Tres años de investigación de las irregularidades en las oposiciones médicas de la Sanidad vasca... y tercera instructora

La investigación judicial de las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018 va a tener una tercera instructora en tres años, según ha conocido este periódico de fuentes judiciales. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Vitoria, Ana Jesús Zulueta, va a a ser comisionada para sustituir a Jaime Tapia en la Audiencia Provincial de Álava después de que el togado haya sido fichado como asesor del Gobierno vasco para diseñar el nuevo modelo penitenciario de Euskadi a raíz de la transferencia de la competencia prevista para el 10 de mayo y tendrá que ser relevada en breve. Antes, cuando se inició este sumario, Zulueta ya estaba reforzando la Audiencia Provincial durante la celebración del macrojuicio de corrupción del 'caso De Miguel' y los primeros pasos del caso los dio la sustituta Yolanda Varona. Quien asuma las riendas de este expediente, eso sí, lo hará también de manera temporal, ya que Zulueta no renuncia a su plaza y se mantendrá como la titular de la sala hasta que termine su comisión de servicios.

En mayo y junio de 2008, se celebraron los exámenes de una veintena de especialidades médicas para lograr una plaza en la Sanidad vasca. En muchas de ellas se repetía el patrón de que los colegas de hospital del autor de las preguntas obtenían las mejores notas, en ocasiones próximas a la perfección e incluso con redacciones o errores calcados entre esos mejores expedientes. Durante estos tres años, el caso ha vivido grandes parones, períodos de muchos meses en los que no se han practicado ni diligencias ni declaraciones de testigos o imputados. Además, la COVID-19 ha provocado igualmente suspensiones y más retrasos. En este contexto, hace solamente un mes se conoció que el juzgado se planteaba intervenir los correos electrónicos de algunos de los exámenes de 2018. La nómina de imputados, hasta la fecha, la componen siete personas: José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía) y Javier Meléndez (Cirugía Plástica).

El sindicato LAB, uno de los dos que está personando en la investigación, ha hecho público este miércoles un comunicado en el que demanda un impulso en el caso y nuevas imputaciones. Mencionan a un miembro del tribunal de Traumatología -en esa prueba hay indicios de que los exámenes con mejores notas eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección- y también a los dos autores del examen de Cirugía Plástica y a una opositora que renunció a la nota tras haber obtenido la mejor y que tenía vínculos familiares con uno de ellos.

Asimismo, piden abrir una línea más que por las posibles filtraciones e irregularidades en sí mismas por haber “facilitado” desde sus altos cargos un sistema “de reparto de plazas fraudulento”. La lista de LAB la encabeza el exconsejero de Salud, Jon Darpón, que dimitió en marzo de 2019 precisamente por este caso. Le acompaña María Jesús Múgica, exdirectora general de Osakidetza y que ya participó como testigo en la investigación, aunque pudo eludir a los medios de comunicación merced a la ayuda de policías del Palacio de Justicia de Vitoria. Además, LAB quiere que declaren como investigados el exresponsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, su entonces 'número dos', Xabier Balerdi, el responsable de Asistencia Sanitaria, Andoni Arzelai y la responsable de Selección y Provisión, Míriam Aparicio. Sobre ella incide la central en que tuvo “vinculación directa” con “autorizaciones expresas” para que exámenes anónimos se expusieran oralmente al menos en las pruebas de Neurocirugía y Urología.

“La actuación de la Dirección de Osakidetza en la OPE 2016-2017 es un ejemplo de corrupción en toda regla, implementando medidas llamativas en la forma y vacías en el fondo, como la incursión del IVAP en el proceso. Esas medidas daban una apariencia de transparencia y limpieza que sea ha desvanecido en cuanto hemos ido conociendo los detalles de la organización de la OPE gracias a las diligencias solicitadas por LAB en esta instrucción”, señala el sindicato en su nota, en la que adelanta que “no escatimarán” en “esfuerzos” e “iniciativas” para llegar hasta el final en el proceso penal.