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La segunda privatización de la sanidad valenciana: la Generalitat ha pagado ya 369 millones externalizando operaciones para erradicar listas de espera

El libro "La batalla por la sanidad valenciana" del periodista Sergi Castillo revela que en la etapa del PP más de 25.000 pacientes al año se operaban en clínicas privadas mientras recortaba en recursos públicos

"La sanidad pública paga por las intervenciones en la privada hasta cinco veces más de lo que cuesta en la pública cuando se hacen autoconciertos (operaciones con recursos públicos por la tarde o en fin de semana", explica el investigador

Eduardo Zaplana, con José Luis Olivas y Francisco Camps en las Corts Valencianes, año 2003.

Eduardo Zaplana, con José Luis Olivas y Francisco Camps en las Corts Valencianes, año 2003.

Con la llegada al poder de la izquierda en 2015, la Comunitat Valenciana empezó tras veinte años de dominio del PP la reversión de las concesiones sanitarias. Los populares entregaron durante dos décadas a unas pocas empresas y aseguradoras la gestión de importantes zonas sanitarias como Alzira, Dénia, Elche o Manises. Pero no fue la única entrada de la empresa en la sanidad pública. Nada más llegar al poder en el año 1995, el Consell de Eduardo Zaplana impulsó un plan de choque para acabar con las listas de espera. ¿Cómo? Derivando a miles de pacientes a clínicas privadas para que se operaran pero cuya factura pagaba la administración pública.

La práctica, que relata con todo lujo de detalles el libro La batalla per la sanitat valenciana (Institució Alfons el Magnànim, 2019) del periodista Sergi Castillo, se naturalizó y engordó con los sucesivos gobiernos del PP y no ha podido ser erradicada por la izquierda, ya que las leyes de estabilidad fiscal de Cristóbal Montoro no han permitido dotar de más recursos a la sanidad pública tras los recortes durante la crisis. Castillo calcula citando fuentes oficiales que entre 1997 y 2016 la Generalitat Valenciana pagó 335 millones de euros a clínicas privadas por ayudar a la administración a acabar con las listas de espera. Fuentes de la actual Conselleria de Sanidad cifran en otros 33,5 millones de euros el dinero gastado entre los años 2017, 2018 y 2019.

En proporción, los cuatro años de gestión del Gobierno del Pacto del Botánico (el acuerdo entre PSPV, Compromís y Podemos) y los tres últimos del PP, con Alberto Fabra al frente, redujeron sustancialmente el gasto derivado a las clínicas privadas por el plan de choque para acabar con las listas de espera. En estos años, la media de pacientes transferidos fue de unos 11.000 al año, mientras que con los Ejecutivos de Francisco Camps y Eduardo Zaplana rondaron entre los 23.000 y los 33.000 al año. 

Según la investigación hecha por Castillo, que presenta el libro junto a la exconsellera y exministra Carmen Montón este jueves 23 de enero a las 19 horas en el Colegio Mayor Rector Peset (València), "la sanidad pública pagaba por las intervenciones en la privada hasta cinco veces más de lo que cuesta en la pública cuando se hacen autoconciertos", es decir, cuando se ponen en marcha los propios recursos de la administración para realizar operaciones por las tardes y los fines de semana.

Por ejemplo, una operación de catarata costaba al erario 288 euros si se hacía con autoconcierto, mientras que una clínica privada se embolsaba 1.400, según las tarifas comparadas incluidas en el libro. De este plan de choque se han beneficiado los grandes grupos que operan en la Comunitat Valenciana como Vithas, Asisa, Quirón, Imed y órdenes religiosas, como la que gestiona la Casa de la Salud de València.

Estos autoconciertos fueron impulsados por la exconsellera Carmen Montón y su sucesora, Ana Barceló, incrementó el dinero con el que se retribuye a los médicos que operan por las tardes.

Pese a este intento de reducir esta reprivatización de servicios, el apoyo de clínicas privadas todavía se utiliza de una manera sustancial. Pasa lo mismo con servicios como las resonancias magnéticas que privatizó el PP y que también se ha reducido o los tratamientos contra el cáncer derivados a la fundación sin ánimo de lucro IVO, que factura a la Generalitat una media de 50 millones al año.

Llamativa es también la posibilidad que tienen los profesores de educación primaria y secundaria funcionarios de carrera de elegir entre ser atendidos por la sanidad pública y la privada. Los que optan por la externalización pueden elegir entre varios seguros.

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