El Parlamento Europeo cita a los responsables de la ampliación del Puerto de València para que expliquen el polémico proyecto

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó este jueves 17 de junio convocar una sesión para debatir sobre la polémica ampliación del Puerto de Valencia. La decisión se tomó por unanimidad de todos los partidos con representación en la Comisión de Peticiones, incluidos Podemos, PP o PSOE, y se acordó requerir a las autoridades españolas responsables para que comparezcan y ofrezcan las oportunas explicaciones.

Aunque aún no está decidido, lo más probable es que sea la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) como órgano sustantivo el encargado de comparecer, por lo que lo lógico sería que acudiera a la cita su presidente, Aurelio Martínez.

La fecha del debate se concretará en el mes de agosto, pero según fuentes del Parlamento Europeo probablemente se producirá a primeros de septiembre, tal y como avanzó elDiario.es.

Esta será la conclusión de la admisión a trámite el pasado mes de enero de la petición 0955/2020 sobre posible incumplimiento del derecho medioambiental europeo en el polémico proyecto de ampliación del Puerto de Valencia.

La petición planteaba una serie de infracciones de la legislación medioambiental de la UE en relación con la próxima ejecución del proyecto de ampliación del Puerto de Valencia, y plantea al Parlamento Europeo que contribuya para evitar los efectos medioambientales potencialmente nocivos del proyecto, en su forma actual, cuatro veces superior a la evaluación proyectada en 2007, y sobre la base de una declaración de impacto ambiental desfasada, al estar basada en una ley del año 1986 que ya no está vigente. A fecha de hoy, la petición sigue abierta y cuenta ya con 21 adhesiones a través de la web del Parlamento Europeo.

De esta forma, paticiparán en el debate como es habitual el peticionario que alerta de que la ampliación vulnera normativas ambientales, el designado por las autoridades españolas para defender la ampliación y la propia comisión europea de peticiones que el pasado mes de mayo concluyó no poder manifestarse sobre la polémica ampliación hasta que el proyecto estuviera definido y adjudicado.

“A la luz de la información proporcionada por el peticionario, la autoridad competente aún no ha iniciado el procedimiento de selección mencionado anteriormente en vista de la determinación de la necesidad de una evaluación de impacto ambiental (EIA) de las modificaciones del proyecto. Dado que tampoco se han expedido los permisos pertinentes para la ejecución de las actividades contempladas en la modificación del proyecto, es demasiado pronto en el procedimiento para que la Comisión se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de las autoridades españolas de las obligaciones derivadas del EIA y Directivas de hábitat”, reza textualmente la resolución.

El documento destaca que “la Comisión subraya que los Estados miembros son los principales responsables de la correcta aplicación de la legislación de la UE”. Además, “de conformidad con el principio de tutela judicial efectiva establecido en el Tratado de la Unión, deben otorgar al público acceso a mecanismos de reparación rápidos y efectivos en los ámbitos cubiertos por la legislación de la UE”.