Todos los partidos vascos salvo PP y Vox piden un plan para garantizar que Osakidetza asuma los abortos

Todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo PP y Vox, han aprobado una enmienda que insta al Gobierno autonómico a definir, en el primer trimestre de 2026, un calendario y una cuantificación de los recursos económicos y de personal necesarios para avanzar de forma “progresiva” hacia el objetivo de que Osakidetza atienda con recursos propios a todas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

Esta enmienda, acordada a partir de un texto original de Sumar, ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara vasca, en un debate en el que varias formaciones han expresado su rechazo a la reciente sentencia de un juzgado de Vitoria que absuelve a un grupo de antiabortistas que, en diversas ocasiones durante 2022, se concentraron frente a una clínica de la capital alavesa en la que se practican interrupciones voluntarias del embarazo.

La enmienda ha salido adelante por 65 votos a favor (Sumar, PNV, EH Bildu, PSE) y ocho en contra (PP y Vox). El texto califica de “positivo” el anuncio del Gobierno vasco de que a partir de 2026, y de manera progresiva, Osakidetza atenderá con sus propios recursos a todas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

En este sentido, el Parlamento insta al Gobierno autonómico a “garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto en los servicios públicos de salud en todo el territorio”. Con ese fin, pide que en el primer trimestre de 2026 defina un calendario “para avanzar progresivamente en atender con recursos propios a todas las mujeres que deseen interrumpir su embarazo de manera voluntaria”. Asimismo, la Cámara pide que -en ese mismo plazo-- el Gobierno adopte otra serie de medidas, como la aprobación de un plan integral “que recoja los objetivos, la hoja de ruta, los recursos materiales y la reorganización de los recursos humanos necesarios para garantizar el ejercicio del derecho al aborto en las estructuras del sistema sanitario público vasco”.

Dicho plan -añade la enmienda- se diseñará “teniendo en cuenta las aportaciones de profesionales, personas expertas y agentes implicados”. A su vez, la Cámara pide al Ejecutivo que estudie la posibilidad de crear una línea telefónica especializada en información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, “que preste información sobre el derecho a la interrupción del embarazo y el itinerario de la prestación en los servicios públicos”.

El parlamentario de Sumar Jon Hernández ha dedicado una parte de su intervención a expresar su “rechazo profundo” a la reciente sentencia de un juzgado de Vitoria-Gasteiz que ha absuelto a un grupo de antiabortistas que se concentraban frente a una clínica privada que practica interrupciones voluntarias del embarazo en la capital alavesa. Hernández ha destacado la importancia de que los abortos se practiquen en la sanidad pública en lugar de derivarlos a clínicas privadas, por lo que se ha felicitado por el “cambio de posición” realizado por el Gobierno vasco en este sentido. No obstante, ha afirmado que esta enmienda ha de contribuir a que el compromiso adoptado por el Ejecutivo “no se quede en un anuncio”.

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha lamentado que esta sentencia “ha sido favorable al movimiento antiabortista” y resulta “contraria a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, por lo que se trata de una resolución que “no es lícita”. En todo caso, ha destacado que en Euskadi, el derecho al aborto “está garantizado, porque el acceso al aborto seguro es una garantía de justicia social, de salud pública y de respeto a los derechos humanos”.

Por parte de EH Bildu, Ohiana Etxebarrieta también ha denunciado el “hostigamiento” padecido por la clínica Askabide de Vitoria por parte de “grupos ultracatólicos y fascistas”, que “han puesto en el punto de mira el derecho a decidir las mujeres”. En la misma línea, ha criticado la sentencia que absuelve a las personas que se concentraban frente a dicho centro.

La parlamentaria del PSE-EE Patricia Campelo ha manifestado que la referida sentencia demuestra “lo que nos estamos jugando” a la hora de tratar de preservar un derecho que, como el del aborto, “ha costado” mucho lograr, por lo que ha defendido la importancia de profundizar en las garantías para asegurar este derecho.

Desde el PP, Laura Garrido ha afirmado que ya se ha debatido “en numerosas ocasiones” sobre este tema, y ha rechazado volver a “entrar” en “la posición frente al aborto”. Además, ha criticado que con esta iniciativa se pretenda “demonizar la colaboración público privada” en esta materia.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado que a los impulsores de esta iniciativa “no les importan los problemas emocionales y secuelas profundas de estas mujeres después de someterse a un aborto”, un derecho ante el que -según ha recordado- su partido está “en contra”.