas aún desaparecida, ha advertido a Mazón que van a conseguir su cometido que es “verle en prisión, que es donde se merece estar”. Martínez ha recordado que “el señor ocupa de la Generalitat hace pocos días pedía elecciones; pues que las convoque, que a pesar de ser un ocupa, aún tiene esa facultad, que las convoque que el pueblo queremos votar, que la voz del pueblo se escuche en las urnas, ¿no se da cuenta que el pueblo no le quiere?” y ha finalizado gritando “¡Mazón dimisión y a prisión!”.

Diez meses después de las inundaciones, denuncian los convocantes, “no hay ni justicia ni reparación para las víctimas mortales y las decenas de miles de personas afectadas”. El Consell de Mazón, sostienen, “intenta imponer una normalidad que no existe en las comarcas donde se produjo la catástrofe: una parte importante de la población todavía no tiene acceso a unos servicios públicos esenciales de calidad y a unas condiciones de vida dignas”. “¿Qué pasará cuando llegue el otoño y vuelven las lluvias?”, se preguntan los organizadores de la protesta, y añaden: “No se puede mantener en el cargo un presidente que solo mira por sus intereses y asume políticas negacionistas que nos abocan a la repetición de la tragedia”.

Muchas incógnitas por resolver

En estos diez meses, en los que Carlos Mazón apenas ha pisado la zona cero en una treintena de ocasiones -en casi todas las ocasiones, apartado de los núcleos de población-, se ha realizado la comisión de investigación en el Ayuntamiento de València, se está desarrollando la impulsada por el Partido Popular en el Senado y apenas ha echado a andar la de las Corts; mientras que de la del Congreso de los Diputados todavía va mucho más retrasada.

Lo que sí que sigue su curso es la instrucción de la causa judicial a cargo de la magistrada de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra; y todo ello a pesar de la cruzada de la derecha y la extrema derecha y el recurso de la exconsellera Salomé Pradas para apartarla de la investigación. Las resoluciones emitidas hasta el momento por la jueza, que han contado hasta ahora con el aval de la Audiencia de Valencia, son demoledoras al cuestionar la gestión que la Generalitat Valenciana realizó de la tragedia.

Y mientras tanto, el Partido Popular insiste en responsabilizar a organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de no haberles informado de la magnitud de las precipitaciones que iban a caer esa jornada.